Juntas Directivas independientes son clave para que empresas públicas de América Latina sean eficientes

El estudio basado en los resultados de encuestar a más de 50 empresas de propiedad estatal en América Latina y el Caribe reconoce que estas Juntas Directivas han logrado avances significativos en materia de gobierno corporativo, aunque asegura que todavía hay margen de mejora.

En este sentido, para garantizar Juntas Directivas efectivas, los Estados deberían proporcionar un marco de actuación claro, permitir que los directores cuenten con los mecanismos y herramientas adecuadas para el ejercicio de sus funciones y comprender que la gestión debe funcionar bajo criterios profesionales y técnicos.

Prácticas concretas como contar con un cronograma anual de reuniones con los temas a tratar en cada sesión, configurar comités de auditoría, otorgar una remuneración a los directores o involucrar a las Juntas Directivas en la toma de decisiones estratégicas, son algunos ejemplos que ayudarían a fortalecer los modelos de gobernabilidad en las empresas públicas.

"Las mejores Juntas Directivas son los que van más allá del cumplimiento legal para asumir un rol más activo en la creación de valor, es decir, aquellos que establecen estrategias y actúan como una entidad colegiada con responsabilidades compartidas", explica Juan Carlos Elorza, Director de Desarrollo Productivo y Financiero de CAF. 

Elorza asegura que el fracaso de las Juntas Directivas de empresas de alto perfil, la competencia con el sector privado, el auge de nuevas tecnologías y unos ciudadanos cada vez más informados y demandantes de buena gestión de los recursos públicos son algunas razones por las que deberían sistematizarse las buenas prácticas en las Juntas.

A partir de los resultados obtenidos, la publicación propone las siguientes recomendaciones que deberían contribuir a mejorar la eficiencia de las empresas gestionadas por los Estados:

1. Estructura y conformación de las Juntas Directivas:es importante que el Estado aplique criterios rigurosos durante los procesos de designación y conformación de las Juntas Directivas, de manera que se elimine el modelo de nombramientos discrecionales y se incorporen procesos más estructurados basados en la idoneidad, el profesionalismo, la capacidad de aporte y la independencia de los directores. Adicionalmente, las EPE deben establecer una separación de cargos y funciones entre el Presidente de la Junta Directiva y el Primer Ejecutivo, instaurar procesos de nombramiento escalonados y definir estrategias para mitigar los riesgos de sucesión.
    
2. Rol del Estado como propietario/accionista de empresas:es importante que el Estado otorgue a las Juntas Directivas de las EPEs un marco de actuación para que ejerzan sus funciones de manera efectiva, autónoma, con plena autoridad e independencia en la toma de decisiones. Para la definición de este marco de actuación se requiere de un proceso previo de categorización de las EPEs en función de sus objetivos específicos y de las expectativas o resultados esperados por el Estado. A través de  una política de propiedad se podrá establecer el nivel de injerencia del Estado en los asuntos de las EPEs y el marco de actuación de los demás órganos de gobierno.
    
3. Nombramiento del Presidente Ejecutivo de las EPEs:para que las  Juntas Directivas de las EPEs cuenten con el empoderamiento y legitimidad suficientes para ejercer control y supervisar el desempeño de la alta gerencia, es necesario que tengan poder sobre el proceso de nombramiento y remoción del Primer Ejecutivo. Si existen disposiciones legales que faculten a la función de propiedad la realización de nombramientos directos de los Primeros Ejecutivos, se espera que las Juntas Directivas sean consultados por el Estado y los procesos de nombramiento se lleven a cabo bajo relaciones de coordinación y acuerdo.
    
4. Procesos de inducción y capacitación:el Estado debe ser consciente de la necesidad de generar capital humano y desarrollo profesional en las personas que ha designado para administrar y direccionar sus empresas, así como proporcionar los mecanismos adecuados para el ejercicio de su rol. Por tanto, se recomienda al Estado apoyar los procesos de información, formación y fortalecimiento de los conocimientos y habilidades de los directores de las EPEs para el desempeño adecuado de sus funciones y responsabilidades.
    
5. Evaluación y fortalecimiento de las Juntas Directivas de las EPEs: el Estado debe ser el principal garante de la implementación de procesos de evaluación de las Juntas Directivas, como una señal de apoyo y compromiso con el buen funcionamiento de la empresa y el fortalecimiento de la estructura, operación y desempeño de la Junta.. Además, deben crearse mecanismos para conocer los resultados de los procesos de evaluación, velar por la implementación de los planes de fortalecimiento que se definan y tomar las medidas correctivas necesarias.
    
6. Incentivos para los directores: en gran parte de las EPEs, la remuneración se sitúa por debajo de los niveles de mercado, hecho que no permite atraer directores con las capacidades y la experiencia suficiente para el cumplimiento de sus funciones. El Estado deberá establecer sistemas de remuneración competitivos y vinculados con los resultados y desempeño de la empresa.