Reducir la desigualdad, prioridad para América Latina

La desigualdad, uno de los lastres históricos de América Latina, está entre los factores que más paraliza las aspiraciones económicas y sociales de la mayoría de países de la región.

Se observa al comparar paisajes rurales y urbanos, puede apreciarse en los desequilibrados ingresos entre diferentes grupos sociales, y es más que evidente en las principales ciudades latinoamericanas, donde barriadas empobrecidas conviven junto a altos y lujosos edificios.

Pero desde los inicios del presente siglo hay motivos para la esperanza: mientras las desigualdades aumentaban sensiblemente en las regiones desarrolladas, en la última década los países latinoamericanos lograron reducirla tímidamente, según los datos que se desprenden del coeficiente Gini -el indicador más extendido para medir los niveles de desigualdad.

En 2003 América Latina tenía 0,542 puntos en el índice Gini y en 2013 bajó a 0,486, una reducción del 10% (el índice puntúa a los países de 0 a 1 en función de su desigualdad, siendo 0 un país plenamente igualitario). En contraste, los países de la Unión Europea tienen una media de alrededor de 0,3.

Estas mejoras estuvieron impulsadas por un crecimiento económico sin precedentes que contribuyó a incrementar los ingresos totales de los trabajadores menos cualificados y del 20% de los hogares más pobres. Adicionalmente, los gobiernos de la región incorporaron más pensiones no contributivas para los adultos mayores, hecho que ayudó a que no se empobrecieran al dejar de trabajar.

Otra de las medidas que ayudaron a reducir la desigualdad en la región fue la creación de más programas sociales como la Asignación Universal por Hijo en Argentina, Oportunidades en México, o la Bolsa de Familia en Brasil, que ofrecen transferencias directas de dinero a los más vulnerables a cambio de que, por ejemplo, lleven a sus hijos a la escuela o cumplan con chequeos de salud ordinarios.

De todas formas estos avances, aunque resaltables, no han impedido que América Latina siga estando a la cabeza del triste ranking de las regiones más desiguales del planeta.

Más y mejor educación

"La educación no solo es un motor del crecimiento económico, sino también de inclusión social y reducción de la desigualdad. Un buen sistema educativo y de formación permite desarrollar las competencias necesarias de la población, y a su vez favorecer una mayor igualdad de oportunidades", explica el reciente informe sobre las Perspectivas Económicas de América Latina, elaborado por CAF -banco de desarrollo de América Latina- y la OCDE.

En este sentido la inversión pública en educación aumentó en los últimos años, acercándose cada vez más al promedio de la OCDE (en 2012 los países latinoamericanos invirtieron de media el 5% del PIB en educación, mientras que en la OCDE ese porcentaje asciende al 5,6%).

La creciente inversión en educación se ha materializado en un acceso universal a la educación primaria (91% de la población potencial en la región, frente al 97% en la OCDE) y en una cobertura en educación secundaria del 74%, en contraste con el 91% de la OCDE.

Entre los retos para los próximos años en este terreno destacan la mejora de la calidad de la educación primaria, así como la universitaria. Sólo 4 universidades latinoamericanas aparecen en el ranking de las mejores 400 universidades del mundo.

Cómo reducir la desigualdad

La situación económica que vive la región, caracterizada por un bajo o nulo crecimiento en varios países latinoamericanos, supone una amenaza para los logros sociales conquistados entre 2003 y 2011.

"Con un crecimiento del 2% no va a ser posible mantener a largo plazo los avances sociales conseguidos en la región desde 2000", explicó Enrique García, presidente ejecutivo de CAF en una reciente entrevista. "Debemos tener una visión a largo plazo que permita acometer cambios fundamentales que no son posibles sin consenso".

Entre las medidas más exitosas para reducir la desigualdad, coinciden los expertos, están mejorar la calidad de los servicios públicos para que los ciudadanos en situación vulnerable puedan favorecerse, por ejemplo, de buenos sistemas de salud y educativos. En este sentido, las políticas fiscales equitativas serán clave para que los gobiernos estén en condiciones de profundizar y ampliar los programas sociales existentes.