CAF destinará USD 1.250 millones para proteger los océanos de América Latina y el Caribe

Durante la Conferencia sobre de los Océanos celebrada en Lisboa, CAF -banco de desarrollo de América Latina- anunció que destinará USD 1.250 millones en los próximos cinco años para financiar proyectos que contribuyan a preservar, dinamizar e impulsar los ecosistemas marinos y costeros de América Latina y el Caribe.  

Los recursos se usarán para diseñar e implementar proyectos y programas que promuevan la economía azul, con énfasis en la restauración de ambientes marinos y costeros, carbono azul, energía marina renovable, pesca y acuicultura sostenibles, manejo costero integrado, soluciones basadas en la naturaleza, pago por servicios ecosistémicos, ecoturismo y mejoramiento del manejo de áreas marinas protegidas, entre otros.

Actualmente, los océanos enfrentan serios problemas de sostenibilidad, en su mayoría ocasionados y acelerados por el cambio climático, como aguas cada vez más ácidas y calientes, aumento del nivel del mar y sobreexplotación de los stocks marinos. En América Latina y el Caribe, los ecosistemas marinos muestran una reducción en la abundancia, densidad y cobertura de coral y de stocks de peces y fauna marina, cambios en el plancton y pérdida de ecosistemas de humedales.

“Este financiamiento reafirma nuestro compromiso para liderar la lucha contra el cambio climático e impulsar el desarrollo de la economía azul en América Latina y el Caribe. Con estos recursos implementaremos soluciones innovadoras que contribuyan a mitigar los efectos del calentamiento global, potenciaremos la preservación de ecosistemas marinos y contribuiremos a mejorar las condiciones de vida de los millones de latinoamericanos que dependen de los mares”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

Los recursos para proteger a los océanos forman parte del objetivo de CAF de convertirse en el banco verde de América Latina y el Caribe. En este sentido, durante la COP26 de Glasgow la institución anunció una financiación de USD 25.000 millones en operaciones verdes que ayuden a incrementar la resiliencia climática, preservar la biodiversidad, restaurar ecosistemas naturales, promover la transición energética y lograr un crecimiento bajo en emisiones de gases de efecto invernadero. En paralelo, el financiamiento verde de la institución pasará del 24% en 2020 al 40% en 2026, y todas sus operaciones estarán alineadas con los objetivos del Acuerdo de París y con el marco post-2020 de diversidad biológica.

Uno de los primeros proyectos dentro de esta financiación es el convenio para la protección del Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental (CMAR), una región compartida por Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá que genera USD 3.000 millones anuales derivados principalmente de la pesca, el turismo y el transporte marítimo. Gracias una contribución de CAF de USD 1 millón se implementarán estrategias conjuntas que cuenten con la participación de los gobiernos de los cuatro países, sociedad civil, organismos de cooperación internacional y ONGs. La biodiversidad del Corredor Marino, que incluye áreas coralinas, paso de grandes especies migrantes, reptiles o numerosos tiburones, está vinculada con la oferta cultural y turística de costumbres, gastronomía y artesanías.

Situación de los océanos en América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe contiene una de las áreas marinas productivas más importantes del mundo, con una biodiversidad única que representa una porción significativa de la biodiversidad marina mundial, hogar del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), la segunda barrera de coral más grande del mundo. La región cuenta con el 18% de las ecorregiones marinas globales y tiene 47 de las 258 ecorregiones marinas del planeta.

Los efectos del cambio climático en los océanos son evidentes: más del 80% de los océanos experimentaron al menos una ola de calor marina en 2020 (el 45% tuvo olas de calor fuertes, mientras que en el 28% de los casos fueron moderadas), lo que está provocando la reducción de stocks de peces y la muerte de corales, entre otros efectos. A esto hay que sumar la sobre explotación de los recursos marinos costeros, incluyendo la pesca ilegal no regulada y no documentada, el desarrollo urbano no planificado en áreas litorales y el vertimiento de aguas servidas sin tratamiento al mar. La CRFM calcula que en 2019 la producción pesquera en el Caribe disminuyó un 40% desde su mínimo histórico registrado hace diez años. Por su parte, la FAO ha clasificado los recursos pesqueros del Caribe como los más debilitados a nivel mundial, con el 55% de las poblaciones pesqueras comerciales sobreexplotadas o agotadas.

Las consecuencias de la mala salud de los océanos amenazan a la seguridad alimentaria global, a la sostenibilidad del planeta y a los propios sistemas productivos y comerciales. Por eso, es imprescindible que promovamos nuevos consensos internacionales para construir economías más resilientes y diversificadas, generar nuevos empleos y preparar a la región para los desafíos asociados con la recuperación económica en un contexto de calentamiento global y ecosistemas costeros y marinos debilitados.

Para lograr posicionar a la región como líder de la lucha contra el calentamiento global, CAF está priorizando una agenda de sostenibilidad que ponga en valor iniciativas con co-beneficios ambientales y climáticos para el desarrollo de sectores como agua, energía, infraestructuras, transporte y digitalización, entre otros. Además, la institución está apoyando a sus países miembros impulsar la economía azul, promover la transición energética fortalecer la conservación de los ecosistemas naturales y la biodiversidad, y lograr un crecimiento bajo en emisiones de gases de efecto invernadero.

La institución también plantea reforzar la movilización de fuentes de financiamiento de terceros, como por ejemplo con la emisión de bonos y fondos verdes y climáticos, y promoverá alianzas estratégicas que permitan potenciar el trabajo coordinado entre gobiernos, sociedad civil, organismos internacionales, ONGs y sector privado. Esto ayudará a conservar la biodiversidad, diseñar políticas públicas de adaptación y mitigación, fortalecer las capacidades de los gobiernos e incentivar un crecimiento económico respetuoso con el medio ambiente e inclusivo.