Nelson Larrea
Ejecutivo Principal de la Dirección de Programación de Sector Privado
Tradicionalmente se delimitaba lo rural en base a su categorización estadística y demográfica (densidad menor a la urbana); su vinculación directa con lo agropecuario (enfoque sectorial); o simplemente por exclusión, como todo espacio no urbano, pobre, disperso e inconexo de los principales flujos vitales de los países.
Esta conceptualización llevaba a los hacedores de política a dirigir recursos a lo rural bajo un enfoque compensatorio, de subvenciones para atención de pobreza extrema y medidas de urgencia ante eventualidades climáticas o sociales. Y también, a concentrar las intervenciones técnicas principalmente en la modernización agrícola - que por supuesto - sigue siendo de gran relevancia.
Entre las décadas de 1990 y 2000, varias entidades empiezan una discusión sobre la “nueva ruralidad” y conforman el Grupo Interagencial para el Desarrollo Rural: FAO, IICA, FIDA, BID, BM, GIZ, USAID, AECID y CEPAL. Bajo este marco, se llama la atención sobre las limitaciones que ofrecía el enfoque netamente sectorial como una simplificación excesiva que soslaya la gran complejidad de actores y dinámicas territoriales, obviando el potencial aporte de otros sectores de la economía. Hoy en día, las cadenas globales de valor, los agronegocios modernos que incorporan tecnología y estándares más allá de cualquier frontera y el desarrollo vertiginoso de la agricultura urbana en ambientes controlados, debilitan más aún la identidad rural=agropecuario.
Rafael Echeverri enfatiza el Enfoque Territorial que desde entonces empezó a marcar la pauta, señalando que “un territorio es rural cuando su especificidad es su dependencia de los recursos naturales y su base económica se estructura alrededor de la oferta ambiental en que se sustenta”. Bajo esta perspectiva, aproximaciones como la Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas empiezan a cobrar mayor fuerza como instrumentos para el desarrollo rural en consonancia con procesos de Ordenamiento Territorial. Conceptos y aplicaciones como la Compensación por Servicios Ecosistémicos, contribuyen más aun a visibilizar los trade-off entre usuarios de los servicios (agua potable y para riego, por ejemplo) y el espacio rural donde se generan y conservan éstos.
Aún hoy, las entidades promotoras del desarrollo siguen enfrentando el reto de salir de su zona de confort y empezar a mirar más allá de los proyectos de productividad agro – se estima que, según la zona, el ingreso rural no agrícola puede alcanzar el 40% a más para las familias; con lo cual, entender los medios de vida de las unidades económicas rurales con una mirada amplia de diversificación es un punto de partida importante para el diseño de políticas y programas.
Evidentemente, resulta complejo pasar de visibilizar tan sólo el eslabón primario de un sector a abordar el desarrollo rural con una visión sistémica, en el que se reconocen también como actores indiscutibles del territorio a las grandes inversiones, las industrias extractivas y las generadoras de energía; se visibilizan las oportunidades de turismo sostenible, las industrias creativas, los encadenamientos y clústeres, los servicios ecosistémicos, los sistemas financieros; entre muchos otros elementos que se superponen en el ecosistema territorial. El reto de mayor complejidad para la institucionalidad de nuestros países recae en facilitar y afianzar mecanismos de gobernabilidad para la convivencia armónica y productiva de todos estos actores y del sistema.
Actualmente, la FAO señala que el 78% de las 169 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dependen exclusiva o principalmente de acciones emprendidas en las zonas rurales del mundo; empezando por resaltar que sin los 500 millones de agricultores familiares - sería imposible alcanzar las principales metas trazadas (ODS1 - erradicación de la extrema pobreza y el ODS2 - hambre y la malnutrición). Además, América Latina y el Caribe aportan el 45% de las exportaciones netas globales de alimentos, por encima de Europa y Estados Unidos. Pero muchos de los ODS (en salud, educación, etc.) tienen sus brechas a superar más marcadas en lo rural, con lo cual, no podrán ser alcanzadas al 2030 si no son coordinadas bajo estrategias multisectoriales dirigidas a tener efectividad en este espacio y sus dinámicas.
En sus 50 años, CAF cuenta con un amplio historial de intervenciones de impacto en el espacio rural en toda Latinoamérica, en materia de vialidad, logística, conectividad y comunicaciones, educación, saneamiento, irrigación, productividad para la agroexportación, inclusión financiera, seguros agropecuarios, entre muchas otras dimensiones, a las que más recientemente se añaden medidas de apoyo a las políticas y programas del sector agroalimentario y rural de los países. A nivel de conocimiento, se participa de la “Alianza para la Gobernanza y la Institucionalidad del Desarrollo Rural, la Agricultura y la Alimentación en América Latina y el Caribe”, liderada por la FAO con el apoyo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga de Colombia. Asimismo, viene teniendo una participación al más alto nivel en Eventos como la Primera Cumbre Colombia Rural (octubre 2019) y otros relevantes de la región.
