Apoyo a la Reforma del Estado, inversión social y competitividad en Colombia con US$ 300 millones

Los recursos estarán destinados al apoyo del Programa de Reforma del Estado y para Proyectos de Inversión Social y Competitividad

28 de julio de 2003

El Presidente Ejecutivo de la CAF, Enrique García y la Embajadora de Colombia en Venezuela, María Ángela Holguín, por delegación del Ministro de Haciendo y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, suscribieron hoy un convenio mediante el cual la Corporación otorga US$ 300 millones a la República de Colombia a través de su Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la ejecución de importantes programas contemplados en su Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente al período 2002-2006.

En el acto de suscripción del documento Enrique García señaló que este respaldo económico al Gobierno de Colombia está dirigido a apuntalar el Programa de Apoyo a la Reforma del Estado, Competitividad e Inversión Social, donde la CAF participa con 70% del total del costo de dicha ejecución.

“Con la firma de este convenio, la Corporación contribuye con el logro de cuatro objetivos nacionales fundamentales: brindar seguridad democrática, atender los aspectos que afectan la competitividad, así como incrementar la eficiencia y transparencia del Estado”, enfatizó García.

De esta manera la CAF apoyará la Reforma del Estado a través de un paquete de acciones encaminadas a mejorar las prácticas de gestión pública a fin de que exista un mejoramiento tangible en la cantidad y calidad de los bienes y servicios. Asimismo, buscará promover la eficiencia del gasto público para lograr así un incremento de la inversión social.

En cuanto al apoyo a la competitividad se impulsará el fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Innovación, de la articulación de recursos e información, la formación de mano de obra y articulación con el mercado y de la asociatividad empresarial.

Por último, y en referencia al apoyo a la inversión social, los recursos de la CAF estarán abocados a proyectos de infraestructura de alto beneficio social en sectores identificados como prioritarios: desarrollo agropecuario, agua potable y saneamiento básico, industria, transporte, comercio exterior, salud, minas y energía y educación.

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