CAF acompaña a Colombia en la nueva ley para mejorar la transparencia y reducir la corrupción

Como promotor de las políticas de integridad pública, CAF -banco de desarrollo de América Latina- mostró su apoyo al Gobierno de Colombia al participar en la ceremonia de sanción de la Ley 2195 de 2022, de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción.

“Para nosotros, como banco de desarrollo, las políticas de integridad pública son un instrumento clave en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, puesto que esto nos permite asignar mejor los recursos, con criterios de eficiencia y rendición de cuentas”, dijo Carolina España, representante de CAF en Colombia.

Durante los últimos cuatro años CAF ha venido adelantando una ambiciosa agenda en los países de América Latina para acompañar la adopción de buenas prácticas en materia de integridad. Por ejemplo, en 2018 creó la Dirección de Innovación Digital del Estado, que contiene una línea de trabajo de integridad pública para apoyar a los Estados miembros en el uso de tecnologías digitales y políticas de reutilización de datos con el fin de prevenir, detectar e investigar fenómenos de corrupción.

Para mejorar el alcance de esas iniciativas, no solamente en Colombia sino en otros países de América Latina, España anunció que CAF lanzará antes de marzo de 2022 un informe (llamado DIGintegridad) donde se presentará a gobiernos, representantes del sector privado, miembros de la sociedad civil y actores del ecosistema anticorrupción un detallado estado del arte sobre el tema el cual busca constituirse en una caja de herramientas que explica cómo adoptar tecnologías digitales en la lucha contra la corrupción, y que CAF puede ofrecer a los gobiernos.

“Colombia cuenta con todo el apoyo de CAF para poder llevar a cabo esta tarea, en términos de asistencia técnica, préstamos, cooperaciones puntuales y cualquier aspecto que requiera de nuestra experticia como banco de desarrollo”, aseguró España.

Durante el encuentro, Iván Duque Márquez, presidente de Colombia, resaltó que la nueva Ley viene de un trabajo que distingue el principio de colaboración entre las ramas del poder público consignadas en la Constitución cuya colaboración armónica puede hacer cambios estructurales en la lucha contra este flagelo.