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En pleno S. XXI y tras una pandemia que nos confinó durante meses en nuestros hogares, solo el 55% de los latinoamericanos tienen una cuenta bancaria, en contraste con el promedio de 69% a nivel global. Esto significa que todavía hay 360 millones de adultos en la región que solo manejan efectivo y que, por lo tanto, no pueden hacer transacciones digitales. La mayoría de ellos están fuera de los circuitos de la economía formal, lo que implica menores opciones de acceder a sistemas de protección social, como las pensiones, por ejemplo.
A pesar de que en la última década los niveles de bancarización en América Latina han crecido notablemente, la brecha que nos separa de las economías avanzadas sigue siendo preocupante. Los bajos niveles de inclusión financiera en América Latina inciden en una gran variedad de ámbitos, desde la competitividad de las pymes hasta la capacidad de ahorro de los ciudadanos o las opciones de aprovechar las ventajas de la economía formal.
La importancia de la inclusión financiera en el desarrollo de los países también es determinante. Por un lado, incluye la oferta de productos financieros y, por otro, la demanda de productos por parte de los ciudadanos. En las economías actuales, en plena transformación por la integración de nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio como las denominadas fintech, la inclusión financiera se ha convertido en algo crucial para reducir la población desatendida que no puede acceder a servicios financieros.
Actualmente, la mayoría de los países cuentan con herramientas para medir el acceso, uso y calidad de los productos y servicios financieros, pero son pocos los que evalúan su impacto sobre el bienestar de las personas.
“Una ciudadanía mejor educada en temas económicos y financieros no solo puede contribuir al mejor funcionamiento de la economía, sino también a que las políticas públicas sean más efectivas. Al empoderar a las personas para que tomen decisiones más informadas, se incrementa la probabilidad de que dichas decisiones sean mejores y, a su vez, que los ciudadanos sean capaces de controlar su futuro financiero, lo cual tiene un claro impacto positivo sobre su bienestar”, dice Diana Mejía, especialista senior en Inclusión Financiera de CAF.
Según Mejía, el enfoque de la política pública en esta materia debe identificar las barreras que constituyen las mayores limitaciones para la inclusión financiera de individuos y pymes y trabajar de la mano de las instituciones financieras del sector privado, incluidas las fintech, para reducir brechas y potenciar los impactos de la inclusión financiera sobre la actividad económica y la productividad de los países.
La innovación tecnológica ha traído consigo nuevas tendencias en el mundo financiero que están transformando la prestación de servicios financieros y que también representan una alternativa para atender las necesidades de la población, incluso de los más vulnerables. El sector fintech en América Latina y el Caribe ha ido creciendo rápidamente en los últimos años, y son pocos los que se olvidan de incluir herramientas de inclusión financiera. De hecho, el 40% de las startups fintech de la región atienden como a su principal cliente a pymes no bancarizadas o sub-bancarizadas, de acuerdo con el monitoreo de Finnovista.
“Como toda innovación, las fintechs han logrado mostrar en cortos periodos de tiempo su capacidad para integrar actores, cambiar esquemas y diseñar nuevos productos acordes a las necesidades de sus clientes, especialmente para aquellos que no han tenido acceso al sistema financiero”, asegura Mejía.
En este sentido, también existen otras iniciativas que contribuien a fortalecer este nuevo ecosistema y, con ello, a mejorar el bienestar financiero de la población desatendida, así como la competitividad de las pymes a través del uso de nuevas tecnologías. Un ejemplo es el Laboratorio de Inclusión Financiera (LIF) de CAF, realizado este año en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, que vincula a los principales actores del sector privado (bancos privados y fondos de inversión), al sector público y a startups de base tecnológica para encontrar soluciones a los principales retos de la inclusión financiera en estos países.
EL LIF, que inició en 2019 en Colombia y durante la pandemia se realizó a nivel regional, ha acelerado a más de 10 empresas y está canalizando las inversiones necesarias para que las fintech con impacto social dispongan de los medios necesarios para llevar a cabo sus operaciones.
El ecosistema fintech en América Latina tiene un enorme recorrido para contribuir al desarrollo de los países. Casos como el de NuBank, Konfio, Global66 o Flink son ejemplos del gran espacio que existe para que los emprendimientos de base tecnológica logren brindar servicios cada vez más ajustados a las necesidades de los nuevos consumidores y de la población desatendida.
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