Evaluación de impacto para optimizar los trámites en Colombia
El Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia, en alianza con CAF -Banco de Desarrollo de América Latina- promoverá el registro de los trámites entre los entes públicos y ciudadanos para que sean cada vez menos engorrosos.
El Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia, responsable del mejoramiento de la gestión de los servidores públicos y las instituciones, liderará, con el apoyo de CAF, la modernización de las instituciones públicas para afianzar la confianza en el Estado, a fin de que los trámites entre los entes públicos (instituciones, centros de educación, centros de salud, entre otros) y el ciudadano sean más ágiles.
La intervención se centra en el envío de mensajes a las entidades públicas inscritas en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), y estará destinada a promover, a través de correos electrónicos y oficios institucionales, el avance y el registro de los trámites en el sistema.
Se trabajará con dos tipos de mensajes diferenciados: uno de ellos buscará destacar los costos reputacionales y legales de no hacer el registro en el SUIT; el otro tendrá un enfoque más social, en el que se buscaría comparar a la institución con instituciones pares, a fin de que éstas puedan ver su avance en relación con las demás y, en consecuencia, sirva como una fuente de presión o motivación para avanzar con el registro.
Los resultados del experimento permitirán determinar si estos mensajes incrementan la incorporación de los trámites en el sistema y cuál de ellos es más efectivo para alcanzar dicho objetivo. Además, también se pretende identificar si hay efectos en las otras dos fases de la política de racionalización (priorización y racionalización). Para esto, se espera tener una propuesta metodológica para iniciar durante los próximos meses con el experimento.
Con esta iniciativa, el gobierno de Colombia busca, a través del DAFP, promover una importante política antitrámites que permita el intercambio de información pública en todos los niveles, facilitando el cumplimento de las obligaciones de todo ciudadano. Por tanto, encontrar mecanismos que fomenten el uso de herramientas como el SUIT fomenta una nueva e innovadora visión de gestión interinstitucional, intersectorial e interregional.
El SUIT tiene como propósito ser la única fuente de información sobre procedimientos administrativos que ofrecen las instituciones de orden nacional ó territorial, y su uso resulta de carácter obligatorio gracias a la implementación de la Política de Racionalización de Trámites, en virtud de la ley 962 (también llamada ley de anticorrupción).