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Está más que comprobado que la participación plena de las mujeres en la vida pública -desde actividades económicas y políticas hasta legales- tiene enormes beneficios para todas las sociedades.
De hecho, de no haber sido por la incorporación de 70 millones de mujeres al mercado laboral en los últimos 20 años, difícilmente hoy en día podríamos hablar del milagro económico latinoamericano, aquel que logró tasas de crecimiento promedio de alrededor del 5% entre 2002 y 2008 y que paralelamente redujo drásticamente la pobreza extrema y permitió que la clase media creciera a niveles históricos.
Teniendo en cuenta el potencial de las mujeres para dinamizar la economía de los países, parece evidente que apostar por su empoderamiento económico es una vía eficiente y segura de garantizar tasas de crecimiento sostenibles. Pero en América Latina, donde solo el 50,3% de las mujeres participan en actividades económicas (los hombres lo hacen en un 78,9%), todavía queda un largo camino por recorrer.
Hoy en día persisten barreras sociales, económicas y legales que impiden a las mujeres desplegar todo su potencial y participar de forma plena en la vida pública. Por ejemplo, en América Latina las mujeres ocupan sólo una cuarta parte de los cargos públicos de los poderes estatales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), mientras que en países como Finlandia, Islandia, Holanda y Suecia su representación parlamentaria asciende al 40%. Además, pueden ganar hasta un 19% menos que los hombres al desempeñar un mismo trabajo.
"La dependencia económica y la insuficiencia de ingresos son dos de los factores que más inciden en la permanencia de las mujeres en situaciones de violencia y en la perpetuación de las desigualdades. Por eso, para combatir eficientemente las desigualdades de género en América Latina es imprescindible apostar por el empoderamiento económico de las mujeres.", afirma Violeta Domínguez, coordinadora de la unidad de género de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina.
En este sentido, el organismo multilateral está promoviendo acciones para que las mujeres mejoren su autonomía económica y sus capacidades de liderazgo, otro elemento que debería constituirse como agente de cambio social, económico y político. Las iniciativas se enfocan en la promoción y creación de más productos para aumentar la alfabetización financiera entre las mujeres y en la creación de programas de emprendimiento para fomentar que tengan ingresos propios.
De todas formas, los expertos coinciden en que es imprescindible sumar acciones legales y políticas a las medidas de empoderamiento económico y de liderazgo de las mujeres. En otras palabras, es necesario apuntar a su autonomía económica, física y política. A pesar de que 20 países de América Latina y el Caribe cuentan con leyes de violencia contra las mujeres, sólo en ocho se asignan recursos específicos en su presupuesto nacional. Además, 14 países han tipificado el delito de feminicidio, pero solo dos lo han establecido como un homicidio agravado por razones de género.
"Gobiernos, empresas y sociedad civil deberán trabajar en conjunto para que las medidas sociales, económicas, jurídicas y legales que actualmente se llevan a cabo sean eficientes y tengan un impacto positivo en todas las esferas sociales y políticas", explica Domínguez.
Existen varios ejemplos en el mundo de cómo pueden reducirse las desigualdades de género. Entre los más destacadas están establecer cuotas de participación en espacios de toma decisiones tanto en lo político como en lo económico; generar sistemas de financiación dirigidos a la formación política de mujeres, para garantizar su capacidad al asumir roles de liderazgo; o impulsar reglamentaciones orientadas a que los partidos políticos incluyan la paridad de género en sus estructuras orgánicas internas.
El problema de la desigualdad de género afecta no solo a las mujeres, sino al conjunto de la sociedad, a la economía y al desarrollo de los países. Por esta razón, si pretendemos que América Latina sea una región más democrática e igualitaria en un futuro cercano, será imprescindible concienciar a todos los ciudadanos acerca de la trascendencia de la equidad de género.
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