La confianza en instituciones públicas, clave para el crecimiento de América Latina

Tres de cada cuatro ciudadanos de América Latina tienen poca o ninguna confianza en sus gobiernos. Y alrededor de un 80% creen que la corrupción está extendida en las instituciones públicas. Estas cifras se han deteriorado desde niveles del 55% y 67% en 2010, respectivamente. La desconfianza ciudadana crece y está llevando a una desconexión entre sociedad e instituciones públicas, poniendo así en riesgo la cohesión social y debilitando el contrato social.

Perspectivas Económicas de América Latina 2018 “Repensando las Instituciones para el Desarrollo” plantea que es necesario reconectar a las instituciones con los ciudadanos, respondiendo de mejor manera a sus demandas y aspiraciones, para fortalecer un modelo de crecimiento inclusivo y sostenible en América Latina y el Caribe (ALC). La región debe avanzar hacia instituciones más confiables, más capaces, más abiertas y más innovadoras para continuar con una senda de mayor desarrollo inclusivo. 

El informe es producido de manera conjunta por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), y CAF –banco de desarrollo de América Latina-, en colaboración con la Comisión Europea. 

Tras cinco años de ralentización económica y una recesión de dos años en 2015-2016, ALC está en una senda de recuperación suave. Según las estimaciones del informe, se proyecta que el Producto Interior Bruto (PIB) de la región crezca entre 2 y 2.5% en 2018, después de haber crecido en un 1.3% en 2017. Estas proyecciones encierran una alta heterogeneidad en la región, con países en Centroamérica que destacan frente a los ritmos de crecimiento de México, América del Sur, y el Caribe. La recuperación económica tiene como principales factores la mejoría en la economía global así como diversos factores domésticos. En todo caso, este desempeño económico es menos favorable que el vivido por la región durante la fase expansiva de la década del 2000. 

Las tres organizaciones señalan el papel fundamental que desempeñan las instituciones para superar la trampa del ingreso medio -la desaceleración del crecimiento que tiene lugar después de alcanzar  niveles de renta media- en la que se encuentran actualmente la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe. Los países de otras regiones que lograron superar con éxito esta trampa invirtieron en instituciones sólidas, profundizaron su integración con la economía mundial y, en algunos casos, se beneficiaron de un financiamiento externo significativo para respaldar la inversión pública.

El debilitamiento del desempeño económico de la región en los últimos años ha tenido un impacto en los niveles de vida y podría poner en peligro el notable progreso socioeconómico de las décadas anteriores. Hoy, el 23% de los latinoamericanos aún vive por debajo del umbral de la pobreza, y alrededor del 40% pertenece a la clase media vulnerable. 

Al mismo tiempo, el informe destaca la rápida expansión de la clase media como una de las principales transformaciones socioeconómicas de los últimos tiempos en ALC. El 34,5% de la población se podría considerar como clase media consolidada en 2015, por encima del 21% en 2001. Si se utilizan medidas subjetivas de pertenencia a clases sociales, incluso más latinoamericanos se consideran a sí mismos como "clase media", aunque su nivel de ingresos los ubicaría en la categoría de ingresos más bajos. La influencia de la clase media en la agenda política, impulsada por aspiraciones más altas, expectativas crecientes y demandas cambiantes, puede ser incluso mayor de lo que sugieren las estadísticas y explicar la creciente insatisfacción con la calidad de los servicios públicos. 

El informe subraya que la confianza en las instituciones, así como la satisfacción con los servicios públicos, se ha deteriorado, debilitando así el contrato social en la región. Por ejemplo, la proporción de la población satisfecha con los servicios de salud cayó de 57% en 2006 a 41% en 2016, ubicándose muy por debajo de los niveles de la OCDE – cercanos al 70%. De la misma manera, la satisfacción con el sistema educativo cayó de 63% a 56% para ese periodo. Esto contribuye al descontento social y a la poca disposición de los ciudadanos a pagar impuestos – también llamada ‘moral tributaria’. En 2015, el 52% de los latinoamericanos, 6 puntos porcentuales más que en 2011, aseguró estar dispuesto a evadir impuestos si tuvieran la ocasión de hacerlo. El descontento social con los servicios públicos es aún mayor para la población pobre y vulnerable pues no pueden acceder a otros servicios de mejor calidad, generalmente más costosos y provistos por el sector privado. 

Con base en esta evidencia, Perspectivas Económicas de América Latina 2018 hace un llamado a repensar las instituciones y a construir un nuevo nexo Estado-ciudadanos-mercado a través de tres grandes ejes:

• En primer lugar, se requieren instituciones más sólidas para superar la trampa del ingreso medio y aumentar la productividad a través de inversión en infraestructura, habilidades, tecnología e investigación y desarrollo para estimular la innovación, la competencia y mejores empleos. La región necesita diversificar su estructura de producción e incrementar su valor agregado. Una mayor integración regional y mundial es clave, especialmente aprovechando el prometedor diálogo entre iniciativas de integración regional como la Alianza del Pacífico y Mercosur; y entre la región y otros bloques comerciales
• En segundo lugar, renovar el contrato social en ALC exige reforzar la credibilidad y la capacidad de los Estados para luchar contra la corrupción, prestar mejores servicios y responder a las demandas de los ciudadanos. Promover una cultura de integridad en todos los niveles del gobierno y mejorar los marcos regulatorios fomentaría un mayor nivel de responsabilidad. En cuanto a avanzar hacia Estados más capaces, el informe destaca ejemplos exitosos de la región que van desde mejores prácticas para el recaudo de los ingresos tributarios hasta el fortalecimiento de las capacidades administrativas, en particular a través de sistemas de reclutamiento meritocráticos de funcionarios públicos, de centros de gobierno fuertes (unidades administrativas cercanas los jefes de gobierno para garantizar la coherencia entre diferentes políticas sectoriales) y de la mejora de los ciclos de gestión pública.
• Finalmente, el uso de nuevas tecnologías para fomentar la innovación en el sector público puede ayudar a reconectar el Estado con los ciudadanos y a prepararse a los desafíos futuros. Esto implica, por ejemplo, involucrarse más con la sociedad civil a través de nuevas plataformas tecnológicas, promover las políticas de gobierno abierto y utilizar de manera más extensa los análisis de big data en el diseño de políticas públicas.

En la presentación del informe “Perspectivas Económicas de América Latina 2018” participaron la segunda vicepresidenta de la República del Perú, Mercedes Aráoz; el presidente del Consejo de Ministros del Perú, César Villanueva; la secretaria ejecutiva de la CEPAL; Alicia Bárcena; el presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza; y la presidenta de la Junta de Gobierno de la OCDE y embajadora de México ante la OCDE, Mónica Aspe.