Datos abiertos para mejorar la transparencia pública

Los gobiernos pierden una oportunidad histórica para usar datos abiertos en favor de la transparencia y el desarrollo en América Latina y el Caribe, según nuevo reporte de ILDA.

16 de diciembre de 2020

Un nuevo reporte de ILDA, apoyado por CAF -banco de Desarrollo de América Latina- y el Banco Mundial, entre otras organizaciones, revela que la mayoría de los países de la región se han estancado o mejorado muy levemente sus ecosistemas de datos abiertos.

A  casi 10 años de que los países de América Latina y el Caribe se comprometieron a abrir sus datos para favorecer la transparencia, el desarrollo y la innovación en distintos foros e iniciativas  internacionales tales como la Organización de Estados Americanos y la Alianza para el Gobierno Abierto, el avance de la agenda en la región es lento y trabajoso. La apertura de datos públicos por parte de los gobiernos es un presupuesto esencial para democracias fuertes en la era digital. De seguir por este camino, las democracias latinoamericanas continuarán con sus debilidades estructurales, también en los espacios digitales.

Los países líderes de la región se han estancado en su crecimiento, o perdido posiciones, mientras que unos pocos países han dado saltos significativos en sus políticas. El barómetro mide tres dimensiones: la preparación, la implementación y el impacto de los datos abiertos en la región. En preparación, en la mayoría de los casos se observó un compromiso explícito del gobierno para liberar datos abiertos, así como portales nacionales de datos abiertos. Pese a eso, los mejores puntajes de la región se encuentran en el área de implementación, aunque a diferentes velocidades. Mientras que en la dimensión de impacto, la región aún no parece haber cosechado los frutos esperados.

  • Las categorías de datos menos abiertas y de menor calidad de la región son los datos de propiedad de la tierra, el registro de las compañías y las rutas y horarios de transporte público, cuyo impacto económico y social es significativo.
  • Solo existe evidencia de algunas pocas actividades aisladas de datos abiertos a nivel de gobierno local o subnacional
  • Existe evidencia de que el derecho legal o regulatorio garantiza a los ciudadanos el acceso a la información; y que en la mayoría de los casos existe una agencia dedicada para atender consultas y solicitar información de gobierno que sea rechazada por instituciones públicas.

En esas líneas, el barómetro presenta cuatro recomendaciones centrales:

  • Los gobiernos deben invertir de manera constante y sostenida en equipos que guíen e implementen políticas de datos abiertos a todos los niveles.
  • Los gobiernos deben considerar de forma holística los distintos aspectos de la producción y uso de datos del sector público y privado, incluyendo aspectos regulatorios en materia de privacidad, uso de datos para el bien común y tecnologías emergentes, focalizando en la inclusión de las personas más vulnerables de la sociedad.
  • Los gobiernos deben redoblar los esfuerzos por incluir al sector privado y la sociedad civil en el ecosistema de apertura de datos para poder avanzar en la agenda y generar mejores y mayores usos de los datos para producir beneficios a los diversos grupos de la sociedad.
  • Los gobiernos deben mejorar la calidad de sus datos, tomando especial cuidado en considerar las dimensiones de género, como otras variables relevantes, de forma que incluya a todas las personas en sus sociedades.

Se puede acceder al reporte en PDF a través de la página o aquí: https://barometrolac.org/wp-content/themes/odbpress/reporte-ILDA-ES.pdf (Español) https://barometerlac.org/wp-content/themes/odbpress/reporte-ILDA-EN.pdf (Inglés)

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