Matías Italia
Oficial de la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas
Este blog está escrito por Pablo Brassiolo y Matías Italia.
Las innovaciones tecnológicas propician oportunidades de empleo en nuevas modalidades que distan de la típica relación empleado-empleador, a tiempo completo y plazo indefinido. Un ejemplo son los trabajos de plataformas digitales, esto es, actividades en las que la conexión entre la demanda y la oferta de servicios laborales está mediada por una plataforma en línea. Estas plataformas abarcan una diversidad de arreglos contractuales entre los distintos agentes involucrados, que van desde servicios que se proveen localmente —ejemplos típicos son los servicios de transporte (como Uber) y de entrega de productos (como Rappi)— hasta servicios que se transan y se proveen en línea —típicamente la contratación de tareas específicas (como Amazon Mechanical Turk) y servicios especializados (como Upwork).
Estos trabajos, aunque relativamente nuevos, están ganando presencia dentro del empleo total. Según datos de una encuesta realizada en 11 mil hogares de 11 ciudades de América Latina (ECAF 2019), en promedio, el 9,4 % de los trabajadores consultados declaró haber prestado un servicio a través de una plataforma en el último mes, mientras que el 6,7 % estaba registrado como proveedor en una plataforma, sin haber prestado ningún servicio en ese periodo. Es decir, alrededor del 16 % de los ocupados puede catalogarse como trabajador de plataforma activo o potencial. Las ciudades donde este total es mayor son Ciudad de Panamá (23 %), Bogotá (20 %) y Quito (19 %).
Además, entre los trabajadores que prestaron servicios por medio de una plataforma en el último mes, el empleo de plataforma constituye una actividad principal en el 41 % de los casos. Los datos también señalan que los trabajadores de plataforma tienden a ser más jóvenes que el resto de los ocupados, que es más probable que sean hombres y que hayan alcanzado un mayor nivel de educación formal.
La flexibilidad que ofrece el empleo de plataformas —respecto del tiempo, el horario, el lugar u otros aspectos de la organización del trabajo— puede alentar la participación laboral de grupos de trabajadores para quienes este beneficio tiene más valor. Este podría ser el caso de personas que buscan compatibilizar el trabajo en el mercado con responsabilidades familiares o de cuidado, y en general de quienes tienen salarios de reserva que pueden variar en función del día de la semana o incluso de la hora del día.
Esta ventaja del empleo de plataformas se contrapone con el riesgo de un menor acceso a los beneficios de los esquemas de protección social, debido a que en general se lo considera empleo independiente y, por lo tanto, no sujeto a los beneficios del empleo en relación de dependencia. ¿Están los trabajadores de plataforma más o menos afiliados a los esquemas de protección social?
En el Reporte de Economía y Desarrollo 2020 de CAF (RED 2020) nos hacemos esta pregunta y encontramos dos resultados (Grafico 1). Primero, el nivel de formalidad de los trabajadores de plataforma tiende a ser mayor que el de trabajadores similares que no utilizan plataformas digitales. Esto es evidente en el caso de los autoempleados, pero también ocurre, aunque en menor medida, en el empleo asalariado. Esta mayor formalidad de los trabajadores de plataforma no se explica por diferencias educativas, ya que las diferencias se mantienen al comparar entre individuos con el mismo nivel educativo. Segundo, dentro de los trabajos de plataforma, las tasas de formalidad de aquellos que concretan su actividad laboral en línea son mayores que las de quienes entregan o realizan sus servicios en persona.
Esta mayor propensión a la formalidad de una modalidad de empleo que se encuentra en franco crecimiento ofrece una oportunidad para mejorar el financiamiento de los esquemas de protección social. Parte de esa mayor formalidad podría estar relacionada con una fiscalización más fácil de las actividades mediadas por plataformas digitales. Esta facilidad de fiscalización ayuda a lidiar con dos problemas clásicos que dificultan la incorporación de los trabajadores autónomos a los regímenes contributivos: la dificultad para determinar la base para el cálculo del monto de las contribuciones y las posibilidades de subdeclaración de los ingresos o las actividades.
