Guilherme Dominguez
Brasil es un país de dimensiones continentales. Es una economía dinámica a pesar de sus altibajos y, al mismo tiempo, aún vive con el flagelo de la desigualdad. Casi la mitad de la población sigue sin tener acceso a los servicios básicos de saneamiento pero más de 90% de los hogares sí poseen celulares. Además de tener su Estado organizado dentro de la clásica tripartición de poderes (ejecutivo, judicial y legislativo), posee tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) que a menudo se solapan en sus atribuciones y competencias. Cuenta con una estructura compleja de control administrativo que a menudo se superpone, como en el caso de las responsabilidades de diferentes tribunales de cuentas e instancias del Ministerio Público.
Los rankings internacionales posicionan a Brasil como uno de los países más emprendedores del mundo. Según la Asociación Brasileña de Startups, en 2019 había más de 12 mil empresas en el sector de tecnología y startups, y recientemente ha habido un importante crecimiento de “unicornios”. Por otro lado, y de manera sistemática, la economía digital y el sector tecnológico están creciendo significativamente, lo cual contrasta con la desaceleración de la economía en los últimos años. El sector GovTech es parte de este movimiento.
En 2017, solamente el gobierno federal comprometió más 1.000 millones de dólares en gastos de tecnología para el sector público destinados a la adquisición de hardware, software y servicios afines. Esta cifra refleja la relevancia y el impacto que la tecnología tiene, incluso financieramente, en el presupuesto público del gobierno federal. También demuestra el dinamismo de un mercado aún en desarrollo, pero que rápidamente se está expandiendo. Se trata del mercado de las startups destinadas a mejorar la prestación de los servicios públicos con el uso masivo de nuevas tecnologías, reduciendo costos y aumentando la eficiencia del aparato público, son las denominadas startups GovTech.
Actualmente no existe un campo más fértil y con mayor impacto social que la resolución de los problemas públicos a través del uso de tecnología. Se trata, por ejemplo, de reducir el tiempo de espera para acceder a un servicio público determinado, o de aumentar la celeridad y calidad de las decisiones del poder judicial. Por lo tanto, no tiene sentido pensar en la existencia de un ecosistema GovTech sin una mayor apertura de parte de los gobiernos -a todos sus niveles- para adoptar la tecnología. Esto significa que los procesos de contratación pública ya no se pueden pensar exclusivamente desde el punto de vista del precio más económico. Es necesaria una mejora institucional y regulatoria que evolucione de la mano de los emprendedores y empresarios que están centrados en la resolución de problemas públicos, respaldados por una red de inversionistas.
Un reciente estudio de CAF -banco de desarrollo de América Latina- concluyó que la alineación entre los diferentes actores de un ecosistema GovTech ha evolucionado rápidamente en Brasil y ha sentado las bases del ecosistema. Se están llevando a cabo esfuerzos importantes para mejorar el entorno regulatorio y, así habilitar la innovación en el gobierno. En 2011 se promulgó la Ley de Acceso a la Información, luego se estableció el Marco Civil de Internet, seguido de los cambios en 2016 en la Ley N° 10973/04 de Innovación Tecnológica, concluyendo con la formulación de la Estrategia Brasileña para la Transformación Digital (E-Digital) en 2018, con implicancias específicas para el gobierno. Por lo tanto, hubo una mejora en el entorno regulatorio para estimular la innovación, especialmente mediante nuevas alianzas público-privadas, incluso con la participación de la sociedad civil organizada, como hace BraziLAB, un hub de innovación que conecta municipalidades con startups GovTech a partir de su programa de aceleración.
Asimismo, es promisoria la creación de laboratorios de innovación en los gobiernos, federal y subnacionales, para desarrollar nuevos enfoques para la solución de los problemas públicos, incluyendo la búsqueda de soluciones a través de startups. Por ejemplo, a nivel federal, está el Gnova Lab, a nivel estatal, el LAB.Ges del gobierno de Espírito Santo. Mientras que a nivel municipal está el Mobilab de la ciudad de São Paulo. Hasta los órganos de control se insertan en este contexto, como es el caso del Colab-i del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) o el InovaMP, del Ministério Público en Rio de Janeiro.
Adicionalmente, también es notoria la difusión de programas de retos públicos (convocatorias) a nivel estadual para la búsqueda de soluciones innovadoras por parte de startups, como el Pitch Gov SP y el Just Pitch (Festival de Innovación Abierta de Justicia Federal de São Paulo). Este movimiento ha llegado incluso al Gobierno Federal en donde se debate actualmente acerca de la creación de un mecanismo legal que formalice esta metodología de desafíos públicos, con la posibilidad de contratar directamente pruebas exitosas. Se está considerando enmendar la Ley de Licitación, o crear un Marco legal de Startups y Emprendimiento Innovador, con un capítulo específico sobre contratación pública para la innovación. Estas iniciativas tienen como propósito definitivamente fomentar el crecimiento de startups GovTech mediante el impulso de la compra estatal.
En este contexto, llegó el momento de que la iniciativa privada acelere su participación en la promoción y el desarrollo del ecosistema GovTech brasileño, el cual tiene un potencial de mercado infrautilizado. Según el estudio realizado por CAF, 64 startups Govtech están actualmente, de manera más destacada, ofreciendo servicios a entidades públicas, la mayoría de ellas con sólo tres a cuatro años de existencia, y muchas sin dedicarse exclusivamente a gobiernos. No existe aún un fondo de inversión dedicado exclusivamente a las Govtech, ya sea de bancos públicos o privados, y existen pocas aceleradoras o incubadoras dedicadas exclusivamente a esta agenda específica. En este tema es crucial la labor de BrazilLAB, que a lo largo de cuatro años de existencia ha tenido más de 80 startups participando de sus programas de capacitación y ha generado impacto en miles de emprendedores y gerentes públicos con sus actividades dedicada a promover la innovación y el uso de la tecnología en el gobierno.
Por todas estas razones, el terreno es fértil. Ha llegado el momento de movilizar recursos financieros y potenciar la incubación de soluciones promisorias, y esperar la cosecha, que puede beneficiar a 210 millones de brasileros ofreciendo mayor transparencia, eficiencia y mejores servicios públicos desde el Estado.
