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Uno de los secretos mejor guardados de América Latina y el Caribe es que cuenta con el 60% de la biodiversidad del planeta, con el 50% de los bosques primarios y con el 28% de la tierra con potencial para la agricultura. Esta ventajosa realidad está llamada a convertirse en una de las principales herramientas de la región para posicionarse como uno de los actores más relevantes en la implementación de la acción climática.
Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, hasta el 37% de las necesidades de mitigación frente al cambio climático pueden afrontarse con soluciones basadas en la naturaleza. Esto sitúa a América Latina y el Caribe en una posición privilegiada. Sin embargo, para concretar su potencial, coinciden los expertos, será necesario trabajar de manera coordinada en preservar los ecosistemas naturales, muchos de ellos compartidos por varios países.
Una de las buenas noticias que llegaron de la COP 26, la cumbre de cambio climático que se celebra en Glasgow del 1 al 12 de noviembre, es el acuerdo entre Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá para conservar el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, ecosistema que genera USD 3.000 millones anuales derivados principalmente de la pesca, el turismo y el transporte marítimo. En este sentido, CAF también anunció que aportará 1 millón de dólares a la causa, en una muestra de trabajo conjunto y coordinado.
Otra de las zonas que necesita medidas de protección es la Amazonía. Compartida por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, es uno de los grandes pulmones del mundo, fuente de una rica biodiversidad y casa del 40% de las selvas tropicales del planeta. En esta línea, el Pacto de Leticia está llamado a fomentar el trabajo coordinado para reducir la deforestación, para dinamizar procesos de investigación y aumentar la resiliencia ante eventos climáticos extremos.
“Las medidas de adaptación y conservación de ecosistemas naturales que está llevando a cabo la región son esenciales en la lucha contra el cambio climático. De ellos depende la adaptación climática, la conservación de la biodiversidad y, en la misma medida, la preservación de los modos de vida de millones de latinoamericanos”, dice Julián Suárez Migliozzi, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de CAF.
Actualmente, más de la mitad de los países de la región cuentan con el 17% de su superficie terrestre protegida, pero el resto tiene niveles de alrededor del 10%. En paralelo, la región solo es responsable del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero será una de las más afectadas por el aumento de la temperatura global. Por nombrar solo algunas consecuencias, cambiarán fuertemente los patrones de las precipitaciones, se derretirán los glaciares andinos y aumentará el nivel de los océanos Pacífico y Atlántico, entre una larga lista de eventos.
La COP 26, que tiene el objetivo de crear nuevos consensos globales para aumentar las inversiones en energías renovables y acelerar el crecimiento verde, tiene un significado especial para América Latina y el Caribe. Los retos pasan por ampliar el financiamiento a iniciativas de adaptación y mitigación, posicionarse como actor de referencia en el todavía incipiente mercado del carbono, y apostar por las soluciones basadas en la naturaleza.
La región también necesita adelantarse a la inevitable transición hacia economías limpias que el mundo experimentará en los próximos años. La realidad muestra una dependencia generalizada de los combustibles fósiles, y sistemas de producción y servicios con bajos niveles de modernización e intensivos en el uso de recursos naturales.
Expectativas de América Latina y el Caribe en la COP 26
Teniendo en cuenta los objetivos de la COP26, ¿qué está en juego para América Latina y el Caribe? La respuesta puede resumirse en tres puntos: financiamiento, soluciones basadas en la naturaleza y mercados de carbono.
La lucha contra el cambio climático necesita financiación. Los países de la región han sido severamente afectados por la pandemia, lo cual ha puesto aún más en evidencia su limitada capacidad fiscal. Por eso, la región necesita sumar nuevas vías de financiamiento que le permita aumentar su resiliencia y alinear sus estrategias de reactivación económica con los objetivos del Acuerdo de París.
Las soluciones basadas en la naturaleza son también esenciales. América Latina y el Caribe cuenta con una gran biodiversidad y ecosistemas que deben ser integrados en la acción climática. Este tipo de soluciones pueden ser un marco para abordar objetivos sociales, pérdida de biodiversidad y cambio climático, e incluyen la adaptación basada en los ecosistemas, la inclusión de comunidades indígenas y un enfoque en la reducción de riesgos. Los países de la región han resaltado la importancia de este enfoque, y podrían generar un modelo de producción sostenible, incrementando su resiliencia y desarrollo económico, que sea compatible con una mayor competitividad.
En cuanto al mercado de carbono, todavía incipiente, se presenta como una oportunidad para equilibrar las emisiones y recibir nueva financiación. Se trata de mercados de transferencia de reducciones de emisiones de forma voluntaria o vinculante entre las partes. Aunque aún no están reglamentados, el acuerdo entre los países en la COP26 será fundamental para que se reactive. La gran mayoría de los países de la región ha mencionado su intención de utilizar este mecanismo una vez que este propiamente regulado.
En la COP 26 se está demostrando que los países de la región tienen el compromiso necesario para enfrentar los desafíos de la acción climática en las próximas décadas. Este es el camino para capitalizar la posición ventajosa que tiene LAC gracias a sus riquezas naturales.
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