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Enrique García, presidente ejecutivo de la CAF, explicó que “las aprobaciones realizadas responden a las prioridades establecidas por los países accionistas en materias de desarrollo social, descentralización, infraestructura y medio ambiente”. “Es un reflejo del apoyo oportuno y eficaz que la Corporación ofrece a Latinoamérica y que se enmarca en su gestión anticíclica para ayudar a la región a enfrentar los impactos de la crisis económica internacional”, enfatizó García.
“Todas las aprobaciones benefician al ciudadano latinoamericano – dijo el Presidente Ejecutivo del organismo financiero multilateral – haciendo especial énfasis en los proyectos dirigidos a poblaciones de menores recursos y mas vulnerables; y también mejoran la competitividad, en concordancia con la propuesta de desarrollo promovida por la CAF, basada en un modelo de crecimiento alto, sostenido y de calidad con mayor equidad e inclusión social”.
En el caso concreto de Perú, la CAF aprobó USD 600 millones para dos operaciones: un préstamo por USD 300 millones para la puesta en marcha del Tren Eléctrico Urbano de Lima; y una facilidad de financiamiento contingente, por USD 300 millones, para la atención integral de emergencias ocasionadas por fenómenos naturales. La primera será ejecutada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE) y la segunda por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Venezuela se vio beneficiada por una aprobación de USD 600 millones, destinados a financiar el Proyecto Termoeléctrico Termozulia III, el cual será ejecutado por C.A. Energía Eléctrica de Venezuela (Enelven), filial de la Corporación Eléctrica Nacional-Corpoelec. Tiene como objetivo financiar una nueva planta de generación térmica de ciclo combinada que aumentará la confiabilidad y autonomía del Sistema Eléctrico de Occidente y atenderá la creciente demanda del servicio en la zona.
La CAF también aprobó un préstamo por USD 400 millones, a favor de la República de Colombia, para contribuir con los esfuerzos del Gobierno Nacional en la profundización del proceso de descentralización. El organismo ejecutor será el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Para Argentina la CAF aprobó USD 275 millones que contribuirán al financiamiento del sistema de agua potable y alcantarillado del Gran Buenos Aires. El objeto es mejorar el acceso a estos servicios, por parte de la población de menores recursos de la ciudad capital y de 17 municipios de la Provincia de Buenos Aires. El ente ejecutor será Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).
En el caso de Ecuador se aprobó un préstamo por USD 250 millones que apoyará la ejecución de un conjunto de inversiones públicas prioritarias en el sector eléctrico, tendientes al mejoramiento, ampliación y optimización de la infraestructura del sector en las áreas de generación, transmisión y distribución. El ente ejecutor será el Ministerio de Finanzas.
Finalmente se aprobaron USD 100 millones a favor de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), con garantía de la República Oriental del Uruguay, para financiar el Programa de Inversión Pública en Infraestructura Vial que adelanta el Gobierno nacional. El ente ejecutor será la Corporación Vial del Uruguay (CVU), subsidiaria de la CND.
Nuevo mecanismo de financiamiento para proyectos de Energías Limpias
Adicionalmente y como una contribución a la mitigación de los efectos del cambio climático, se anunció la creación del Programa Especial de Financiamiento para Proyectos de Energía Limpia (Propel). El mismo promoverá la ejecución de proyectos de pequeña y mediana escala, en el sector de energías limpias, alternativas y de eficiencia energética en Latinoamérica.
“Desde la Corporación desarrollamos un importante compromiso con el medio ambiente, al generar estrategias específicas y concretar programas e iniciativas, a través del desarrollo de esquemas innovadores de financiamiento, que contribuyen a incrementar la inversión en el sector en los países de la región” finalizó García.
El Propel persigue solventar las dificultades de acceso al financiamiento a largo plazo que enfrentan los proyectos energéticos de pequeña y mediana escala, tanto a la escasez de recursos para este tipo de operaciones, como al nivel de sofisticación y altos costos relacionados a la estructuración financiera de los mismos.
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