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26 de noviembre de 2024
Durante el simposio los expertos señalaron que una política de datos abiertos crea un gran impacto en la población, ya que no solo se trata de la publicación de datos para prevenir la corrupción, sino de la creación de valor que se verá reflejada en temas como salud, educación, el cierre de las brechas sociales y la atención a otras necesidades prioritarias.
09 de junio de 2022
En ejecución de un proyecto de asistencia técnica para implementar el Programa Interamericano de Datos Abiertos (PIDA) en Panamá, CAF- banco de desarrollo de América Latina-, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Panamá (ANTAI) y The Trust For The Americas, llevaron a cabo el taller “Modelo de Gobernanza para la Implementación del PIDA”. El PIDA es una iniciativa regional que busca desarrollar una infraestructura de datos abiertos útiles para la prevención y reducción de riesgos de corrupción, así como para hacer más transparente la gestión de los gobiernos.
Durante el evento, Juan Pablo Rodríguez, director de Acceso a la Información de ANTAI, señaló que desde el año 1997 Panamá ha redoblado esfuerzos por posicionar una política pública de datos abiertos cuyo objetivo se traduzca en la implementación de un gobierno abierto, el cual genere cambios significativos en el desarrollo social, económico y, sobre todo, en la transparencia del país. Según Rodríguez, la metodología propuesta en la implementación del taller busca promover el diálogo continuo entre el gobierno y otros actores claves de la sociedad civil que son fundamentales para la eficacia y la sostenibilidad del proceso de apertura de los datos.
Para Kathleen Núñez, Ejecutiva de la Oficina de CAF en Panamá y encargada de las palabras de bienvenida, el istmo centroamericano en los últimos años ha demostrado grandes avances en la implementación de su Política Nacional de Datos Abiertos, donde la ANTAI ha ejercido un rol de liderazgo en la implementación de acciones que promueven la aplicación, apertura e intercambio y reutilización de datos que faciliten la formulación de políticas, la prestación y gestión de servicios para beneficio de todas las organizaciones y ciudadanos del País.
Desde CAF venimos acompañando al país con iniciativas que buscan apoyar la ejecución de buenas prácticas de gestión pública que mejoren la transparencia y eficiencia del uso de recursos públicos, el fortalecimiento de la gobernanza que permita simplificar y digitalizar los procesos del estado, así como también fortalecer las capacidades de la institucionalidad pública y de la ciudadanía para la prevención y el combate a la corrupción por medio de la práctica de datos abiertos, agregó Núñez.
Protección del recurso público y reducción de los riesgos de corrupción.
Recientemente CAF publicó el informe “DIGIntegridad: La transformación digital de la lucha contra la corrupción” el cual propone la adopción una serie de herramientas e innovaciones digitales para prevenir detectar e investigar los fenómenos de la corrupción. Datos revelados en el informe destacan que la lucha contra la corrupción y la impunidad de las redes criminales deben integrarse a las agendas de desarrollo que buscan reducir las desigualdades y la pobreza, así como reactivar la economía tras la crisis provocada a causa de la pandemia.
El evento también contó con la participación de Camilo Cetina, Ejecutivo Principal de la Dirección de Innovación del Estado de CAF, quién recalcó que el acceso a la información pública es un derecho que debe de tener todo ciudadano, debido a que le permite acceder a otros derechos como la posibilidad de solicitar información, el experto sostiene que los Estados deben tener políticas de transparencias activas, en donde reconociendo los derechos que poseen los ciudadanos, publique por defecto la información que tiene que ver con su gestión.
“Desde CAF decidimos asignar recursos para la implementación del PIDA, basados justamente en sentar bases para un desarrollo digital integro; de igual forma exhortamos a los gobiernos a entender que existe un principio de que las disposiciones de los gobiernos deben ser públicas y que los ciudadanos las deben conocer lo cual es necesario para la implementación de políticas públicas agregó Cetina.
Datos revelados por Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Consultora y experta regional en materia de Estado Abierto, señalan que Panamá sería el tercer país de la región en implementar el Programa Interamericano de Datos Abiertos para combatir la corrupción, solamente superado por Colombia y Ecuador.
Gobernabilidad democrática frente a la corrupción
Rubén Farje, Representante de la OEA en Panamá, detalló que la Carta Democrática Interamericana sigue siendo la hora de ruta de la OEA para la lucha en contra de la corrupción, conseguir más respeto, la defensa de los derechos fundamentales y para la consecución de la democracia representativa, que es la única forma de gobierno aceptada por las Américas e incorporada en la carta de la OEA desde el año 48, inclusive en los instrumentos jurídicos que regulan a la organización desde antes.
Según el letrado, uno nunca debe dejar de hablar sobre las amenazas, de la guerra en contra de la democracia y los peligros en contra del desarrollo de los Estados miembros de la OEA, es por ello que no hay que perder la oportunidad de hablar, reforzar y hacer hincapié en los esfuerzos que se hacen para conseguir los objetivos.
“No es novedad que la corrupción corre las instituciones, en la actualidad no hay ningún Estado miembro de la OEA que no esté libre de corrupción, la misma es consustancial a la humanidad y siempre ha existido, solo que en los últimos años se ha incrementado con frecuencia, un elemento diferencial es que los países miembros del organismo lo advierten y siempre se manifiestan sistemáticamente, ya sea en la Asamblea General de la OEA todos los años o en las cumbres de las Américas”, manifestó Farje.
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