Jorge Arbache
Vicepresidente de Sector Privado, CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) formales e informales de América Latina se vieron muy afectadas por la crisis de la salud generada por la Covid-19, y se estima que al menos el 13% de las empresas formales no resistieron y abandonaron el mercado. Una parte importante de las empresas que permanecen activas aún enfrentan dificultades, con flujo de caja reducido, alto endeudamiento y retrasos en el pago de compromisos.
Las debilidades de las pymes son un problema para los emprendedores, pero también para la sociedad en su conjunto, ya que representan una alta proporción de empleo y apoyo para millones de familias y prevalecen en vastos espacios de mercado en la región.
A pesar del golpe que sufrieron, las pymes fueron fundamentales para que las familias, las empresas y los gobiernos hicieran frente a la pandemia, actuando como canales críticos para el suministro y distribución de alimentos, mascarillas, medicamentos, servicios y muchas otras necesidades esenciales durante los períodos de encierro. Las pymes también innovaron y brindaron nuevas soluciones a desafíos sin precedentes, lo que fortaleció la percepción de la importancia de este segmento de empresas.
Aunque la actividad económica ya se está recuperando, persisten los riesgos para las pymes, incluidas las nuevas amenazas de las olas de contagio de Covid, el aumento de las tasas de interés y la inflación, y el endeudamiento generalizado. También existen riesgos de cicatrices permanentes en la productividad y competitividad y posibles efectos adversos del aumento de la informalidad y la pobreza en muchos de los mercados en los que operan.
El rápido apoyo de los gobiernos de muchos países de la región a las pymes en 2020 fue fundamental para mitigar una situación que podría haber sido aún más dramática. Se reprogramaron las deudas bancarias, se redujeron los impuestos y se crearon programas de apoyo al empleo y garantías crediticias. Todo esto requirió montos presupuestarios extraordinarios y un mayor endeudamiento público. Se puede decir, con una pizca de satisfacción, que la misión se cumplió. Aunque solo parcialmente.
Esto se debe a que ahora nos enfrentamos a una segunda fase que consiste en dejar de apoyar la supervivencia y el crecimiento de las pymes. Pero las necesidades que tenemos por delante son muchas y valdría la pena destacar al menos tres. La primera es que el acceso a los servicios financieros sigue estando restringido. Incluso antes de la pandemia, las pymes ya enfrentaban graves dificultades para acceder a los servicios financieros y pagaban tipos de interés que podían ser hasta tres veces superiores a los de las grandes empresas. A pesar de los programas públicos de garantía de crédito, la evidencia empírica reciente muestra que el acceso a esos servicios estaba altamente correlacionado con el estado operativo de las empresas: las empresas con más acceso tenían más probabilidades de continuar operando y viceversa, lo que sugiere que aún queda mucho por hacer.
Otra necesidad es la educación y alfabetización financiera. La evidencia empírica reciente también muestra que la educación financiera limitada ha sido un obstáculo mucho mayor de lo que se pensaba anteriormente para explicar las recesiones y dificultades en la recuperación de las pymes, lo que requiere la intensificación de los programas de capacitación y asistencia técnica. Y un tercero es el acceso y la formación para la transformación digital y para las nuevas tecnologías productivas y la gestión de la producción, que son factores cada vez más determinantes para la productividad y competitividad de las pymes.
Apoyar la recuperación de las pymes requiere una nueva ola de políticas públicas. Pero dado el estrecho espacio fiscal, será necesario considerar enfocar las intervenciones y aumentar su eficiencia. Pero, ¿qué objetivos deberían perseguir los gobiernos y a qué pymes deberían apoyar?
Existen buenas justificaciones para apoyar programas que se enfocan en nichos y fallas del mercado; que generan mayores externalidades y retornos sociales; que tienen mayores impactos en sostenibilidad ambiental, género y juventud; e incluso que tengan un enfoque territorial, sectorial o capex. Por otro lado, existen buenas justificaciones para concentrar los esfuerzos en las pymes más jóvenes con mayor potencial de crecimiento y creación de empleo o en las pymes orientadas a apoyar la producción. El recorte y el enfoque dependerán obviamente de las opciones y necesidades de cada país, pero, en cualquier caso, será deseable demostrar a la sociedad los beneficios del apoyo y sus impactos socioeconómicos.
Optimizar los impactos de las intervenciones también implica al formato de colaboración del gobierno con las instituciones financieras y al uso más intensivo de la información y la tecnología. De hecho, el uso más intensivo de herramientas y datos tecnológicos es cada vez más útil para comprender los mercados y realizar evaluaciones crediticias más adecuadas y segmentadas. Los acuerdos de banca abierta y de intercambio de datos y servicios entre los actores involucrados también contribuirán a ese fin.
Por último, también debería considerarse el uso de un arsenal más amplio de soluciones e instrumentos adecuados a las diferentes necesidades financieras y de inversión de las PYME. En este sentido, el gobierno debe ir más allá de los fondos de garantía, las alianzas con la banca comercial y los programas de crédito directo a través de la banca pública y también considerar las colaboraciones con fintechs, el financiamiento de pymes a través de empresas ancla y factoring y las acciones e instrumentos de capital riesgo.
La reactivación económica y el mejoramiento de las condiciones sociales en la región implicarán necesariamente un apoyo oportuno y adecuado a las pymes. Después de todo, son una parte importante del problema, pero también de la solución.
