Evaluación: Ruta Especializada para Víctimas del Conflicto Armado

Según estadísticas de la Unidad de Atención de Victimas, en Colombia se registran más de 8 millones de víctimas del conflicto armado, quienes, en su mayoría, son personas en condiciones económicas desfavorables y afectadas en las relaciones interpersonales y la salud física debido a su entorno. De este grupo, cerca de 80% tiene derecho a acceder a las medidas establecidas por la Ley 1448 de 2011, que señala la necesidad de ofrecer servicios con enfoque diferencial que permitan mitigar las barreras para la reincorporación de las víctimas a la sociedad civil.

El estudio para identificar los efectos de la RE en variables del mercado laboral como la colocación y los ingresos salariales de la población se realizó en las regiones de Antioquia y Bogotá.

Hallazgos por fase

En una primera etapa, se utilizó la base de datos de víctimas del SPE en las dos regiones seleccionadas, que hubieran sido parte de la Ruta Básica (el programa de empleo estándar del SPE), y se cruzó con información de SISBEN, para obtener una muestra de 8.101 personas en Bogotá y 8.668 personas en Antioquia. Para el experimento, ambos grupos se dividieron aleatoriamente en dos (control y tratamiento).

Posteriormente, se hizo el intento de contactar a las personas del grupo de tratamiento en cada ciudad, para realizar su caracterización socio laboral y ofrecerles el servicio de la Ruta Especializada.

En la primera fase, se ofrecieron servicios de orientación laboral a 90% de las víctimas asignadas al grupo de tratamiento, como Entrevistas de Empleabilidad, Pruebas de Matemáticas y Lingüística y diseño del Plan de Desarrollo Individual. Estos servicios, sin embargo, difieren entre regiones.

La segunda fase de la Ruta Especializada tuvo como objetivo prestar al menos un servicio asociado al cierre de brechas a 80% de las personas orientadas en la fase I, en particular entrevistas por competencias, clubes de empleabilidad y talleres de reinserción laboral.

Posteriormente, se definió la necesidad de ofrecer servicios de capacitación y reentrenamiento a 50% de las personas víctimas orientadas en la primera fase de la RE, garantizando que los servicios ofrecidos en esta etapa estuvieran enfocados en capacitaciones en competencias transversales y capacitaciones técnicas.

Por su parte, la última fase, la de certificación por competencias, consta en ofrecer orientación en la acreditación de cursos o estudios, tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que le dificulta a la población víctima el acceso al mercado laboral.

Resultados de la evaluación a los 6 meses

Seis meses después de finalizado el programa, no se han encontrado efectos de la intervención en las variables de empleo formal, salarios y probabilidad de empleo dependiente e independiente, lo cual, de acuerdo a la evidencia existente, es esperable, dado que este tipo de programas suele mostrar efectos entre uno y dos años después de finalizado. Un hallazgo importante es que pareciera que existe una baja demanda por parte del público objetivo respecto al programa, lo que pudiera reflejar una baja valoración del servicio, algún sesgo de comportamiento, o preferencias por el autoempleo.

Se recomendó actualizar y verificar la calidad de la base de datos de las víctimas con miras a las posibles mediciones a las 12 y 18 meses de la intervención, estudiar en profundidad los servicios ofrecidos por los operadores e incorporar un análisis cualitativo a los beneficiarios de la RE que permita entender con mayor detalle los impactos del programa.