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09 de diciembre de 2003
La CAF aprobó hoy una operación por US$ 55 millones para Bolivia destinada a financiar el Programa de Infraestructura Periurbana y Rural, Gas y Protección Social, cuyo costo total es de US$ 70 millones, de los cuales los recursos de la CAF cubrirán el 80%, con un plazo de 15 años con tres de gracia. El organismo ejecutor será el Ministerio de Desarrollo Económico.
El convenio fue suscrito en la sede de la CAF, en Caracas, por el presidente ejecutivo de esta institución multilateral, Enrique García, y el ministro de Desarrollo Económico, Javier Nogales.
García, afirmó que este Programa es un mecanismo de emergencia que busca lograr efectos inmediatos, mediante la ejecución de proyectos con un elevado impacto en la generación de empleos e ingresos en las regiones con población de mayor riesgo, periurbana y rural, especialmente en El Alto y La Paz, favoreciendo aquellos que permitan realizar alianzas estratégicas entre el Gobierno, las empresas y la sociedad civil organizada. Agregó que el Programa busca mejorar las condiciones de vida de los sectores marginales.
Así mismo, dijo que con la aplicación del Programa el Gobierno busca consolidar las políticas que le permitan recuperar la sostenibilidad fiscal a mediano plazo y, a la vez, facilitar una conducción adecuada del proceso dirigido a lograr la explotación y exportación del gas.
En este contexto, el Programa se ha estructurado en tres componentes: el primero, infraestructura periurbana y rural, consiste en la ejecución de un conjunto de proyectos de inversión pública y social en diversos sectores, tales como: los de saneamiento básico, mejoramiento de viviendas, infraestructura urbana, salud y educación, infraestructura fronteriza, cultural y turística.
El segundo componente se refiere a la gestión del gas, para lo cual se ha estimado una suma de hasta US$ 5 millones destinado a favorecer acciones, estudios y proyectos que le permitan realizar estudios y proyectos que conlleven a la aplicación más apropiada del uso de los hidrocarburos bolivianos, tanto para su utilización interna, como para la exportación.
El tercer componente se refiere a la protección social, con el cual se busca consolidar las reformas que aseguren el capital social de los más pobres en aspectos como educación, salud, saneamiento y titularización de tierras, y apoyo a la producción. Este componente contará con US$ 20 millones para el desarrollo de las actividades inherentes a esta parte del Programa.
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