Santiago Levy
Consultor. Político y economista mexicano que ha ocupado diversos cargos en la administración pública de México y organismos internacionales. Recientemente se desempeñó como vicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo.
América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta. Su índice de Gini del ingreso es un 15% superior al de la segunda región más desigual, África Subsahariana, y casi un 50% mayor al de las más igualitarias, Europa y Asia Central. Estas cifras explican por qué los planes de movilización de inversiones de la UE en la región, de 45.000 millones de euros hasta el 2027 (algo menos de 50.000 millones de dólares al cambio de hoy), han puesto a la desigualdad como uno de sus puntos de mira.
La reciente reunión de los ministros de Finanzas de la UE y América Latina y el Caribe, convocada en Santiago de Compostela por el Gobierno de España y CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, identificó tres áreas clave de cooperación: transición verde, transformación digital y desarrollo humano (con especial énfasis en las desigualdades). De hecho, de las 70 iniciativas de la nueva agenda de inversiones identificadas por CAF, al menos 15 están destinadas a reducir las desigualdades.
La desigualdad se ha convertido en uno de los principales escollos del desarrollo socioeconómico de la región, y esconde realidades preocupantes. Algunas de sus manifestaciones son la baja movilidad social, que implica que la sociedad ofrece pocas oportunidades de progreso a los más necesitados. A su vez, la baja movilidad social tiene varias aristas. En materia educacional, por ejemplo, solo uno de cada diez hijos de padres no universitarios logra completar hacia sus 24-25 años un ciclo de educación superior. En contraste, uno de cada dos estudiantes con madre o padre graduados de la universidad completa su ciclo educativo.
Además, los hijos de padres con ocupaciones de baja complejidad también están condicionados desde la cuna: tienen solo un 11% de probabilidad de ascender a ocupaciones de alta complejidad, versus el 60% para los hijos de padres que tenían ocupaciones complejas. Esta brecha de casi 6 veces contrasta con la de otras regiones, que oscila entre 2 y 3 veces.
La baja movilidad social es más pronunciada entre las mujeres, los afrodescendientes y los habitantes de barrios marginados. Así, por ejemplo, la participación laboral de las mujeres es 30% inferior a la de los hombres y sus ingresos laborales son 35% menores. En conjunto, la alta persistencia intergeneracional en el desempeño educativo y ocupacional y en las diferencias en trayectorias de formalidad generan una gran persistencia en los ingresos entre generaciones. El resultado de esto es que, en la región, los ingresos que obtienen los hijos están vinculados con mayor fuerza a los ingresos que obtuvieron sus padres. Las diferencias de ingresos en la generación de los padres se transfiere en un 90% a la de los hijos, versus 40% en Europa o América del Norte.
La reunión de Santiago sirvió para sentar las bases de colaboración futura entre la UE y la región. A nivel de desarrollo humano, se requieren dos grupos de políticas para contribuir a reducir la desigualdad y acelerar el crecimiento, algo que toma particular importancia en América Latina y el Caribe, al ser una de las regiones del mundo que crece más lentamente. Por un lado, políticas sistémicas orientadas a toda la población. Por otro, políticas focalizadas en grupos desaventajados.
Las políticas sistémicas deben ampliar el acceso a la educación infantil temprana y fortalecer la calidad de la básica. En paralelo, deben apuntalar el contenido de los currículos de la educación media o secundaria y de los programas de capacitación para el trabajo: competencias digitales, idiomas y énfasis en las ciencias naturales, ingenierías y matemáticas. Sin embargo, a la luz de la experiencia, la región no debe esperar que las políticas de capital humano, por sí solas, sean la solución. Es vital abordar los incentivos detrás del autoempleo, y del enanismo y la informalidad empresarial. Esto requiere revisar los regímenes tributarios especiales para las microempresas, y asegurar que la estructura del gasto en protección social no grave la contratación formal y subsidie el empleo informal.
En paralelo, se requieren políticas para ayudar a los grupos desventajados. En el caso de las mujeres, políticas de cuidados infantiles y similares para aumentar su participación laboral en empleos formales y con mejores perspectivas de carrera. En el caso los habitantes de barrios marginados, políticas de transporte y vivienda para reducir las desventajas que experimentan los trabajadores de zonas rezagadas para acceder a buenos empleos. Por último, revertir la reproducción intergeneracional de las desventajas que sufren los afrodescendientes e indígenas requiere focalizar esfuerzos extra en las políticas de capital humano y de inversión en infraestructura y accesibilidad a servicios urbanos en las zonas donde residen; y políticas antidiscriminatorias, con foco especial en las contrataciones laborales.
Abordar las desigualdades es crucial para que América Latina y el Caribe alcance los retos planteados en la Agenda 2030. De ahí la importancia de que la UE, a través del Global Gateway, aporte su músculo financiero y su conocimiento para lograr que la región supere sus brechas históricas en desarrollo humano.
