Retos de los sistemas de pensiones y salud

América Latina es una región relativamente joven aún, pero no lo será por mucho tiempo. La proporción de adultos mayores de 65 años se duplicará en los próximos 20-30 años, pasando de 8 % en 2020 a 17,5 % en 2050. En Ecuador dicha proporción pasará de 7,6 % a 16,2 % en el mismo período, aumentando de manera similar al promedio regional. Este envejecimiento acelerado, sumado a los altos índices de informalidad laboral y a la integración de la digitalización a los procesos productivos, representa grandes retos para la protección social de los adultos mayores en la región.

Estos retos fueron abordados en la presentación del reporte “RED 2020: Los sistemas de pensiones y salud de América Latina, los desafíos del envejecimiento, el cambio tecnológico y la informalidad”, elaborado por CAF -banco de desarrollo de América Latina-, y que a través de un evento virtual contó con destacados expertos sobre el tema.

Durante el evento, Daniel Rivera, representante de CAF en Ecuador, manifestó que el reporte busca contribuir a una reflexión necesaria sobre alternativas de política que conduzca a una mejor protección social de la población. “Los efectos de la pandemia que estamos viviendo, dejarán consecuencias en los mercados laborales, en las cuentas fiscales y en la salud de los latinoamericanos, lo que hace mucho más relevante contar con una combinación de instrumentos que promuevan el crecimiento, la productividad y la generación de empleo formal, que son factores indispensables para la construcción de sistemas de protección social más justos, equitativos y sostenibles.”

Guillermo Alves, economista principal de CAF y quien presentó el reporte, mencionó cifras de interés que muestran el panorama de los sistemas de salud y pensiones. De acuerdo con el RED, al desafío demográfico se le suman condicionantes del mercado laboral, como la informalidad, la cual alcanza al 63% de las personas ocupadas en la región, y en Ecuador al 71 % de los trabajadores. En cuanto a la cobertura efectiva de los servicios de salud, casi un 25 % de los ecuatorianos (26 % promedio en la región) tiene dificultades para acceder a servicios esenciales de salud como atención reproductiva, salud materno-infantil y atención de enfermedades infecciosas, aun contando con cobertura formal en alguno de los subsistemas.  Asimismo, se espera que, como consecuencia del envejecimiento, el déficit conjunto de los sistemas de pensiones y salud, que en 2015 alcanzaba un 3,5% del PIB, supere el 9 % del PIB en 2065.

Junto con la presentación del reporte, se desarrolló un panel de expertos que contó con la participación de Augusto de la Augusto de la Torre, director del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales (CIEE) de la Universidad de las Américas; Rodrigo Ibarra, presidente ejecutivo de Actuaria Consultores; Paulina Durango, viceministra de Trabajo y Empleo; Carmen Corral, jueza constitucional; y la moderación de Sergio Guerra, economista principal de CAF.

Durante el panel, Carmen Corral, manifestó que a su criterio los cambios tecnológicos en los entornos laborales seguirán la misma dinámica en la era post pandemia y, por tanto, los sistemas de pensiones deben plantear reformas que se adapten a las nuevas realidades y que encajen dentro de la norma constitucional.

Por su parte, Augusto de la Torre, se refirió a la sostenibilidad del sistema de pensiones, mencionando que hace una década, Ecuador mantenía ocho aportantes por cada jubilado, mientras que hoy, la relación es de 5 a 1 y en el futuro se estima que sea 3 a 1. Por tanto, a su criterio, es importante gestionar un diagnóstico real con proyecciones adecuadas que permitan delimitar el tamaño del problema, y a través de un diálogo, construir una propuesta de reforma que tenga legitimidad, y que permita evitar la pobreza en la vejez, reforme la central del reparto actual y busque la creación del ahorro individual.

Paulina Durango, se refirió al proyecto “Ley de Creación de Oportunidades” que el gobierno presentó hace pocos días en la Asamblea Nacional, y que incluye una opción de sistema paralelo al Código de Trabajo actual, el cual mantiene 80 años vigencia. Según Durango, la rigidez de la ley actual no permite que más actores de la población económicamente activa puedan ingresar al sistema formal de trabajo. Se requiere flexibilidad, sin que esto afecte los derechos adquiridos, mencionó.

Finalmente, Rodrigo Ibarra, comentó que el monto promedio de jubilación en Ecuador se encuentra en los $590 dólares, lo que representa una pensión alta respecto al sueldo de cotización, y que actualmente no corresponde a la evolución demográfica que vive el país. Señaló que es importante evaluar la pertinencia de los subsidios, y en caso de ser necesarios, que lleguen a las personas de bajos recursos; por ello, mencionó la importancia de debatir sobre los mecanismos o medidas que permitan un sistema de pensiones y salud que realmente sea solidario.