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El Reporte de Economía y Desarrollo de CAF destaca cómo las aplicaciones tecnológicas permiten mejoras en la gestión de recursos, la comunicación y el monitoreo intragubernamental, a la vez que habilitan nuevos canales de difusión de información dentro del Estado y hacia la ciudadanía; entre otros beneficios.
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La tecnología puede ser una gran aliada para la prevención de la corrupción. Una de sus principales aplicaciones es la de mejorar los procesos de la fiscalización de la acción pública. Por ejemplo, el registro digital de transacciones como las compras del Estado, combinado con técnicas de análisis de datos, puede ayudar a identificar factores de riesgo y así guiar los esfuerzos de los organismos de control e investigación. Esta es una de las recomendaciones del Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2019) “Integridad en las políticas públicas. Claves para prevenir la corrupción”, de CAF –banco de desarrollo de América Latina-, que se presentó hoy en Lima, Perú.
Las soluciones tecnológicas también brindan la posibilidad de crear plataformas de reporte descentralizado de irregularidades y de canalización de denuncias ciudadanas. Esto debe ser aprovechado para los Estados para reducir los altos costos y la desconfianza de reclamar por vías tradicionales, y así fomentar el rol monitor de la ciudadanía.
“También es esencial invertir en políticas de transparencia, apoyándose de nuevo en las posibilidades que ofrece la tecnología. Los gobiernos que digitalizan y dan acceso a información relevante para el combate a la corrupción, como la referida a procesos de compras y contrataciones públicas, registros de propiedad y de compañías, declaraciones de intereses y patrimonio de funcionarios, entre otras, permiten un mayor escrutinio ciudadano de la acción estatal. Esto puede tener un importante efecto disuasivo sobre la corrupción”, afirmó Gustavo Fajardo, economista principal de CAF, durante la presentación del reporte.
Finalmente, la tecnología permite disminuir algunos espacios de excesiva discrecionalidad. Un caso donde esto ocurre es la realización de trámites ante la administración, cuya simplificación y digitalización ayuda a cerrar desigualdades de poder entre ciudadanos y funcionarios. En este sentido, el RED2019 destaca la importancia de redoblar los esfuerzos de simplificación de trámites que han hecho los países de la región.
En sus palabras de apertura, el Presidente del Consejo de Ministros del Perú, Vicente Zeballos, aseguró que “Uno de los lineamientos del Gobierno del presidente Vizcarra es el de Integridad y Lucha Contra la Corrupción. Y como parte de ello hemos instituido la Secretaría de Integridad Pública y en cada ministerio ahora tenemos una oficina de Integridad. Como Gobierno hemos asumido compromisos importantes, uno de ellos fue la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia, con autonomía e independencia. Queremos un Estado transparente, pues eso genera confianza”, agregó.
El RED 2019 busca aportar a la actual agenda de reformas en favor de la integridad en las políticas públicas. El estudio abarca un amplio espectro de ámbitos de acción, incluyendo el funcionamiento y capacidad disuasoria de las instancias de control y fiscalización estatales; el papel de los mecanismos de entrada a la burocracia y a la política para seleccionar funcionarios independientes y honestos; el ejercicio del control ciudadano y las iniciativas de transparencia; y el fortalecimiento de procesos y marcos legales para limitar la influencia de intereses privados en las decisiones de política pública.
El reporte plantea una serie de propuestas para promover una agenda de integridad comprehensiva alrededor de un conjunto de claves que incluyen:
El RED señala también la importancia de factores que pueden ayudar a acelerar el proceso de adopción e implementación de reformas, como la cooperación internacional, la integración a mercados internacionales y el papel que puede desempeñar la tecnología por medio de herramientas de generación, apertura y procesamiento de datos.
Luego de la presentación del reporte se realizó un panel de comentarios en los que participaron Susana Silva Hasembank, secretaria de Integridad Pública de la PCM; Milagros Campos Ramos, docente de la PUCP e Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, bajo la moderación de Manuel Malaret, representante CAF en Perú.
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