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La directora de la CAF en Perú, Eleonora Silva Pardo, detalló que la entidad multilateral asesorará en la elaboración de los estudios del proyecto en lo referente la identificación, comercialización y venta de reducciones de emisiones de gas de efecto invernadero generadas por el proyecto.
Aseguró además que la corporación – a través de la Dirección de Medio Ambiente- realizará sus mejores esfuerzos en la identificación de potenciales compradores para la oferta de las reducciones de emisiones de carbono generadas por el proyecto.
“Basados en nuestra evaluación preliminar del proyecto, consideramos que éste podría contar con potencial para calificar dentro de los criterios actualmente propuestos para el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) bajo el Protocolo de Kyoto u otros mercados de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero”, manifestó.
Por su parte, el presidente ejecutivo de Sedapal, Guillermo León Suematsu, señaló que Sedapal brindará a la CAF toda la información técnica sobre la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Carapongo, cuya capacidad es de 43 mil M3 día, la cual servirá como base para establecer la metodología de disminución de gases de efecto invernadero. La reducción de estas emisiones permitirá que la empresa obtenga certificados que pueden ser comercializados en el mercado de carbono con el fin de contribuir a financiar en parte el proyecto.
“Además de obtener los certificados, Sedapal busca consolidarse como una empresa de gran responsabilidad social. Estamos comprometidos con el medio ambiente y es por ello que hemos realizado una importante inversión para adquirir los equipos que permitirán quemar el gas metano que emite la Planta de Carapongo y darle un uso ecológico como biodigestor”, agregó.
SEDAPAL es una empresa estatal de derecho privado, íntegramente de propiedad del Estado, constituida como Sociedad Anónima, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera. Sus servicios son de necesidad y utilidad pública y de preferente interés social.
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