Panamá sanciona Ley de Política Agroalimentaria de Estado que impulsará su competitividad, con el apoyo de CAF

Como parte de la agenda que busca impulsar la competitividad y el desarrollo sostenible de Panamá, CAF -banco de desarrollo de América Latina- apoyó a través de una asistencia técnica no reembolsable USD 119,000 la construcción de las políticas de Estado para el desarrollo del sector agropecuario de Panamá con perspectivas al 2040. El presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, sancionó la Ley de Política Agroalimentaria de Estado (PADE), con la que se busca proteger al sector productivo del país por los próximos 25 años.

El Presidente Cortizo Cohen resaltó que la Ley de Política Agroalimentaria de Estado, la primera en Panamá y en el continente, impulsa cuatro bloques de reformas estructurales para el desarrollo multidimensional de la ruralidad en Panamá, como son: Reforma para uso de Agrotecnología y Cadenas Productivas de Valor; Reforma de Educación Agroalimentaria Integral; Reforma del Marco Jurídico del Sector Público y Modelo de Gestión y Reforma del Modelo de Bienestar para las Familias Rurales.

En el acto protocolar, el Presidente de la República entregó un reconocimiento a CAF, en manos de Lucía Meza, representante del Organismo Multilateral en el país, por el apoyo técnico durante todo el proceso para alcanzar el PADE. El aporte de CAF permitió la realización de talleres regionales, talleres con actores de la base productiva, y la cooperación internacional, así como la contratación de expertos del IICA, CECOMRO, entre otros que aportaron a los diagnósticos, la alineación con la política nacional de largo plazo, así como al diseño del dispositivo legal para materializar esta Ley.

“Participar en la construcción de la Política Agropecuaria de un país con tanto potencial como este,  es un honor para CAF, pues es una forma de aportar a mejorar la competitividad y el desarrollo a través de un sector que genera empleo e inclusión y que impacta directamente en la mejora de las condiciones de vida de la población rural e indígena del país, así como en todos los encadenamientos de los agronegocios”, afirmó Lucía Meza.  

Este esfuerzo liderado por los ministros Carlos Salcedo, Consejero de Asuntos Agropecuarios, y Augusto Valderrama, Ministro de Desarrollo Agropecuario y que contó con la participación de distintos actores del sector público, privado y los centros de competitividad regionales, se ve hoy reflejado con la aprobación de la Ley 855 del 05 de octubre de 2022. La mencionada ley busca sentar las bases de una política pública con un horizonte de largo plazo que permita no solo incentivar la producción nacional y el desarrollo multidimensional del agro y las cadenas productivas de valor y su competitividad, la seguridad y soberanía alimentaria, sino también garantizar la paz y la estabilidad social y la generación de empleos y promoción de la economía rural del país, contemplando la sostenibilidad ambiental y social.