Tras el azote del cartel naviero

Entre los años fiscales 2002 y 2008, los fletes marítimos pagados en Puerto Rico aumentaron en unos $200 millones u 8%, suponiendo una de las alzas más significativas que se han registrado en esa partida en décadas.

En contraste, en ese mismo período, el tráfico de contenedores se redujo en 4%, y en 28% desde su pico en el 2000.

La diferencia se aprecia, con algo de paciencia, en los datos estadísticos de la Junta de Planificación y la Autoridad de los Puertos pero, sin duda, debe ser tópico de análisis en la capital federal, pues tales cifras, supo Negocios, fueron solicitadas por la Oficina de la Contraloría General de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés), dependencia que examina el impacto de las leyes de cabotaje (Ley Jones) sobre la economía de Puerto Rico.

La discrepancia entre el aumento en tarifa y la reducción en volumen se produjo en el mismo período en que, según el Departamento de Justicia federal, al menos tres -Sea Star Lines, Horizon Lines y Crowley Liner Services- de las cuatro compañías de transporte marítimo que gestionan la carga entre Estados Unidos continentales y Puerto Rico se pusieron de acuerdo para fijar los precios por el transporte de bienes a la Isla.

Tales hechos son argumento para quienes abogan por revisar, modificar y hasta derogar las leyes de cabotaje, quienes entienden que el centenario marco institucional, en materia de transporte marítimo, es una de tantas problemáticas que hacen encallar la economía de la Isla.

En contraste, un líder sindical y un representante del sector de transporte marítimo sostienen que la derogación de la Ley Jones sería más adversa que asegurar la continuidad del estatuto, pues los escollos que enfrenta el sector están atados a otros factores como estructuras rígidas de tarifación y un crónico déficit comercial.

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