Si preguntamos a los ministros de economía latinoamericanos qué debe hacer la región para ser más competitiva a nivel global, es muy probable que obtengamos la misma respuesta: invertir más y mejor en infraestructura, corredores logísticos e integración regional, y aumentar la productividad.
La explicación, argumentarían, está en que los proyectos de infraestructura tienen la capacidad de reducir los costos logísticos y de dinamizar la productividad entre países, al tiempo que desarrollan cadenas de valor gracias al intercambio comercial intrarregional e internacional.
Donde seguramente no encontraríamos el mismo consenso sería en qué proyectos deben priorizarse y en cómo recabar los fondos necesarios para llevarlos a cabo, especialmente porque cada país tiene intereses particulares, y porque en la última década los niveles de inversión en infraestructura no superaron el 3% del PIB anual, cuando deberían estar cerca del 5% para cerrar las brechas que nos separan de las economías más avanzadas.
Ante este contexto, si queremos convertirnos en una región económicamente competitiva y socialmente inclusiva, en los próximos años deberemos dar un salto evolutivo en nuestro entendimiento de la agenda de infraestructura de integración regional.
No se trata únicamente de crear infraestructuras y corredores logísticos para tener conexiones físicas, sino de que estas sean funcionales e integren diversos ámbitos de desarrollo, como clústeres productivos, ejes de interconexión, pasos fronterizos, áreas metropolitanas o puertos. Solo así será posible optimizar su función e incidir directamente en la productividad y la competitividad de los países de la región.
Canadá, Asia Central y Europa han logrado avances significativos en este terreno, y actualmente se están centrando en la digitalización de los corredores a través de tecnologías disruptivas, y con ello están logrando, entre otros, reducir los costos de transporte de mercancías.
En Latinoamérica la situación es diferente. La digitalización de corredores es limitada, especialmente cuando investigamos los corredores plurinacionales, y los ejemplos en logística de carga están limitados a los accesos a los puertos más importantes, como Santos, Panamá y Cartagena.
Esta situación refleja la necesidad de una mayor determinación y coordinación de los actores para generar una acción más coordinada que implique un mayor impacto en la productividad y la competitividad de los países, y que priorice la funcionalidad de las infraestructuras.
La región tiene un largo camino por delante, y deberá abordar las necesidades de inversión desde esta nueva perspectiva. En los sectores de transporte y telecomunicaciones, por ejemplo, en los próximos 10 años se requerirán inversiones de $117 mil 850 millones. Por otro lado, en América del Sur se deben ejecutar 453 proyectos de integración de transporte, telecomunicaciones y energía, por un total de $163 mil 291 millones. Además, hacia 2040 se estima que el sector portuario y el aeroportuario requerirán una financiación combinada de unos $100 mil millones.
A nivel de países, según Infralatam, en 2015 Bolivia fue el país latinoamericano con la tasa de inversión en infraestructura más alta, con el 8.4% del PIB, mientras que Perú invirtió el 6.9%, Colombia el 6.4%, Panamá el 4.5%, Chile 3.1% (en 2014), Argentina, Uruguay y Brasil alrededor del 1.6%, y México el 1.4%.
Queda claro que ante las modestas perspectivas de crecimiento de la región para los próximos años, los gobiernos tienen que revisar sus estrategias de planificación y de gastos, manejar los recursos con mucha más eficiencia que en la última década y, sobre todo, priorizar proyectos que aporten valor agregado, contribuyan a la integración nacional y regional, y sean funcionales.
Para tratar de manera detallada estos temas y otros relacionados con la agenda estratégica de desarrollo de infraestructura regional, además de identificar oportunidades de inversión para el sector privado español y Europa en general, la Conferencia CAF sobre infraestructuras reunirá en Madrid, el próximo 16 de julio, a gobiernos, empresarios y sociedad civil para generar consensos y armonizar políticas sectoriales para el desarrollo de nuestra región.
Históricamente ha sido difícil construir los consensos necesarios para desarrollar grandes proyectos de infraestructura de integración regional. Pero lo que hoy todos los actores tienen claro es que sin un stock de infraestructura apropiado, difícilmente se pueden implementar políticas de desarrollo social eficaces, ni alcanzar índices de crecimiento económico sostenido. Por eso, en América Latina la solución pasa por replantear la función de la infraestructura.
