Los desafíos en empleos mediante plataformas digitales en América Latina

El día internacional del trabajo 2021 encuentra a la región con un nuevo tipo de trabajador: el de plataformas digitales. Estos arreglos laborales suponen una oportunidad al permitir un uso más eficiente de los recursos y proveer flexibilidad tanto a las empresas como a los trabajadores. Pero también presentan riesgos, como una mayor volatilidad en los ingresos y el posible deterioro de las condiciones de empleo, particularmente del acceso a la protección social. Adicionalmente, es más probable que los nuevos trabajadores digitales sean cuentapropistas que empleados formales.

La pandemia ha acelerado los empleos a través de plataformas digitales en el último año. Sin embargo, con la información de la Encuesta CAF (ECAF) 2019 realizada en el marco del último Reporte de Economía y Desarrollo, el 9,4% de los trabajadores de 11 de las principales ciudades de la región declaraba haber prestado un servicio por intermedio de una plataforma en el último mes, mientras que el 6,7% estaba registrado como proveedor en una plataforma, aunque sin actividad. Esto hace que un total de alrededor del 16% de la fuerza laboral pueda catalogarse como trabajador de plataforma activo o potencial. Las ciudades donde este total es mayor son Ciudad de Panamá (23%), Bogotá (20%) y Quito (19%).

Al igual que ocurre en países avanzados, en América Latina el trabajo de plataformas convive con otras formas de empleo tradicionales y no tradicionales. En algunos casos, se trata de trabajadores con un empleo que obtienen ingresos adicionales por esta vía, mientras que en otros casos son trabajadores independientes o por cuenta propia. Según la ECAF, del total de trabajadores con actividades de plataforma en el último mes, el 60% son autoempleados, el 27% son asalariados, el 10% son empleadores mientras que el restante 3% se completa con trabajadores familiares sin remuneración, miembros de cooperativas y empleados domésticos.

La ECAF también evidencia que -en promedio para todas las categorías ocupacionales- el empleo en plataforma constituye una actividad principal en el 41% de los casos, sin embargo, es mayor entre los autoempleados que en el resto de las categorías de empleo; también es más frecuente entre los hombres que entre las mujeres, entre los más jóvenes y los de mayor edad que entre los de edades intermedias, así como entre los de menor educación. En el contexto de la pandemia del COVID-19, es probable que la incidencia de los empleos de plataforma sea aún mayor a los valores captados por la ECAF en 2019, especialmente entre los autoempleados.

“El crecimiento reciente del empleo de plataformas hace necesario repensar las instituciones de protección social y adecuarlas a las características del mercado laboral actual. El acceso a los beneficios sociales por parte de los trabajadores de plataforma presenta desafíos similares a los que genera la cobertura del empleo independiente tradicional. En este sentido, la tecnología podría convertirse en un aliado al facilitar el registro de las actividades y el pago de las obligaciones”, afirma Guillermo Alves, economista principal de la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas de CAF y co-editor del Reporte.

Las condiciones laborales de este tipo de empleo juegan un rol especial debido a que en algunas ocasiones las horas de trabajo suelen ser prolongadas e imprevisibles. La mitad de los trabajadores de plataformas digitales ganan menos de dos dólares  por hora, revela un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Entre los desafíos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores de plataformas también está la regularidad del trabajo y de los ingresos, la libertad de asociación y de negociación colectiva, entre otros.

Las plataformas digitales llegaron para quedarse y suman oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes; mientras que a las empresas les permiten acceder a una base de trabajadores amplia, flexible y con calificaciones diversas, además de ampliar su base de clientes. El desafío está en fomentar un diálogo constructivo entre autoridades, empleadores y trabajadores para definir regulaciones acordes a esta nueva realidad que mejoren la calidad de vida de la población y la competitividad de la región.