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01 de julio de 2010
Dicho reto exige cuantiosos recursos financieros, tecnología avanzada y variada, así como una enorme capacidad institucional y de gestión. Por ello, es necesario que el sector privado se sume a los esfuerzos del Estado, para generar sinergias que potencien el desarrollo de la infraestructura.
Esta fue una de las conclusiones durante la presentación del libro “Infraestructura pública y participación privada: conceptos y experiencias en América y España”, elaborado por CAF, que recoge conceptos y experiencias en el desarrollo de infraestructura pública y participación privada en hispanoamérica, consciente de la necesidad de promover estos esquemas novedosos de cooperación entre el Estado y las empresas privadas.
En la presentación del texto participaron Antonio Juan Sosa, vicepresidente de Infraestructura de CAF; Eleonora Silva, directora representante de CAF en Perú; José Manuel Vasallo, coautor del libro. En tanto, los comentarios estuvieron a cargo de Jorge León, director ejecutivo de Proinversión, y Milton Von Hesse, director de la Maestría de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.
Infraestructura: instrumento de cohesión socio-económica
El documento examina una gran variedad de modelos de gestión en diferentes contextos sociales y económicos, y constituye una importante referencia para los involucrados en la concepción y ejecución de políticas públicas.
Se menciona que la región, desde hace varios años, ha venido desarrollando con éxito proyectos de infraestructura que han contado con la participación de los sectores público y privado, lo que ha supuesto, además de un mejoramiento de sus condiciones técnicas, la modernización de sus marcos regulatorios e institucionales.
España, por su parte, se ha convertido en uno de los países de referencia en la construcción y gestión eficiente de sistemas de transporte, energía y telecomunicaciones, convirtiéndose en un paradigma en la implementación de modelos de concesión y asociaciones público privada (PPP) que han exportado a muchos países.
En el estudio se destaca que si bien las inversiones en infraestructura de transporte no garantizan por sí mismas el desarrollo económico y regional, no es menos cierto que son necesarias para que aquél tenga lugar. La infraestructura es también un importante instrumento de cohesión económica y social, de vertebración del territorio, integración espacial y mejora de la accesibilidad. Por otra parte, es necesaria para poder absorber no sólo el tráfico actual de personas y mercancías, sino también el fuerte crecimiento del tráfico, consecuencia de los procesos de liberalización de los mercados y de la globalización de la economía.
Del mismo modo, el efecto de “arrastre” que puede ejercer sobre la economía nacional, a través del efecto multiplicador, convierte a la infraestructura en instrumento de política anticíclica durante épocas de crisis, de gran utilidad para acelerar el proceso de relanzamiento de la economía.
Por consiguiente, no es extraño que en este escenario- en el que la infraestructura está jugando un gran protagonismo y en el que, además, son patentes los problemas presupuestarios de las administraciones públicas- se haya reavivado el antiguo debate sobre los efectos de la inversión pública en la economía, enmarcándolo en el contexto del crecimiento económico sostenible, la competitividad y el empleo.
El caso peruano
En el caso de Perú, en el libro se menciona que el desarrollo de proyectos de PPP y concesión de infraestructura vial puede ser considerado globalmente como un éxito, si bien es cierto que en muchos casos se ha conseguido atraer al sector privado a costa de que el sector público tenga que asumir importantes riesgos, como el tráfico y, en algunos casos, el de construcción.
También se señala que aunque, desde una perspectiva internacional, los contratos de PPP que se están llevando a cabo en Perú se parecen más a contratos de construcción y mantenimiento que a concesiones propiamente dichas, la principal ventaja de estos contratos es que han conseguido que el Gobierno haga una apuesta por garantizar el mantenimiento y la operación a largo plazo de la infraestructura. Esto va a cambiar, sin lugar a dudas, la eficiencia social de la infraestructura, ya que muchas de ellas que se construyeron con buenas intenciones años atrás han quedado inservibles por la falta de un adecuado mantenimiento de operaciones.
Se indica también que Perú ha sido el último país de la región en poner en marcha proyectos de PPP de modo generalizado, ya que comenzó a finales de los noventa. Sin embargo, han mostrado en los últimos años una decidida voluntad de promover proyectos de PPP.
Al respecto, se destaca el rol protagónico de Proinversión como promotor de la inversión privada y responsable de la estructuración técnica, legal y financiera de los proyectos en los diferentes sectores.
En cuanto al tipo de infraestructura gestionada mediante concesiones o PPP, la mayoría de países de la región han empleado estos esquemas para financiar infraestructura de carreteras. Chile, Colombia y Perú, además, han empleado este modelo también para aeropuertos. Perú y Colombia lo han utilizado para ferrocarril de carga y puertos.
Asimismo, se remarca que el modelo hispanoamericano de concesiones y PPP han sido en líneas generales un éxito debido a que, en primer lugar, ha permitido lanzar proyectos rápidamente a través de un procedimiento de licitación- el procedimiento abierto- que resulta tremendamente eficiente. En segundo lugar, ha promovido una sana competencia entre empresas, que ha trasladado la eficiencia a los usuarios finales. En tercer lugar, ha logrado implicar al usuario en el financiamiento de los proyectos. Por último, ha integrado la construcción, la operación y el mantenimiento de la infraestructura en un mismo contrato, lo cual ha servido para garantizar su mantenimiento por un plazo de tiempos largos.
Finalmente, se indica que quizás los retos que deberán ser afrontados en los próximos años en los proyectos de PPP en España y América. son: superar la falta de introducción de criterios de calidad orientados a dar un mejor servicio al usuario en los contratos, y la abundancia de renegociaciones oportunistas derivadas de procesos de licitación poco adecuados, en los que el concesionario -presionados por la alta competencia- ha licitado con ofertas poco realistas.
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