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La obra plantea la necesidad de aplicar cambios a nivel institucional que se adapten a las nuevas realidades de la región, para alcanzar mejores resultados al implementar políticas sociales.
“En el marco de la estrategia social de CAF, para promover la inclusión y la equidad, la institución genera publicaciones sobre temas trascendentales para el desarrollo de la región tal y como la que hoy presentamos” aseguró José Carrera. “Estos aportes editoriales son herramientas que ponemos a disposición de nuestros países socios, para la definición de sus políticas públicas y como parte de la labor institucional y rol de centro de pensamiento independiente” agregó.
Por su parte, Olesker, dijo durante la presentación que hay tres claves en materia de políticas sociales, que son el acceso, el uso y la calidad de los servicios públicos sociales, y en Uruguay se ha avanzado mucho en el acceso que es “casi universal a nivel de salud y educación” que ha sido la “prioridad inicial del gobierno”, pero “ahora hay que profundizar en eliminar las limitaciones al uso y mejorar “la homogeneidad de la calidad” de los servicios.
Los autores del estudio, Horst Grebe y Ana María Sanjuán, sostienen “no es fácil lidiar desde la institucionalidad tradicional con la necesidad de reconstruir el Estado para democratizarlo, tramitar las urgencias y los nuevos modos de hacer política de los movimientos sociales, incorporar perspectivas de derechos y ciudadanía en sociedades polarizadas y entender que la exclusión social es mucho más difícil en su abordaje que décadas atrás”.
Por otra parte, la publicación señala que los países en los cuales el gasto público tiene un mayor efecto redistributivo son aquellos que desarrollaron en forma temprana los servicios sociales del Estado y que han logrado los mayores niveles de cobertura de sus servicios básicos de educación y salud: Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay.
Se destaca además que la falta de una perspectiva integral en las acciones sociales, promovidas a nivel oficial, conduce a contradicciones y profundiza la pobreza y la inequidad, indicando que el principio de universalidad afirma que los servicios sociales básicos que provee el Estado son más que servicios o mercancías, son derechos de los ciudadanos.
Asimismo, el trabajo apunta que para el avance de una política social de corte universal se requiere un “pacto fiscal” que eleve los ingresos públicos y torne la política tributaria en un instrumento más progresivo.
La publicación completa está disponible en http://www.caf.com/attach/15/default/politicas_sociales.pdf
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