Desigualdad 4.0: a cerrar la brecha digital

Usted. Sí, usted, que tiene la oportunidad de leer esto, cuéntele a uno de los 244 millones de personas en América Latina que no tienen acceso a internet sobre la importancia que esta red tiene para educar a sus hijos, conseguir trabajo y evitar contagiarse del coronavirus. Lo más probable es que no lo haga porque ya se debe estar imaginando la respuesta que le diría alguien en esta condición, pero al menos ya tiene una mejor idea del impacto que está generando la brecha tecnológica en la región más desigual del mundo.

En total, un 32% de la población de América Latina y el Caribe, o 244 millones de personas, no accede a servicios de internet, según un reciente informe del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Microsoft. El estudio, que concentró su trabajo en 24 países, revela que un 71% de la población urbana cuenta con opciones de conectividad, ante menos de un 37% en la ruralidad.

Por su parte, un reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en 12 países de la región, revela que en promedio un 81% de los hogares del quintil de ingresos más alto (quintil V) tiene conexión a internet; mientras que las cifras de los hogares del primer y segundo quintil es del 38% y el 53% respectivamente.

“En países como Brasil y Chile, más del 60% de los hogares del primer quintil tiene conexión a internet, mientras que en Bolivia, el Paraguay y el Perú, solo el 3% la tiene. Ese bajo porcentaje limita o impide el acceso al teletrabajo, la educación en línea y los servicios de salud electrónica, así como a otros bienes y servicios ofrecidos por las plataformas e instituciones públicas, lo que amplía las brechas preexistentes”, se añade en el informe de la Cepal.

La conectividad, entendida como el servicio de banda ancha con una velocidad adecuada y la tenencia de dispositivos de acceso, puede aumentar las desigualdades socioeconómicas. Los grupos con menor conectividad son los de los niños de 5 a 12 años y el de los adultos mayores de 65 años, mientras que los más conectados son los grupos de 21 a 25 años y de 26 a 65 años.

Soluciones a la vista

Iniciativas como Internet para Todos en el Perú, un operador infraestructura móvil rural gracias a la alianza de CAF –banco de desarrollo de América Latina, Facebook, Telefónica y el BID, que ha logrado conectar a 2 millones de personas a la fecha en localidades rurales del país; y satélites de comunicaciones geoestacionarios como el ARSAT en Argentina, financiado parcialmente por CAF, que ofrece servicios de telecomunicaciones, transmisión de datos, acceso a internet, telefonía IP y televisión digital con 10.000 escuelas rurales y 2.000 centros de salud conectados y una cobertura en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y parte de Bolivia; son algunos ejemplos a seguir.

“La conectividad digital asegura una mejor equidad en el acceso a las oportunidades del mundo digital; para ello se deben pensar nuevos modelos para financiar el despliegue y sostenibilidad de las infraestructuras digitales de calidad al 100% de la población, unas infraestructuras de calidad y que aseguren ofertas de precios asequibles", explicó Mauricio Agudelo, coordinador de la agenda digital de CAF.

La digitalización de las cadenas agroexportadoras como la hoja de ruta fijada en Ica, Perú, o la que se está definiendo actualmente en Ecuador, plantean líneas de acción para acelerar la digitalización de la cadena de valor, beneficiando a todas las empresas de la región gracias a mejoras de conectividad, programas de capacitación y financiación a la innovación, haciendo más competitivas a las zonas rurales y con un impacto directo en la reducción de la desigualdad.

Acelerar la inversión en infraestructuras digitales para alcanzar una cobertura universal y aumentar el acceso a banda ancha de alta velocidad son asignaturas que en América Latina estaban pendientes antes de la pandemia, por lo que la visibilidad que ha alcanzado en el último año debería ser suficiente para estar en las prioridades del sector público y privado con el fin de reducir la desigualdad, que al igual que la tecnología está avanzando a nuevas versiones en detrimento de los latinoamericanos.