Jorge Arbache
Vicepresidente de Sector Privado, CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-
Se estima que, en condiciones normales, la mayoría de las pymes de América Latina cuentan con recursos propios para hacer frente a costos fijos hasta un máximo de treinta días. Por tanto, parece razonable suponer que una buena parte de esas pymes podrían entrar en avería técnica durante la crisis del Covid-19, poniendo en riesgo a millones de empresas y paralizando las cadenas de pago, lo que amplificaría los efectos adversos de la crisis.
En este contexto, muchos gobiernos de la región han implementado programas públicos de apoyo empresarial de emergencia. Los programas desbloquearon el crédito al ofrecer líneas de crédito parciales y garantías, programas de aplazamiento de deuda, obligaciones financieras e impuestos y programas de apoyo temporal a la nómina.
Los programas generaron nuevas oportunidades a las empresas que padecían problemas de liquidez, hecho que fue crucial para mantener el empleo y el tejido productivo. Pero los cambios en las condiciones del mercado asociados con la crisis, como los cambios tecnológicos y los patrones de consumo e ingresos, y las incertidumbres sobre la duración y el formato de la recuperación económica, la posibilidad de una segunda ola de infecciones y las incertidumbres sobre la disponibilidad de la vacuna, han complicado aún más la situación de muchas empresas. De hecho, en medio de una crisis sin precedentes como ésta, puede resultar difícil diferenciar la falta de liquidez de la insolvencia incluso en empresas que presuntamente eran sólidas incluso antes de la crisis.
Parece razonable suponer que parte de las empresas beneficiarias de programas públicos puedan tener problemas de solvencia más adelante, probablemente después de que finalicen los períodos de gracia para el financiamiento de emergencia y pago diferido de deudas e impuestos, lo que podría convertirse en una trampa para la recuperación económica. Después de todo, los programas de emergencia pueden posponer, pero no evitar, eventuales quiebras de la empresa.
El problema es que la supervivencia de esas empresas no es neutral y puede comprometer la competitividad de otras empresas con las que hacen negocios; ser una barrera de entrada para nuevas empresas y para el crecimiento de empresas que han ingresado al mercado; dificultar el aumento de la productividad media de la economía; afectar las finanzas y los fondos de garantía pública; y deteriorar la calidad de la cartera crediticia de los bancos, comprometiendo los balances y requiriendo un aumento de las provisiones, lo que podría afectar la disponibilidad de fondos y el apetito de riesgo para nuevas operaciones crediticias en el futuro.
Un estudio global del PIB sugiere que el 50% de las empresas enfrentarán problemas de servicio de la deuda el próximo año. No sería exagerado conjeturar con que esta proporción podría ser aún mayor entre las pymes de la región.
Todo esto apunta a la utilidad de contar con una especie de “clave de crédito”, que destinaría recursos a las empresas de forma racional y eficiente para promover una sana recuperación. Pero lamentablemente, el mundo es mucho más complicado. Al fin y al cabo, en un contexto tan hostil como el actual, puede haber muchos falsos positivos y falsos negativos en la identificación de debilidades y condiciones de supervivencia de las empresas.
El tema se vuelve especialmente preocupante cuando se toma en cuenta la realidad de la mayoría de las pymes de la región, para las cuales las dificultades de acceso al crédito y los mercados y los problemas de capacidades, de gestión y deficiencias tecnológicas son la norma y ??no algo propio de períodos de crisis.
¿Qué hacer en este contexto? Por supuesto, no hay un conjunto único de recomendaciones, ya que las medidas dependen de las condiciones específicas de cada país, incluida la etapa de la crisis de salud, el espacio fiscal, el sistema financiero y las instituciones. Sin embargo, hay puntos de interés general.
Será especialmente útil avanzar hacia métodos más sofisticados para conocer e identificar los problemas de las pymes para darles un tratamiento crediticio adecuado. En este sentido, bases de datos innovadoras como las que utilizan las fintechs, por ejemplo, podrían utilizarse como herramientas adicionales de evaluación crediticia.
Las intervenciones públicas podrían apuntar a la sostenibilidad de la recuperación empresarial. En este sentido, el apoyo de los programas de emergencia podría estar condicionado a la participación activa de las empresas en los programas de formación de recursos humanos, la mejora de la gestión e incorporación y uso de nuevas tecnologías, especialmente las asociadas a la transformación digital, con el fin de reducir costes y aumentar la productividad y la competitividad.
Otras recomendaciones incluirían canjes de deuda, titulación de carteras de pymes y reformas de las leyes de quiebras, que son en gran medida ineficientes y precipitan la quiebra de empresas solventes y viables, pero que enfrentan problemas de liquidez.
Finalmente, una eventual orientación limitante en el acceso al crédito que podría conducir a la ruptura de las pymes debería ir acompañada de programas de ingresos mínimos y empleos de emergencia, con el fin de mitigar el aumento del desempleo y la pobreza y generar ingresos para apoyar la reanudación de la economía.
La buena noticia es que la crisis de salud ya está bajo control en varios países, las economías de la región ya han comenzado a dar señales de recuperación y las políticas de emergencia están dando tiempo a los bancos para reforzar sus reservas de liquidez para cubrir necesidades potenciales. Muchas incertidumbres, pero hay algo cierto: la gestión adecuada y oportuna del crédito será el factor determinante para que la economía vuelva y se mantenga por buen camino.
