Anabella Abadi
Anabella Abadi es ejecutiva de la Dirección de Evaluación de Impacto y Aprendizaje de Políticas de CAF
Los estudios rigurosos que pueden aportar información útil y relevante para mejorar las capacidades institucionales de los organismos públicos implican una importante inversión de recursos y en horas de trabajo. Por ejemplo, producir el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) que CAF-banco de desarrollo de América Latina- publica anualmente, toma dos años desde el momento en que se discuten posibles temas de investigación hasta que se publica. Sin embargo, lograr que los contenidos de aprendizajes de política permeen en las complejas redes de la administración pública puede ser aún más desafiante.
Mucho del contenido de calidad y de evidencia rigurosa tiene un formato poco amigable -ya sea por su extensión o por el tipo de lenguaje usado-, es pago y/o se publica en un idioma distinto al español. Incluso, en una encuesta a 270 científicos levantada por el portal VOX en 2016, entre los siete principales problemas que enfrentaba la ciencia en su intento influir en la política pública estaban los llamados paywalls o muros de pago que limitaban el acceso al conocimiento científico; y lo mal comunicados que eran los hallazgos científicos.
Incluso si se superan estas barreras, todo contenido de conocimiento publicado en Internet debe competir con los miles de contenidos de distinto tipo -incluyendo los fake news. Por ejemplo, cada minuto del año 2019 se publicaron 511.200 Tweets, 55.140 fotos en Instagram, casi 1.600 blog posts en WordPress y más de 500 horas de video en Youtube. Además de que las horas del día no alcanzan para poder acceder y conocer todos estos contenidos, los sesgos cognitivos de nuestros procesos mentales limitan la cantidad de información que podemos captar, almacenar y recordar.
En pleno auge de la era de la posverdad y del “Truth Decay”, se ha ido difuminando la línea entre los hechos y la opinión, disminuyendo la confianza en las fuentes de información fáctica antes respetadas. Ejemplo claro de esto es, por ejemplo, la negación del cambio climático, cuando hay importante evidencia de la influencia de la actividad humana sobre el sistema climático y de la necesidad de implementar un enfoque preventivo.
Todo esto, más que acercar el conocimiento a quienes más lo necesitan, lo alejan y lo convierten incluso en un producto poco atractivo.
Acercar la evidencia de políticas exitosas (y fracasadas) a los funcionarios públicos de la región es tarea obligada para los bancos de desarrollo, pues hay estudios que demuestran que pueden llegar a influir sus decisiones. Por ejemplo, un estudio experimental de Hjort, Moreira, Rao y Santini (2019) en 2.150 municipalidades de Brasil permitió concluir que proporcionar información sobre políticas sencillas, de bajo costo y efectivas a Alcaldes, aumentó en 10% la probabilidad de su adopción.
Los canales de difusión tradicionales son un excelente punto de partida. Por ejemplo, en Scioteca, la biblioteca virtual de CAF, se consiguen centenares de contenidos de calidad en más de 100 materias especializadas, incluyendo -por ejemplo- agua y saneamiento, desarrollo rural, evaluación de impacto, integración, movilidad urbana, seguridad, transparencia y negocios verdes. Incluso, para diciembre de 2019, CAF había traducido al español y publicado 122 contenidos de evidencia rigurosa en distintos formatos -incluyendo resúmenes de mapas de evidencia- generados por nuestros aliados en 3ie, BIT y The Campbell Collaboration.
Un siguiente paso debería ser considerar otras plataformas de libre acceso y de amplio alcance; y por supuesto, lograr instaurar culturas de aprendizaje y de gestión de conocimiento a lo interno de las instituciones públicas, para que aprovechen, además del conocimiento generado por terceros, los conocimientos generados en el quehacer diario. Esto último resulta particularmente complicado en el contexto latinoamericano, en el cual prevalecen los intereses políticos por encima de los técnicos. Esto queda claramente reflejado en los resultados de la Encuesta de Innovación y Aprendizaje en la Gestión Pública, impulsada por CAF y el CLAD en 2018 y aplicada a 2.160 funcionarios públicos de la región: si bien casi 70,3% de los funcionarios encuestados consideran que el conocimiento técnico y científico debería ser la principal influencia al momento de diseñar y ejecutar políticas, sólo 30% percibía que era así. En contraste, mientras menos de 10% de los encuestados considera que los intereses políticos, electorales y partidistas deberían ser la principal influencia al momento de diseñar y ejecutar políticas, poco más de 37% percibía que era así (esto sin contar a poco más de 17% de encuestados que consideraba que el principal factor de influencia era el mero criterio personal de los decisores).
En el área del desarrollo, los esfuerzos de investigación no sirven de mucho si sus resultados no se logran colocar en las manos y en las mentes de quienes toman decisiones de políticas pública. Y los desafíos que esto representa se multiplican exponencialmente, dada la velocidad con la que crecen los contenidos que se comparten en el mundo y la velocidad con la que los ciudadanos exigen respuestas por parte de los funcionarios públicos. Esta es una dinámica en constante evolución, y por eso debemos hacerle seguimiento y retroalimentar nuestros procesos de divulgación de conocimiento.
