¿Cuáles son los desafíos en salud y pensiones de Perú y América Latina en las próximas décadas?

América Latina es una región relativamente joven aún, pero no lo será por mucho tiempo. La proporción de adultos mayores de 65 años se duplicará en los próximos 20-30 años, pasando de 8% en 2020 a 17,5% en 2050. En el Perú dicha proporción pasará de 8,7% a 18,9% en el mismo período, aumentando más que el promedio regional. Estos datos se destacan en el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2020 elaborado por CAF -banco de desarrollo de América Latina-, en el que se aborda el envejecimiento como un fenómeno generalizado, acelerado y con una importante incidencia fiscal en la región. El reporte presenta la situación de los sistemas de pensiones y los servicios de salud y cuidados, así como los aspectos del mercado de trabajo que condicionan la cobertura y su financiamiento.

La presentación del reporte se realizó de manera virtual (ver video) con la presencia del ministro de Economía y Finanzas de Perú, Waldo Mendoza; el representante de CAF en Perú, Manuel Malaret; la presidenta de la Asociación de AFP, Giovanna Prialé; la directora ejecutiva de Videnza Consultores, Janice Seinfeld; y el investigador principal de GRADE, Miguel Jaramillo.

“Se estima que para el año 2050 las personas mayores de 65 años representarán el 20% de la población mundial, en comparación con el 10% actual. Perú no escapa de esta tendencia ni de los desafíos que se generan en cuanto a la necesidad de financiar un nivel de vida digno y al incremento de los servicios de salud por parte de ese creciente segmento de la población. Como explica el reporte, las decisiones de políticas públicas que se requieren generan beneficios graduales y de largo plazo, mientras que los costos son inmediatos, por lo que se requiere fomentar la discusión para alcanzar un consenso general en beneficio de todos. Eso es lo que estamos promoviendo con el informe y esta actividad”, aseguró Manuel Malaret, representante de CAF en Perú.

El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, señaló durante su intervención que “hay que separar el tratamiento de la salud y las pensiones. El compromiso del Estado con la salud debe ser muchísimo mayor que con las pensiones. La fuente de un buen sistema de pensiones es el ahorro previsional; individual (AFP) o colectivo (ONP). Si no es factible elevar esos ahorros, la discusión sobre las pensiones es puramente académica. Mirar el Estado como fuente casi única del financiamiento de la mejora del sistema de pensiones no tiene sentido. El Estado tiene también otras obligaciones prioritarias que atender”.

El RED 2020 se centra en la naturaleza de los desafíos que enfrentan los sistemas de protección social y las políticas públicas para abordarlos. Su foco primordial son las pensiones y la provisión de servicios de salud y cuidados para los adultos mayores. Su objetivo es ofrecer una visión integral y en profundidad de ambos sistemas, que tenga en cuenta las interacciones entre la estructura demográfica, el mercado laboral y los factores que determinan su equilibrio financiero y su sostenibilidad. Asimismo, ofrece algunas claves para construir una protección social para el adulto mayor que sea de calidad y financieramente sostenible.

“El déficit financiero conjunto de pensiones y salud en Perú se encuentra actualmente alrededor del 3% del PIB y crecerá significativamente hacia 2065 (casi 7% del PIB) como consecuencia del envejecimiento. Desde el punto de vista del financiamiento, el país podría responder a estos déficits (y a necesidades adicionales de gasto en protección social) con una contención de los gastos en las pensiones contributivas de su sistema de reparto mediante reformas paramétricas, una mayor recaudación de los sistemas contributivos mediante una mayor tasa de formalidad, y una mayor recaudación tributaria global”, explicó Guillermo Alves, economista principal de la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas de CAF y co-editor del reporte.

En el panel moderado por Guillermo Díaz, economista principal de CAF, la presidenta de la Asociación de AFP, Giovanna Prialé, destacó: “ante las restricciones estructurales que tenemos como la informalidad, tenemos que pensar fuera de la caja para crear nuevos productos que promuevan el ahorro, aprovechando las herramientas digitales y las necesidades en ciudades y provincias. También se requieren mejoras en la regulación”.

La directora ejecutiva de Videnza Consultores, Janice Seinfeld, se enfocó en el tema de salud. “Tenemos que ponernos en los zapatos de los ciudadanos realizando consultas ambulatorias que promueven la prevención y atención temprana; mejorar la eficiencia en el financiamiento e implementar cambios tecnológicos para tener una información más oportuna para tomar decisiones y reducir costos, entre otros”.

Finalmente, el investigador principal de GRADE, Miguel Jaramillo, abordó el tema de la informalidad. “Hay que empezar por formalizar a las empresas. Hay que simplificar las regulaciones en costos recurrentes para hacer un entorno más sencillo para operar. Es necesario cambiar el balance de beneficios y costos de la formalidad, especialmente de los pequeños empresarios que son la base, para los que hoy no les resulta atractivo formalizarse en un contexto en el que el incumplimiento de la ley es alto. También se pueden aprovechar los cambios tecnológicos para seguir transacciones e invitar a la ciudadanía a cumplir la ley”.