Acciones para impulsar la integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción

CAF- banco de desarrollo de América Latina, junto a Grupo Faro, presentaron en Quito, el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2019 sobre “Integridad en las políticas públicas. Claves para prevenir la corrupción”, atendiendo a uno de los desafíos más grandes que enfrenta Ecuador y toda la región, referido a impulsar reformas en favor de la integridad en las políticas públicas. 

El estudio sugiere que, si bien los avances realizados en materia de corrupción han sido importantes, aún hay un largo camino por recorrer para llenar vacíos legales o regulatorios para asegurar la implementación efectiva de las medidas propuestas. Por ello, esta investigación abarca una amplia gama de ámbitos de acción que desemboca en el objetivo principal, que es el de maximizar el bienestar colectivo en América Latina, combatiendo la corrupción con políticas públicas efectivas. 

Bernardo Requena, vicepresidente de Programas Países, se refirió a la importancia de abordar el tema de la corrupción y la intención de CAF de proveer un marco de análisis práctico y útil que permita entender que la corrupción debilita la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios públicos de calidad; compromete la productividad y el crecimiento de las economías; desincentiva la inversión y la innovación; y reduce la confianza en las instituciones.

De su parte, Nino Cassanello, Subsecretario General Anticorrupción de la Presidencia de la República del Ecuador, se refirió a los esfuerzos realizados por el Gobierno en materia de transparencia. Así, mencionó que la entidad gubernamental busca  generar políticas públicas y acciones para facilitar la denuncia de actos de corrupción y coordinar la cooperación entre las diferentes instituciones.

Gustavo Fajardo, economista principal de la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas, CAF, durante la presentación del estudio, reveló que de acuerdo a la encuesta CAF, el 51% de la población de América Latina considera a la corrupción como el principal problema de nuestros países; que 1 de cada 4 personas reporta que un funcionario público  ha solicitado un soborno en los últimos doce meses, y que 1 de cada 10 empresarios reporta que empresas similares a las suyas pagan sobornos para tener contratos con el Estado.

Según el RED, los gobiernos han respondido ante esta realidad con medidas para combatir la corrupción desde diversos frentes. Por un lado, se han afinado y actualizado instrumentos legales pertinentes, a la vez que se ha buscado fortalecer las capacidades de los órganos de investigación y administración de justicia. Estos esfuerzos en lo normativo han sido complementados con iniciativas de acceso a la información y de gobierno abierto que, apalancándose en las nuevas tecnologías, han permitido mejorar los procesos de fiscalización al interior del Estado, así como la rendición de cuentas hacia la ciudadanía.

El RED 2019 plantea una serie de propuestas para promover una agenda de integridad comprehensiva alrededor de un conjunto de claves que incluyen:

1. Adoptar protocolos y fórmulas de decisión basadas en criterios objetivos.
2. Fortalecer los sistemas de auditoría y las capacidades investigación y administración de justicia.
3. Promover sistemas electorales competitivos y transparentes.
4. Profesionalizar el servicio civil y basar el ingreso a la función pública en el mérito.
5. Mejorar los sistemas de generación y difusión de información sobre el accionar del Estado y los funcionarios.
6. Empoderar a los ciudadanos y fomentar actitudes más vigilantes.
7. Garantizar el funcionamiento de canales de reclamo y denuncia, y aprovechar las oportunidades que brinda la tecnología para crear nuevos espacios.
8. Reforzar institucionalidad para evitar el pago y ofrecimiento de sobornos por parte de particulares e incentivar la adopción de programas de cumplimiento al interior de las empresas.
9.  Invertir en una mejor regulación de las actividades de cabildeo, en la identificación y gestión de conflictos de interés.
10. Mejorar los procesos de decisión en actividades especialmente vulnerables, como la provisión de infraestructura pública.

Posterior a la presentación del estudio, se realizó un panel de diálogo que contó con la participación de Sergio Guerra, economista principal de CAF; Ana Patricia Muñoz, directora de Grupo Faro; María Sara Jijón, subsecretaria general de Gobernanza y Gobernabilidad de la Vicepresidencia de la República; Roque Sevilla, presidente de Grupo Faro; Pablo Dávila, coordinador del Comité por la Institucionalización Democrática, que se enfocó en los principales problemas que enfrentan las instituciones en materia de conocimiento para combatir la corrupción en Ecuador.

descarga la publicación