Índice de Políticas PYME: América Latina y el Caribe 2019

Los gobiernos en América Latina han acumulado experiencia significativa en las políticas para las PYME, sin embargo todavía enfrentan desafíos importantes en cuanto a una mayor integración de las agendas de desarrollo PYME en las estrategias nacionales de desarrollo, hacer que los mecanismos de consulta y coordinación sean mas efectivos, y mejorar los mecanismos de monitoreo y evaluación, de acuerdo al Índice de Políticas PYME: América Latina y el Caribe 2019.

Este informe fue lanzado en Lima, Perú, en un evento ministerial regional organizado por la OCDE y el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), con el apoyo del Ministerio de la Producción y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú.

Las PYME representan más del 99.5% de las empresas en la región de América Latina y el Caribe, generan el 60% del empleo productivo formal, son motores críticos para el crecimiento y la inclusión social a nivel regional, así como una prioidad clave para los responsables de políticas de la región. Sin embargo, las PYME latinoamericanas se enfrentan a la competencia de un gran sector informal y a una brecha de productividad significativa respecto a las empresas grandes.

El informe conjunto de la OCDE y CAF, realizado con la colaboración del SELA y la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pyme (FAEDPYME), es la primera edición de la serie del Índice de Políticas PYME para la región de América Latina y el Caribe. En este se examina el panorama de políticas para el desarrollo de las PYME en siete países de la región (AL7), que incluyen a los cuatro miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México, Perú), así como a Argentina, Ecuador y Uruguay, y proporciona recomendaciones para fomentar un mayor crecimiento de las PYME.

Hallazgos clave:

• A pesar de la notable heterogeneidad, cada uno de los siete países han acumulado una significativa experiencia en materia de políticas PYME, incluyendo mejorar el clima de negocios en general, así como proporcionar apoyo directo a las PYME. En el plano horizontal, han dado prioridad a las medidas para reducir la burocracia y simplificar los procedimientos administrativos, incluso mediante el uso generalizado de servicios de gobierno electrónico. Adicionalmente, ellos han lanzando medidas orientadas para mejorar la productividad, la innovación, y la digitalización, con objetivos generales como reducir la dependencia de las materias primas y el petróleo, desarrollar manufacturas avanzadas y actividades de servicios, promover mejoras tecnológicas y profundizar la integración en cadenas de valor regionales y globales.
  
  
• Sin embargo, la evaluación señala que existen desafíos para la planificación de políticas, la implementación y la evaluación de impacto, especialmente cuando los gobiernos intentan equilibrar los múltiples objetivos relacionados con la transformación económica, la generación de empleo y la reducción de la pobreza y la desigualdad. Lograr un equilibrio eficaz requiere el diseño y aplicación de programas dirigidos a diferentes segmentos de la población de las PYME, así como gestionar una gama más diversa de iniciativas, invertir más recursos y participar en un diálogo más amplio con varias categorías de PYME. La evaluación recomienda que esto se lleve a cabo en el marco de una política hacia el sector de las PYME que apoye y promueva la transformación productiva, pero que también aborde el tema de la informalidad y responda a las necesidades básicas de la vasta población de microempresas.
  
  
• Además, la evaluación encuentra que la medición de la efectividad de las políticas a través del monitoreo y evaluación es un área particularmente débil. Esto es importante porque, a pesar de aun cuando las puntuaciones del Índice de Políticas PYME muestran un sólido nivel de implementación de las políticas, el impacto real de dichos esfuerzos programáticos en muchos casos queda por verse.

En general, los hallazgos y recomendaciones de este informe se entregan en respuesta a la gran demanda de responsables de políticas en la región de América Latina y el Caribe de obtener asistencia para aprovechar mejor la política PYME como herramienta para el desarrollo económico sostenible. Con este fin, el estudio proporciona recomendaciones específicas para ayudar a los responsables de políticas y partes interesadas de AL7 a garantizar un enfoque integrado hacia las políticas PYME – mediante el cual las intervenciones sean estratégicas, secuenciadas y coherentes – con el fin de aumentar el impacto de las intervenciones y los programas. Destacando la importancia de prestar atención a las buenas prácticas para la formulación de políticas durante todo el ciclo de la política - desde el diseño, adopción y aplicación hasta el monitoreo y evaluación - con el fin de contribuir a asegurar que el apoyo responda a las necesidades de las empresas.

El SME PI es una herramienta en la medición del progreso en políticas entre países y a través del tiempo. Al realizar el ejercicio periódicamente entre lapsos de algunos pocos años (como se hace en otras regiones donde se aplica el SME PI), los países latinoamericanos pueden determinar su progreso en cuanto a reformas y el fortalecimiento de agendas de desarrollo y programas individuales para PYME. Esto les ayuda a avanzar hacia políticas más efectivas y un conjunto común de objetivos delineados a nivel regional.

Repitiendo periódicamente la evaluación, normalmente cada tres o cuatro años, como se ha hecho en las otras regiones del mundo donde se ha aplicado el SME PI, las economías de América Latina pueden evaluar su progreso en su propósito de alinearse con las mejores prácticas reconocidas internacionalmente, respondiendo a las necesidades de sus poblaciones PYME y de convergencia hacia un conjunto común de objetivos a nivel regional.