Camilo Cetina
Ejecutivo principal de la Dirección Transformación Digital, CAF
Este artículo también se publicó en Portafolio.
MPESA es una de las plataformas de pagos digitales más exitosas en África. A través de un teléfono móvil es posible pagar facturas, enviar dinero a otras personas y realizar prácticamente cualquier transacción financiera, incluso ahorrar dinero o tomar un crédito sin necesidad de una cuenta bancaria o una conexión a internet. MPESA es un ejemplo de inclusión financiera para el sector de las tecnologías financieras, las FinTech.
Sin embargo, en 2016, la utilidad de esta plataforma digital trascendió el aspecto financiero al facilitar la detección de una red de corrupción en las autoridades policiales y de tránsito de Kenia. Bajo nuevos procedimientos de investigación disciplinaria de las autoridades kenianas, se analizaron los conjuntos de datos sobre las transacciones hechas en la plataforma, lo cual permitió identificar usuarios cuyos movimientos mensuales de dinero por MPESA superaban en varios órdenes de magnitud sus salarios. Una red de agentes de policía no sólo cobraba sobornos a ciudadanos, sino que repartía organizadamente los “dividendos”, incluso entre sus supervisores. Y todos los pagos, desde el soborno entregado por el ciudadano hasta la repartición entre agentes y supervisores, se movilizaban a través de MPESA.
Los fenómenos de corrupción no son exclusivos ni especialmente graves en unas pocas zonas del planeta. El Foro Económico Mundial estima que a todos los países en desarrollo la corrupción les cuesta alrededor de USD 1,26 billones al año, monto que septuplica toda la asistencia de desarrollo (de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE-). La corrupción también amenaza la seguridad global puesto que el comercio de armas ilícitas, por ejemplo, se ve facilitado por los sobornos. De hecho, Transparencia Internacional acuñó el concepto de «formas modernas de corrupción», en el cual vincula dos tipos de fenómenos: (i) los que tienen una naturaleza transnacional, y (ii) aquellos que requieren del uso de tecnología para adquirir, mover o disponer ilícitamente de los activos obtenidos tras la comisión de los delitos. Paradójicamente, en las tecnologías digitales puede estar la clave para la lucha contra la corrupción en el presente y el futuro, como lo muestra el caso de MPESA.
El potencial que ofrece la digitalización en política anticorrupción es reconocido en varios escenarios internacionales, que buscan influir en esta agenda alrededor del mundo. En 2018, el Foro Económico Mundial lanzó la iniciativa Tech4integrity, que sirve como un mercado global de innovaciones tecnológicas para la integridad. En 2019, el Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE examinó el potencial de las tecnologías digitales como blockchain, inteligencia artificial y datos abiertos para un amplio rango de temas que van desde la prevención del soborno hasta la protección de los denunciantes. En 2020, el Banco Mundial a través de la iniciativa T4I, siguió promoviendo la expansión de tecnologías digitales dentro de los Gobiernos que quieren adoptar mejores políticas de integridad. El año pasado, durante la Sesión Especial contra la Corrupción de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se respaldó de modo explícito el uso de tecnologías digitales para facilitar el acceso a la información y promover la rendición de cuentas.
Pero exactamente, ¿Cómo funcionan las tecnologías digitales en la lucha contra la corrupción? Si un gobierno quisiera utilizar tecnologías de inteligencia artificial para prevenir fenómenos de corrupción, ¿Qué desarrollos tiene a su disposición? En otro frente, ¿Por qué el blockchain se está considerando como una alternativa en política anticorrupción? En general, ¿qué opciones de política pública existen para poder incorporar las tecnologías basadas en datos en la prevención, detección e investigación de la corrupción? Respondiendo a estos interrogantes, CAF – banco de desarrollo de América Latina- lanzó recientemente un informe llamado DIGintegridad: la transformación digital de la lucha contra la corrupción.
Las tecnologías digitales son una innovación para considerar muy seriamente en la política anticorrupción de nuestros gobiernos. DIGintegridad no sólo explica los vínculos entre la digitalización y la integridad, sino que funciona como una caja de herramientas para aquellos gobiernos interesados en adoptar innovaciones digitales en la prevención, detección e investigación de fenómenos de corrupción. También presenta un potencial de mejora en la capacidad de trabajo de las instituciones. Por ejemplo, la filtración conocida como Pandora Papers requirió el procesamiento de casi 12 millones de documentos que representaban unos 2,94 terabytes (TB) de datos sobre la movilización de activos de las personas más ricas del planeta. Sus predecesores como Panamá Papers y Paradise Papers requirieron procesar 2,6 TB y 1,7 TB, respectivamente. Sin la disposición de las tecnologías digitales, una investigación de semejante calibre tardaría años aún contando con 500 analistas a tiempo completo.
Aunque la pandemia creó una recesión sin precedentes en todo el mundo, también nos mostró que la digitalización no es una simple moda, sino una herramienta indispensable para mantener funcionando a los Estados y a los mercados. Manejar la considerable cantidad de recursos destinados para la recuperación económica, exige mucha eficiencia y responsabilidad; la digitalización en la política anticorrupción es el aliado natural en este propósito.
