Nueva serie Policy Briefs sobre transformación digital del Estado e innovación pública
22 de octubre de 2019
El préstamo busca promover la adopción de herramientas destinadas a transparentar y hacer más eficiente la gestión pública.
03 de diciembre de 2019
El Directorio de CAF -banco de desarrollo de América Latina- aprobó un préstamo por USD 300 millones a favor del Gobierno de México en el marco de su Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, que establece un conjunto de acciones destinadas a reducir el costo de las regulaciones, disminuir los obstáculos y simplificar los trámites y servicios tanto para los ciudadanos como para las empresas. Prevé, asimismo, la adopción de herramientas destinadas a transparentar y hacer más eficiente la gestión pública.
El Programa de Apoyo a la Implementación de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria tiene por objetivos fortalecer a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), agencia del Gobierno Federal encargada de impulsar la política de mejora regulatoria, promover la armonía y colaboración regulatoria entre los distintos ámbitos y órdenes de gobierno, como así también acompañar a los gobiernos estatales y municipales en la implementación de la Ley General de Mejora Regulatoria. El resultado de este esfuerzo redundará de manera favorable en el ambiente para hacer negocios y facilitar el desenvolvimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.
“Iniciativas de mejora regulatoria para promover las mejores prácticas internacionales, acompañar a los gobiernos en la implementación de procesos de reforma estratégica y apoyarlos en el fortalecimiento de sus sistemas e instituciones regulatorias, son algunas de las acciones que impulsamos en CAF para promover estados más ágiles, eficientes y transparentes, apalancándose en las nuevas tecnologías y la inteligencia de datos, que están revolucionando la gestión pública y la relación con la ciudadanía”, aseguró Luis Carranza, presidente ejecutivo de CAF.
Durante la CLXVII sesión del Directorio, realizada en Ciudad de Panamá, la institución reafirmó su compromiso con la agenda de productividad y calidad regulatoria en sus países miembros, que resulta primordial para generar las condiciones que permitan el buen desempeño de la actividad económica, fomentar la actividad empresarial y, en general, promover las reglas que permitan estimular mayor innovación, inversión, crecimiento económico y consolidar el bienestar social.
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