Bibiam Aleyda Díaz
Ejecutiva Principal de Proyectos de Desarrollo Social de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-
La pandemia de la COVID-19 ha puesto en crisis a los sistemas educativos de América Latina, afectando el aprendizaje y desarrollo integral de millones de estudiantes, incluidos los niños y niñas más pequeños que asisten a escuelas y centros de atención a la primera infancia.
Sabemos también que la pandemia afecta de forma más grave a los niños y niñas que crecen en hogares de familias pobres y vulnerables, en los cuales no reciben el cuidado y la estimulación que requieren para su adecuado desarrollo mental, emocional y físico en esta etapa clave de su vida. Por ello, es esencial que las sociedades en su conjunto emprendan y potencien de forma decidida acciones que permitan cerrar estas brechas y asegurar que todos los menores tengan acceso a una educación temprana de calidad.
En este marco, un grupo de representantes de los ministerios y agencias responsables por la educación temprana de varios países de la región, expertos y representantes de organismos de sociedad civil y de cooperación, entre los cuales se encuentra CAF, viene trabajando desde 2016 en la definición e implementación de una Agenda Regional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, con la que se busca orientar los esfuerzos de los países para fortalecer de las políticas públicas de primera infancia desde cuatro ámbitos: intersectorialidad y financiamiento, calidad de los servicios, medición, y colaboración y alianzas.
En particular el segundo acuerdo de esta Agenda llama a los países a “fortalecer la gestión para una atención integral de calidad, pertinente y oportuna, dirigida a la primera infancia en los entornos donde transcurre su vida”.
A partir del análisis de las mejores experiencias de la región y de la evidencia disponible, este colectivo ha difundido recientemente 8 recomendaciones de acción para mejorar la calidad de la educación temprana: una visión de calidad, sistemas de aseguramiento de la calidad, fortalecimiento familiar, capacitación a las familias, medición de calidad, competencias y certificación, la revalorización del personal educativo y de cuidado de la primera infancia y un espacio de intercambio regional.
En primer lugar, definir una visión de calidad para la educación inicial, lo cual significa arribar a acuerdos legítimos y sostenibles a nivel nacional y entre actores estratégicos sobre cuales son las habilidades, conocimientos y actitudes que niños y niñas deben lograr en esta etapa de sus vidas, a través de una adecuada relación entre su aprendizaje y su desarrollo. Construir consensos sobre la importancia del cuidado, el amor y la protección para los más pequeños, sobre el lugar del juego en el aprendizaje y el desarrollo integral, y establecer condiciones mínimas para la atención, son algunos de los elementos claves de este visión.
Además, para implementar esta visión, es indispensable contar con sistemas de aseguramiento de la calidad que, como colectivos de representación intersectorial e interinstitucional, lideren el diseño de estándares de calidad para la prestación de los servicios de atención a la infancia, a la vez que establezcan los mecanismos para su implementación, monitoreo y evaluación.
El fortalecimiento familiar es la tercera recomendación, y consiste en incluir acciones orientadas a promover la calidad de vida de las familias como actores corresponsables del desarrollo infantil en los mecanismos de trabajo intersectorial. Esto implica reconocer como elementos fundamentales de la atención aspectos como la interculturalidad y la diversidad social del territorio, y promover la implementación progresiva de medidas para facilitar la distribución equitativa del trabajo del hogar y la mayor participación de los hombres en el cuidado parental.
Así mismo, la capacitación a las familias debe constituir un eje principal del trabajo en la educación inicial, lo que significa desarrollar programas para la formación, participación, y empoderamiento de las familias, desde una perspectiva en la que es la propia comunidad la principal agente de cambio para las familias que la componen. Estos programas deben basarse en evidencias y adaptarse a los contextos particulares de las comunidades, además de incluir a todos los miembros de la familia y adultos significativos implicados en la crianza.
La quinta recomendación se relaciona con la medición de calidad. Es fundamental que los países avancen en la institucionalización de mecanismos permanentes que midan la calidad de los servicios de educación inicial, para poder implementar la mejora continua y entender el impacto de los distintos programas. Estas mediciones deben incluir tanto los estándares estructurales como indicadores de procesos, y articularse a otros mecanismos de evaluación específicos. La medición de la calidad de la educación inicial debe entenderse como un proceso continuo, que cuente con las respectivas bases normativas y con recursos para su implementación. Debe partir de contenidos y objetivos claros, tanto para la medición como para el uso de los resultados, que deriven en los correspondientes planes de mejora integral y alimenten la toma de decisiones y las agendas de políticas públicas.
Contar con un marco de competencias y procesos de certificación para los profesionales y personal encargado de la atención de las niñas y niños, es también una recomendación de la Agenda Regional. El marco debe permear los currículos de la formación profesional inicial y de capacitación continua, y ser el referente para la definición de perfiles y los procesos de certificación y homologación de competencias. El desarrollo emocional y social, conocimientos del proceso de desarrollo de infantil, liderazgo adaptativo, manejo de herramientas para generar interacciones positivas y relaciones colaborativas con los padres, son algunas de las competencias a priorizar en dichos marcos.
La séptima recomendación tiene que ver con la revalorización del personal educativo y de cuidado de la primera infancia, en la medida en que se reconoce socialmente la importancia que tiene su rol en el propósito de brindar una educación inicial de calidad. Es importante que los países generen información sobre la efectividad de las prácticas pedagógicas de calidad para esta etapa, relevando y diseminando buenas prácticas y promoviendo la sensibilización social hacia el tema.
Por último, se recomienda a los actores públicos y privados involucrados en el cuidado de la primera infancia, mantener un espacio de intercambio regional, que facilite el intercambio permanente de conocimiento, la transferencia y adaptación de marcos de actuación que retroalimenten las políticas públicas nacionales, y a la vez cualifique la toma de decisiones en todos los niveles.
Producto de la actual crisis, los gobiernos de la región trabajan junto a organizaciones y actores de la sociedad civil involucrados en la educación temprana, para desarrollar diferentes planes de apoyo a docentes y familias. En este marco, las anteriores recomendaciones buscan orientar no solo a los gobiernos nacionales, regionales y locales, sino también al conjunto de actores involucrados en la generación de conocimiento y en la elaboración e implementación de políticas y programas para el desarrollo infantil, de manera que todos los esfuerzos realizados contribuyan de la mejorar forma posible a mitigar los efectos negativos que tendrán el confinamiento prolongado y las situaciones que hoy afectan la salud física y emocion
