Carlos Santiso
Director de Innovación Digital del Estado, CAF -banco de desarrollo de América Latina-
Este artículo también se publicó en Apolítical
En las burocracias, el papel es poder. Como parte de su transformación digital, los gobiernos buscan mejorar la eficiencia y la transparencia a través de la expansión de los servicios digitales y de las plataformas en línea. La ambición del gobierno digital es transformar los sistemas analógicos basados ??en papel que tradicionalmente se utilizan para interactuar con los ciudadanos, y con ello lograr que los servicios públicos funcionen mejor, más rápido, de manera más inteligente y más enfocados necesidades de los ciudadanos.
En enero de 2019, por ejemplo, Argentina se convirtió en un gobierno sin papel, con la digitalización de los procedimientos administrativos, la introducción de la identidad digital y la expansión de los servicios digitales. Este no es un logro pequeño considerando las raíces profundas de la cultura del papel en la burocracia argentina. En Chile, el nuevo gobierno de Sebastián Piñera se comprometió a no tener papeles para fines de este año.
Al no tener papeles, los gobiernos progresistas también pueden abordar la corrupción y eliminar la burocracia. Las nuevas tecnologías y los grandes datos ahora permiten a los reformadores del gobierno y a los analistas de la corrupción revelar, prevenir e incluso predecir prácticas corruptas que en el pasado podrían estar ocultas tras un velo de opacidad habilitada para el papel.
Con todo esto, la revolución digital está cambiando gradualmente las reglas del juego de la corrupción de tres maneras principales.
Primero, los reformadores en el gobierno pueden usar nuevas tecnologías para abrir al gobierno y fomentar la responsabilidad con datos procesables. Los gobiernos están abriendo sus datos, que son cada vez de mayor calidad y más oportunos, y los están incorporando a la política. A su vez, los activistas cívicos y las instituciones de supervisión los están utilizando para responsabilizarlos. Ciudades como México, Sao Paulo y Buenos Aires a menudo lideran este camino.
Sin embargo, más complejo ha sido abrir las bases de datos más importantes para frenar la corrupción, como los registros de propiedades, los datos de adquisiciones y los registros de empresas, de acuerdo con Open Data Charter.
Varios países también están recurriendo a las tecnologías de georreferenciación y visualización de datos, tales como monitorear las inversiones en infraestructura propensas a la corrupción, en México, Colombia y Paraguay. El BNDES los está utilizando para seguir el progreso de los proyectos financiados por el fondo de Amazon. Las agencias de auditoría están recurriendo a ellos para supervisar las obras públicas en Chile y Perú.
En segundo lugar, los reformadores en el gobierno pueden aprovechar las nuevas tecnologías para reducir la discrecionalidad, por ejemplo, en el procesamiento de permisos y licencias. De hecho, más allá de los grandes escándalos de corrupción, la corrupción burocrática pequeña sigue prevaleciendo en muchos países, con burocracias infladas y regulaciones bizantinas. Según Transparencia Internacional, en 2016 uno de cada tres latinoamericanos pagó un soborno para acceder a un servicio.
México, Perú, Brasil y Argentina están expandiendo sus servicios digitales a través de portales integrados de todo el gobierno. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para digitalizar los servicios públicos de extremo a extremo, como se señala en un informe reciente. La introducción de servicios digitales a menudo es resistida por intereses creados que temen perder empleos y beneficios.
Pero la digitalización de los procedimientos burocráticos bizantinos no es suficiente; los gobiernos deben simplificarlos y repensarlos para servir mejor a los ciudadanos. Los funcionarios públicos son a menudo las primeras víctimas del laberinto burocrático. Varios países están tratando de racionalizar sus burocracias para hacer que el gobierno sea más ágil y más inteligente. Este no es un desafío pequeño, ya que requiere un cambio de mentalidad para que las burocracias sirvan a los ciudadanos, y no al revés.
En este contexto, blockchain está generando mucho entusiasmo y esperanza como un antídoto anticorrupción. Posee características importantes que pueden ayudar a anclar la integridad en las burocracias, al asegurar la identidad, rastrear fondos, registrar activos y obtener contratos. La prueba de conceptos se está multiplicando en una amplia gama de áreas, como lo documenta GovLab de NYU, desde la restitución de tierras en Colombia, los contratos inteligentes en Chile y las transferencias de subsidios en Argentina.
En tercer lugar, las nuevas empresas gubernamentales basadas en tecnología y en datos también están ayudando a transformar al gobierno y, en algunos casos, a cuestionar el monopolio estatal sobre la prestación de servicios.
El surgimiento de nuevas empresas gubernamentales está permitiendo nuevas formas de co-creación de servicios públicos, especialmente a nivel de ciudad. Estas compañías más pequeñas y más ágiles están comenzando a tener un impacto, avanzando nuevas soluciones a viejas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, proporcionan una solución rentable para el análisis de datos como servicio a los gobiernos que están luchando para reclutar equipos de ciencia de datos.
La tecnología se ha convertido en el mayor aliado de la transparencia para lograr la integridad en el sector público. Junto con la resolución política, la revolución digital puede interrumpir la corrupción de una manera que nunca imaginamos posible.