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Un préstamo por US$ 25 millones aprobó la Corporación Andina de Fomento (CAF) a la Corporación Nacional del Desarrollo (CND) en Uruguay, el cual será destinado al financiamiento parcial del programa de rehabilitación de la red vial primaria del país, denominado “Megaconcesión de Rutas Nacionales” que adelanta el gobierno y que tiene un costo total para los primeros 4 años de US$ 136 millones.
El presidente ejecutivo de la CAF, Enrique García, afirmó que dicho préstamo constituye un respaldo al Programa de Reactivación Económica que viene llevando adelante el gobierno de la Republica Oriental del Uruguay. El préstamo esta destinado a financiar el inicio de un Programa coordinado de gestión vial y financiamiento en el que participa el gobierno, el sector privado y tenedores de obligaciones negociables. Afirmó también, que la operación se orienta en la dirección correcta del mandato de los Presidentes en torno a la Iniciativa de Integración Regional Suramericana (IIRSA).
El programa Megaconcesión será ejecutado por la Corporación Vial del Uruguay (CVU), una sociedad anónima que pertenece a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), y comprende la concesión de la red vial primariaa una entidad especializada por 15 años, la cual se responsabilizará de la modernización, rehabilitación y mantenimiento de 1.272 kilómetros de carretera y 2.904 metros en estructuras como puentes y pasos a nivel nacional.
Con la ejecución de este innovador programa se busca mejorar la condición operativa de la red vial del Uruguay, contribuir a la mejora de las condiciones de vida del área de influencia, disminuir los costos de transporte y facilitar el acceso a los servicios, mercados y materias primas, todo lo cual redundará en un incremento de la competitividad de la producción nacional y en el reforzamiento de la integración con los países vecinos.
El préstamo de la CAF ha sido concedido a un plazo de 10 años, con tres de gracia, y permitirá la ejecución del programa desde su fase inicial, incluyendo estudios, imprevistos y gastos de evaluación, entre otros costos.
Se ha previsto una adecuada gestión ambiental y social que permita minimizar los riesgos que se deriven de la ejecución de las obras en rutas ya existentes que deben ser rehabilitadas.
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