María Isabel Mejía
Ejecutiva Senior Dirección de Innovación Digital del Estado, CAF -banco de desarrollo de América Latina-
Este artículo está escrito por Maria Isabel Mejia y Martha Cecilia Rodriguez.
Con diversos contextos y escalas, los países de América Latina enfrentan retos de desigualdad, baja productividad, falta de transparencia y corrupción, a la vez que comparten el compromiso global con la debacle del medio ambiente.
La región deberá enfrentar la pospandemia en medio de una recesión y del incremento de la deuda pública y privada, situación que posiblemente lleve a perder las mejoras logradas durante las últimas décadas. Para retomar un crecimiento sostenido y disminuir la desigualdad, las estrategias de desarrollo de cada país tendrán que adaptarse para optimizar el aprovechamiento de sus recursos de modo de fortalecer los sistemas de educación y salud, y cerrar la brecha de digitalización todo lo cual redundara en una mayor productividad e inclusión.
Estos desafíos solo podrán lograrse mediante la formulación de nuevos modelos sociales y políticos, cuya esencia sean valores de libertad e igualdad, para fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Ello requerirá una renovada capacidad estatal para ofrecer bienes y servicios públicos de una forma transparente, que cierre el paso a la corrupción.
En CAF, banco de desarrollo de América Latina, la Dirección de Innovación Digital del Estado (DIDE,) perteneciente a la Vicepresidencia de Conocimiento, promueve la modernización del Estado impulsando gobiernos más ágiles, abiertos e innovadores, apalancados en nuevas tecnologías e inteligencia de datos, para promover mejoras en la eficiencia de la gestión pública y en la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos de Latinoamérica. Actualmente la DIDE impulsa una iniciativa regional orientada a que el sector público de los países de América Latina genere valor social y económico soportado en el uso estratégico de datos e inteligencia artificial (IA).
En este marco se hizo un llamado a las entidades municipales de los países socios de CAF a presentar proyectos que contribuyan en la solución de problemáticas públicas, a través del uso estratégico de datos e IA. La respuesta al llamado muestra indicios muy interesantes de lo que está ocurriendo en la región alrededor del tema.
Primero que todo vale la pena destacar el número y origen de las propuestas que se recibieron lo cual demuestra el gran interés de los municipios y ciudades de la región por desarrollar este tipo de proyectos que buscan mejorar la gestión pública, la transparencia y el servicio al ciudadano. Se recibieron en total 89 proyectos de 70 ciudades y municipios, de 11 países de la región: Argentina (18), Bolivia (1), Brasil (6), Chile (5), Colombia (29), Costa Rica (2), Ecuador (10), México (9), Panamá (3), Perú (3), y Venezuela (3).
La diversidad de las temáticas que abordan las propuestas es inmensa, lo cual muestra que la inteligencia artificial es una tecnología transversal que puede contribuir a la solución de múltiples problemáticas públicas, las cuales se podrían categorizar de la siguiente manera:
- Proyectos para mejorar la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, con iniciativas relacionadas con innovación y desarrollo productivo, cuidado del medio ambiente, atención de desastres naturales, apoyo a víctimas del conflicto armado, y bienestar de la población adulta.
- Proyectos para mejorar el diseño y la entrega de servicios a los ciudadanos y las empresas, con soluciones para atención al ciudadano a través de chat bots, salud, seguridad ciudadana, justicia, tránsito, y recolección y transporte de desechos peligrosos sanitarios.
- Proyectos para mejorar la gestión interna de las instituciones estatales, destacando iniciativas relacionadas con las compras y contrataciones públicas.
Es también significativo el potencial de escalamiento y replicación que puede tener este tipo de proyectos no sólo en el país que lo desarrolla, sino en otros países de la región y del mundo que enfrentan retos similares. Ejemplo de esto son la propuesta ganadora “Inteligencia artificial para la predicción de irregularidades e ineficiencias en la contratación pública” de la Veeduría Distrital de Bogotá, Colombia y la que recibió la mención de honor, “Alerta Temprana Inteligente (ATI)”, para detectar tempranamente focos infectocontagiosos o potenciales brotes epidémicos a partir de comportamientos colectivos, presentado por la municipalidad de San Martín de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Sólo el 20% de los proyectos presentados estaban estructurados y en etapa de implementación o listos para iniciar, y habían superado las etapas de diseño, pilotos y/o pruebas de concepto, lo cual podría indicar la existencia de barreras para avanzar a las siguientes etapas, por lo cual surgen preguntas como las siguientes: ¿En qué medida hace falta mayor conocimiento por parte de los líderes del sector público sobre las oportunidades y desafíos del uso de datos y tecnologías emergentes como la IA?, o ¿Qué factores como, por ejemplo, falta de voluntad política, escases de recursos humanos o financieros son los más relevantes para dar continuidad a este tipo de iniciativas? Alternativamente, ¿estas iniciativas avanzan menos Existe en el sector público porque hay una alta aversión al riesgo público una cultura de innovación todavía incipiente, o capacidades limitadas para la estructuración financiera y ejecución de proyectos?
La iniciativa de CAF abordará estas inquietudes y continuará profundizando estos y otros temas, en la búsqueda de conocer el estado del arte del uso estratégico de datos e IA en el sector público a nivel internacional, sensibilizar sobre sus oportunidades de uso y apoyar a los países y ciudades de la región en el diseño e implementación de políticas, planes, programas y proyectos basados en datos e IA.
Con ello se espera dar recomendaciones prácticas para los países de América Latina pues es indudable que el uso estratégico de datos y de la IA podrá ser una palanca poderosa para que el sector público de la región genere valor social y económico, siempre y cuando su implementación esté dirigida por políticas públicas adecuadas, soportadas en marcos éticos y regulatorios que promuevan su uso responsable.
