Christian Daude
Director de Investigaciones Socioeconómicas
Luego de décadas de volatilidad, crisis y altos niveles de pobreza y desigualdad, la primera década de este siglo marcó un punto de inflexión para América Latina. El crecimiento chino y el aumento de la demanda de materias primas, el despliegue de políticas para combatir la pobreza y las mejoras educativas elevaron los ingresos, particularmente los de los más pobres. Entre el año 2000 y el 2018 los latinoamericanos que vivían con menos de 4 dólares al día se redujeron a más de la mitad (pasaron del 33% a menos del 15%), y las clases medias crecieron a niveles históricos.
Pero la crisis del COVID-19 amenaza con deshacer estos avances. Por un lado, el crecimiento económico se desaceleró hace ya varios años, disminuyendo el ritmo de estas mejoras sociales. Por otro lado, el grupo de personas vulnerables –quienes tienen ingresos suficientes para no ser pobres pero cuentan con pocas herramientas para hacer frente a impactos externos negativos– se mantuvo relativamente constante en un 33% durante las últimas dos décadas.
Actualmente las más de 210 millones de personas vulnerables en América Latina están en riesgo de caer nuevamente en la pobreza. No disponen de ahorros para hacer frente a la pérdida repentina de ingresos, tienen niveles educativos relativamente bajos y viven en ciudades con alta densidad poblacional –muchas veces hacinados y con poco acceso a servicios públicos de calidad–, lo que les expone al contagio del virus. A su vez, casi el 50% de los trabajadores latinoamericanos son informales y tienen un acceso limitado a los sistemas de protección social. De hecho, más de un tercio de la población de la región no está en la órbita de los programas públicos de protección social.
Al igual que en otros países, los gobiernos latinoamericanos deberán compensar a los grupos vulnerables por la pérdida de empleo e ingresos que generan las medidas de confinamiento. Sin embargo, además del reducido espacio fiscal de muchos países, dos aspectos estructurales amenazan la efectividad de estas políticas.
Por un lado, salvo algunas excepciones, las capacidades estatales son bajas. Faltan tecnología, capital humano y sistemas informáticos integrados, tanto para llegar rápidamente a los 240 millones de excluidos de la red de protección social como para mejorar la vigilancia epidemiológica y la capacidad de testeo. Estas debilidades institucionales también están presentes en los sistemas de compras públicas, donde la emergencia requiere actuar rápidamente, pero la ausencia de controles ex post aumenta muchas veces las oportunidades de corrupción.
Por otro lado, las normas culturales, particularmente la confianza en las instituciones del Estado, son importantes ahora y más adelante, ya que para el éxito de las medidas se requiere de la colaboración voluntaria de las personas. Por ahora, los datos de movilidad que surgen de los sistemas de transporte y de aplicaciones de telefonía celular en las ciudades latinoamericanas sugieren que las personas están acatando las medidas de confinamiento y distanciamiento social. Sin embargo, es necesario reforzar las medidas fiscales para amortiguar el impacto negativo sobre los pobres y los vulnerables. Los niveles de colaboración que se observan actualmente pueden revertirse rápidamente con grandes costos.
Estos aspectos estructurales no pueden modificarse de un día para otro, pero los gobiernos sí pueden actuar para mitigar sus efectos más nocivos. Por ejemplo,, como se ha hecho en varios países, se puede ampliar la cobertura y el monto de los programas existentes de asistencia social, como los programas de transferencias monetarias (condicionadas y no condicionadas), las pensiones sociales y programas de soporte alimenticio. Adicionalmente, para identificar a partes no cubiertas de la población y asistirlos con transferencias monetarias, se puede combinar información administrativa de diferentes dependencias, con han hecho Argentina y Perú, por ejemplo. También será necesario avanzar en el gobierno digital y usar datos administrativos para mejorar el diseño de políticas públicas. Lograr soluciones concretas en áreas prioritarias para la crisis sanitaria es posible. Y por último, los países de América Latina pueden introducir mecanismos de transparencia y control ex post, así como buscar la colaboración de los organismos internacionales para asegurar que los recursos sean usados correctamente.
Implementar estas medidas de manera eficiente se ha convertido uno de los retos más trascendentes de los Estados latinoamericanos en las últimas décadas. Es un hecho que el COVID-19 generará un fuerte impacto socioeconómico, pero debemos preservar los avances sociales cosechados en épocas de bonanza económica para evitar un retroceso histórico sin precedentes.
