Oswaldo López
Economista principal de CAF en Brasil
La Amazonía es quizás la pieza más importante de Brasil para la opinión pública mundial, al ser un inmenso bosque tropical con influencia crítica en el ciclo del carbono y de vital contribución en la reducción del calentamiento global. Sin embargo, su creciente deforestación ha generado una enorme presión internacional sobre el país, en la medida que una quinta parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero se generan en la tala de árboles. Según datos del INPE- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones, entre el 1 de agosto de 2021 y el 31 de julio de 2022 la deforestación en la Amazônia Legal alcanzó la segunda mayor medición anual de los últimos catorce años, alcanzando un área equivalente a siete veces el tamaño de la ciudad de São Paulo (11.568 Km2).
Abordar la reducción de la deforestación amazónica dista de ser una tarea sencilla, debido a los condicionantes que operan sobre la dinámica económica de este territorio. El Norte (que contiene la mayor parte de la Amazonía brasileña) es una de las regiones más rezagadas en términos productivos y sociales de Brasil, con fuertes déficits de inversión y de capital humano. A pesar de ocupar el 45% del territorio nacional, la región Norte apenas es responsables por el 5,5% del PIB nacional. Las entidades norteñas tienen las tasas de urbanización más baja del país, padecen de grandes deficiencias en la calidad de los servicios públicos, sus habitantes presentan el segundo PIB per cápita más bajo de la nación, además de una alta concentración de la renta, lo que socava la construcción de un entorno productivo saludable.
Un agravante a estos datos económicos es la baja vinculación de su PIB con las actividades denominadas “verdes”, es decir, aquellas que pueden desarrollarse de manera compatible con la vida de los bosques. Antes de la pandemia, entre 2017 y 2019, sólo el 7% de los productos exportados por los estados amazónicos provinieron de actividades verdes. La región padece de los problemas derivados de una frágil institucionalidad, explotación de actividades ilícitas y severos conflictos por la propiedad de la tierra. Estas dificultades también inciden en la elevada informalidad del mercado laboral. En 2019, los trabajadores sin contrato formal representaban cerca del 60% de la fuerza laboral ocupada, nivel aproximadamente 20 p.p. por encima del promedio nacional (40%).
En este ámbito, los ingresos de los pobladores de la Amazonía brasileña han terminado configurando una alta dependencia a los fondos del Estado. En 2019, los recursos procedentes de programas sociales constituían el 35% de los ingresos del 20% de los hogares más pobre de la región Norte, mientras que estas ayudas representaban el 15% de las rentas de los brasileños de similares ingresos en otras regiones (Alfenas, 2020).
En este contexto, resulta difícil imaginar que bajo el actual marco económico-institucional pueda generarse orgánicamente en la Amazonía brasileña una agenda de protección ambiental capaz de canalizar los potenciales recursos que procedan de la comunidad internacional. Aquí se torna crucial la intervención del Estado, con el diseño de políticas públicas orientadas a transformar progresivamente el entono productivo de la región hacia un esquema ambientalmente sostenible, donde se fortalezca la creación de puestos de trabajo formales cada vez menos dependientes de las actividades extractivas ilegales y que ofrezcan una base sólida de ingresos a sus habitantes.
Una de las áreas donde la política pública tiene un espacio más promisorio es en el fomento de la economía verde. A pesar de detentar la mayor parte del bosque tropical más importante del mundo, la Amazonía brasileña cuenta con modestos avances en la producción y exportación de productos compatibles con el medio ambiente. Este descalce puede atribuirse a una falla de mercado, donde iniciativas económicas privadas per se no pueden asumir los altos costos iniciales para la investigación, desarrollo y comercialización de productos verdes.
Aquí, pudieran ser efectivos los subsidios gubernamentales para incentivar a las empresas a producir productos y servicios verdes, subsanando una barrera de entrada para la inversión privada en este sector. También, la función coordinadora de los distintos niveles de gobierno luce fundamental para facilitar la inserción del sector exportador verde local a las grandes cadenas de valor global. Muchas de las trabas para desarrollar el sector exportador de productos verdes se encuentran en las dificultades que tienen los agricultores locales para adaptarse a las normativas sanitarias de los mercados globales, terreno donde las labores de coordinación y formación de los organismos del Estado puede ejercer una importante contribución. Por ejemplo, los productores necesitan acceso a conocimientos sobre sus productos y técnicas de elaboración adecuadas, mano de obra capacitada, inteligencia de mercado y campañas de promoción comercial, actividades que pueden posibilitarse con la articulación del Estado.
Este tipo de interacciones resultaron exitosas en varias experiencias de la agroindustria en otras regiones del país, las cuales pudieran ser “exportables” para el Norte amazónico, como fue el caso del mapeo genético del árbol de eucalipto para la producción de celulosa desarrollada por la estatal de conocimientos Embrapa (Grattapaglia 2001 y Damiani 2003) o la cooperativa de productores de caña de azúcar, azúcar y etanol conformada para enfrentar los desafíos que las nuevas regulaciones de calidad y seguridad alimenticia en el estado de São Paulo (Coslovsky 2013).
La construcción de un modelo de crecimiento para la Amazonía debe contemplar las responsabilidades de todos los niveles de gobierno, las demandas sociales de sus pobladores (incluyendo la importante población indígena), los incentivos económicos para el sector privado y, por supuesto, la atención cuidadosa a las demandas de una mayor protección ambiental conminadas por la comunidad internacional.
En este contexto, CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe teniendo como uno de sus objetivos fundamentales convertirse en el banco verde de la región, puede contribuir a materializar el cambio de paradigma económico en la Amazonía brasileña, desde un sentido esencialmente extractivo hacia una visión más verde y sustentable. El financiamiento a la investigación y generación de conocimiento puede ser la llave de entrada para este nuevo desarrollo productivo. De esta manera, Brasil entraría en una ruta inequívoca de reducción de la deforestación amazónica de la mano de un modelo de desarrollo económico y social realmente inclusivo en este territorio.
