Gustavo Fajardo
Economista Principal, CAF
La primera etapa de las respuestas nacionales a la epidemia del COVID-19 ha estado caracterizada por medidas de confinamiento generalizado de la población. El acatamiento ha sido aparentemente alto y las medidas parecen contar con niveles altos de apoyo entre la población. Esto habla de la manera en que esta crisis está cambiando lo que es políticamente viable en nuestras sociedades. Hasta hace pocas semanas, una cuarentena general parecía un escenario de ciencia ficción.
Pero a medida que se acumulan los costos de la parálisis productiva, se hace apremiante pensar cómo se va a reabrir la economía. Una cosa es clara: mientras no haya inmunidad contra el virus, el riesgo de un brote acelerado permanece. Por tanto, la vuelta a la actividad deberá ser paulatina, y estar acompañada de una estrategia de control epidemiológico que minimice la tasa de contagios. Los detalles de esa estrategia pueden variar, pero la misma seguramente se basará en una combinación de testeo a gran escala, trazabilidad de cadenas de contagio y aislamiento selectivo.
En esa siguiente etapa, el control efectivo de la epidemia dependerá mucho más de decisiones individuales: respetar ciertos espacios en lugares públicos, acudir a puntos para la realización de pruebas, informar sobre sus actividades y movimientos en caso de ser necesario, aislarse por un tiempo en caso de que se detecte la enfermedad. Por tanto, la cooperación ciudadana será crucial. Con esto en mente, es muy importante que los gobiernos tomen los pasos necesarios para fomentar esa cooperación.
En primer lugar, se debe reforzar la confianza de los ciudadanos en los proveedores de salud y en la calidad del tratamiento que recibirán. Está bien documentado que cuando hay confianza, la gente hacer mayor uso de los servicios de salud. Esto es cierto en tiempos normales, pero especialmente importante durante epidemias. En principio, esto no debería representar un problema en la región, donde las instituciones de la medicina formal tienen altos niveles de aceptación social. Aun así, al tratarse de una enfermedad nueva sin protocolos de tratamiento bien definidos, es importante transmitir seguridad sobre la calidad y conveniencia de la atención que se brinda.
Una segunda tarea para los gobiernos es procurar que el costo del aislamiento no sea muy alto para las personas. Mientras un individuo sea contagioso deberá permanecer en cuarentena, incluso si sus síntomas son leves (como de hecho parece ser para un porcentaje alto de los infectados). Esto puede ser económicamente muy difícil para muchos, sobre todo aquellos que generan ingresos por cuenta propia o están en relaciones laborales informales. Si las consecuencias de recibir un diagnóstico resultan muy costosas, los individuos tendrán incentivos a evitar las pruebas incluso en presencia de síntomas. Evitar esto es esencial. Existen argumentos para compensar económicamente a quienes sean diagnosticados y cumplan la cuarentena, porque el aislamiento de los infecciosos genera un beneficio social. En cualquier caso, algún sistema de apoyo durante la cuarentena será necesario. La confianza en los gobiernos vuelve a ser determinante en este punto, porque la gente solo responderá a políticas y anuncios que tengan credibilidad.
Por supuesto, la confianza no se decreta y lamentablemente partimos de niveles bajos. Datos de la sexta ola de la Encuesta Mundial de Valores indican que solo el 40% de los encuestados en países de América Latina y el Caribe reportan confiar “mucho” o “bastante” en su gobierno. En contraste, los valores más altos en esta dimensión se reportan en países de Asia Oriental y el Sudeste Asiático. La literatura especializada no presenta soluciones mágicas para resolver estas deficiencias. La confianza se cultiva comunicando con claridad y siendo competente.
La comunicación cobra especial relevancia por la gran incertidumbre que existe. Las autoridades nacionales y supranacionales han respondido a esta necesidad, al menos parcialmente, y los comunicados periódicos sobre la evolución de algunos indicadores de la epidemia se han vuelto la norma. Pero esto puede no ser suficiente. La comunicación debe intensificarse. En particular, antes de que los confinamientos generalizados se relajen, es esencial que los ciudadanos conozcan bien las nuevas condiciones para volver a sus actividades normales y los protocolos que deben seguir si presentan síntomas o entran en contacto con personas contagiadas.
La percepción de que el gobierno es capaz y competente también aumenta la confianza. Esto puede parecer obvio, pero es importante que las autoridades lo internalicen. Si el número de contagiados sube, los sistemas de salud se verán a prueba y algunas deficiencias pueden hacerse evidentes. Por ejemplo, en lugares como Nueva York y el norte de Italia, donde los picos llegaron a ser muy pronunciados, la capacidad instalada para procesar los cuerpos de las víctimas se vio sobrepasada. La diligencia con la que se responde a una situación como esa puede marcar el ánimo nacional. Una encuesta realizada en Liberia tras el brote de Ébola antes mencionado mostró que la confianza en el gobierno era menor entre quienes habían presenciado cadáveres abandonados en las calles, una señal fuerte de que la capacidad de respuesta es insuficiente. Es muy importante que, en la medida de lo posible, los gobiernos se anticipen a estos problemas y eviten situaciones que puedan desmoralizar a la ciudadanía.
Hacen falta muchas cosas para afrontar esta situación. Respiradores, camas, personal médico, recursos económicos, y la lista sigue. Pero la cooperación ciudadana será uno de los principales determinantes del éxito de las políticas de control de la epidemia que se apliquen. En la lista de tareas inmediatas, los Estados deberían tener la construcción de las bases para esa cooperación.
