Medición de impacto para que la investigación de homicidios en Colombia sea más eficiente

Los altos índices de impunidad exacerban el descontento de la población ante la incapacidad de las policías y de los cuerpos encargados de impartir justicia. Los ciudadanos mantienen una profunda percepción de desconfianza hacia las autoridades, y en muchos casos se inhiben de hacer denuncias a sabiendas de que la probabilidad de respuesta es baja. Por su parte, quienes comenten delitos saben que la posibilidad de ser condenados es baja, y por lo tanto, es más probable que delincan.

Colombia forma parte de esta realidad, si se toma en cuenta que de cada 100 homicidios sólo 10 llegan a condenas, lo que significa que 90% de ellos queda sin resolver. Uno de los grandes desafíos que enfrenta el sistema colombiano de justicia es el de aumentar la cantidad de casos que obtienen sentencias en tribunales para elevar así las barreras a la delincuencia.

Miguel de La Rota, director nacional de Políticas y Planeación de la Fiscalía General de la Nación, explica que "en la investigación de homicidios se realizan procedimientos tradicionales en donde actores de varias especialidades se interconectan manteniendo entre ellos un flujo bajo de comunicación, ya que no actúan como un equipo coordinado". Es decir, quien levanta las evidencias no necesariamente se relaciona con quienes realizan la investigación, así como estos últimos tampoco se relacionan necesariamente con el fiscal que pueda llevar el caso. En el proceso, se pueden omitir detalles, información importante o puede transcurrir mucho tiempo, aspectos que impiden que las imputaciones puedan llevarse a cabo y por ende la condena.

Con el objetivo de entender el problema de las bajas imputaciones y condenas, la Dirección de Políticas Públicas y Planeación de la Fiscalía General de la Nación decidió realizar una revisión exhaustiva al proceso de investigación e identificó la oportunidad de mejorar la forma en la que los grupos que investigan homicidios se organizan. Para comprender si una nueva estructura grupal tendría los efectos esperados, adicionalmente, se organizó en conjunto con CAF -Banco de Desarrollo de América Latina- una evaluación de impacto para generar información que les permita mejorar la manera como se usan los recursos durante la investigación de homicidios.

Para la evaluación de impacto, el proceso de investigación de los homicidios se dividió en dos grupos: uno de control y otro de tratamiento. El grupo control está conformado por funcionarios asignados a trabajar en la resolución de los casos de la manera tradicional. El grupo de tratamiento cuenta con un líder que organiza al equipo con el fin de optimizar todos los recursos humanos y trabajar de manera conjunta durante la investigación. El objetivo del experimento es identificar si el grupo que cuenta con una nueva metodología de investigación logra aumentar el número de imputaciones. Los casos son asignados aleatoriamente a cualquiera de los dos grupos. Se estima que para septiembre de este año se divulguen los primeros resultados de esta medición de impacto.