US$ 1.315 millones para operaciones en Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú

US$ 400 millones en programa de inversión social peruano.
US$ 200 millones para mejorar servicios de agua potable y saneamiento básico en Ecuador.
Para Colombia US$ 145 millones en infraestructura para el desarrollo.
US$ 70 millones en infraestructura vial boliviana.
US$ 100 millones para fortalecimiento del sector eléctrico costarricense.
US$ 400 millones para bancos brasileros

09 de julio de 2007

(Caracas, 9 de julio de 2007).- La Corporación Andina de Fomento (CAF) aprobó hoy operaciones por US$ 1.315 millones en beneficio de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú.

Enrique García, presidente ejecutivo de la CAF, explicó que estas operaciones obedecen a las prioridades de cada país y son consistentes con la agenda integral de desarrollo propuesta por el ente financiero multilateral, a través de la cual se persiguen tres objetivos fundamentales: estabilidad macroeconómica, eficiencia microeconómica y equidad social. Las aprobaciones efectuadas en esta ocasión están justamente destinadas a atender necesidades en estos ámbitos.

En el caso concreto de Bolivia, la CAF aprobó US$ 70 millones con el fin de financiar parcialmente la ejecución del Programa Vial la “Y de la integración”, a ser ejecutado por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). El programa en cuestión tiene como objetivo mejorar e incrementar la infraestructura vial boliviana, a fin de promocionar e incentivar la integración física nacional e internacional, lo cual se enmarca con la estrategia de Desarrollo Económico y Social, adelantada por el gobierno de ese país.

Brasil se vio beneficiado por aprobaciones de US$ 400 millones que se destinaron al incremento de Líneas de Crédito por US$ 200 millones a favor del banco Do Brasil y US$ 200 millones al banco Itaú S.A./Itaú BBA S.A., los cuales tienen como fin respaldar el comercio exterior, capital de trabajo y de inversión de las empresas en sectores de bajo riesgo y con alto valor agregado.

Por otro lado, la entidad multilateral aprobó a la República de Colombia US$ 145 millones destinados a mejorar la infraestructura para la competitividad mediante el apoyo a la construcción del Corredor Vial Bogotá-Puerto de Buenaventura, específicamente en el tramo final de llegada al puerto desde la población de Buga, obra que viene ejecutando el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Tomando en cuenta que se trata de una de las zonas más deprimidas de este país, lo cual explica en cierta forma la alta tasa de criminalidad que experimenta, la Corporación viene otorgando recursos no reembolsables a través de los Programas de Responsabilidad Social de la CAF, para desarrollo de capital humano a través de capacitación y formación en valores de dos mil jóvenes de Buenaventura.

El cuarto país beneficiado por los recursos de la CAF es Costa Rica, caso en el cual se aprobó un préstamo por US$ 100 millones a favor del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), empresa que dirige un sector estratégico para el desarrollo de Costa Rica y cuya responsabilidad fundamental es canalizar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica, así como proveer servicios de avanzada tecnología en comunicaciones. El programa aprobado se orienta al apoyo financiero en pro del desarrollo y ejecución de sus planes de inversión en el área de electricidad.

Por su parte, Ecuador captó recursos de la Corporación por un monto de US$ 200 millones, con el objetivo de financiar parcialmente el Programa de Saneamiento Ambiental para el Desarrollo Comunitario (Promadec), el cual será ejecutado por el Banco del Estado (BEDE) en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), entidades que canalizarán recursos a los municipios del país en donde se ejecuten proyectos relacionados con el objetivo primario del Programa, que estima mejorar la calidad de vida y condiciones de salubridad de 1.800.000 habitantes.

Finalmente, las aprobaciones a favor de Perú sumaron un monto total de US$ 400 millones, a fin de apoyar el Programa de Inversiones Sociales y de Infraestructura contra la Pobreza, plan sectorial social que ejecuta el gobierno de ese país suramericano. Tal y como expresó Enrique García “la idea es contribuir con la política del gobierno de apoyar la reducción de la pobreza extrema, con un enfoque de desarrollo humano integral y bajo el concepto de territorialidad, en el marco del proceso gradual de descentralización regional”.

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