Guadalupe Aguirre
Coordinadora del área de género
Hace ya años que, en la mayoría de los países de la región, la inseguridad está entre las principales preocupaciones de la sociedad. Los dispares y crecientes procesos de urbanización generaron las condiciones para que nuevas formas de economías informales e ilegales se abrieran paso junto a una serie de delitos territoriales y de alto impacto social: delitos patentes, predatorios y aspiracionales, y la constitución de mercados y economías ilegales en expansión.
En nuestra región se localizan 42 de las 50 urbes más violentas del mundo, 14 de los 25 países con tasas más altas de femicidios y donde, a pesar de sólo contar con el 8% de la población mundial, acontecen el 33% de los homicidios del planeta. En las últimas décadas del siglo XX se produjo un incremento de delitos “comunes”, especialmente en el espacio público; y del sentimiento de inseguridad, esto es, la preocupación, el miedo, la angustia que provoca la posibilidad de ser víctima de un delito y que modifica los comportamientos cotidianos de las personas.
El delito y la violencia tienen un gran impacto negativo sobre el desarrollo. La inseguridad es una forma de exclusión social, política y económica, debido a sus altos costos tangibles e intangibles, directos e indirectos. Se estima que los países de la región, en promedio, invierten un 3,5% del PBI en los servicios de seguridad y justicia, casi el doble que los países centrales. Además, el delito, la violencia y el temor al crimen, restringen la movilidad de las personas y las actividades que deciden realizar, y profundizan las condiciones de desigualdad al afectar más a las zonas y grupos sociales más vulnerables, en particular jóvenes y mujeres.
Si bien, tradicionalmente, fueron los gobiernos centrales los encargados de dar respuesta a la inseguridad, los gobiernos locales fueron asumiendo cada vez mayores funciones y responsabilidades frente al reclamo ciudadano de mejores condiciones de seguridad. los municipios cuentan con la ventaja de la proximidad y del conocimiento de los problemas cotidianos de la ciudadanía, así como de las manifestaciones locales de la inseguridad, lo que les permite intervenir más directamente y con mayor rapidez, asignando mejor los recursos disponibles a los problemas específicos.
En la medida en que los gobiernos locales comprendan que la inseguridad y el temor al delito son fenómenos complejos, multicausales, con diferentes alcances y naturaleza, y que afectan de manera particular a los grupos más vulnerables, especialmente mujeres, niñas y diversidades, estarán en posición de liderar su abordaje, de tomar decisiones que respondan a las preocupaciones y demandas de vecinos y vecinas; de integrar la seguridad a su política de desarrollo urbano.
Para ello, enfrentan una serie de desafíos. Es preciso que alcaldes y alcaldesas asuman el liderazgo y la conducción política del sistema local de seguridad, mediante estrategias de prevención y control del delito y la violencia, generando espacios públicos más seguros y libres de miedo, con una correcta iluminación, con mejoras de parques y plazas, mediante la instalación de sistemas de videovigilancia y alarmas comunitarias; con acciones de control y vigilancia en el vecindario, o con el despliegue de guardias urbanas. También es preciso que accionen sobre los procesos sociales y culturales que generan las condiciones para que una persona se comprometa en actividades delictivas, implementando intervenciones preventivas de mediano y largo plazo; y que se generen mecanismos de fortalecimiento de la comunidad como un actor clave en la coproducción de seguridad, convocándola a participar en el diseño, implementación y evaluación de las iniciativas de seguridad. La planificación de las intervenciones debe hacerse a partir de un diagnóstico riguroso, y de un análisis que tenga en cuenta su impacto en el territorio.
La agenda municipal de conocimiento en cuestiones de seguridad debe ser fortalecida mediante la producción de información útil a partir de nuevas metodologías y técnicas de investigación y análisis criminal, y del diseño adecuado de sistemas de gestión de la información, para generar diagnósticos precisos y de calidad, que permitan intervenir con políticas efectivas. En Córdoba, Argentina, CAF ha apoyado la implementación de un tablero de visualización y predicción del delito en su ciudad capital, para poder controlar y prevenir los crímenes más habituales en el espacio público, como robos, hurtos y entraderas a viviendas y comercios. Y en Brasil, a través del Programa Fortaleza, ciudad con Futuro, en la ciudad homónima del norte del Brasil, se promueve la recalificación urbana con una mirada de seguridad, desarrollando un sistema de gestión integrado de seguridad basado en el videomonitoreo, con un cuidadoso análisis de la gobernanza necesaria para su correcto funcionamiento, junto con acciones de prevención primaria de la violencia y el delito.
Finalmente, pero no menos importante, el enfoque de género debe ser transversal a las políticas urbanas de seguridad. Las experiencias frente al crimen, a la violencia y al temor al delito difieren entre hombres, mujeres y diversidades: mientras los hombres son víctimas mayoritarias de homicidios por desconocidos (en general, vinculados a situaciones delictivas), la violencia y el homicidio interpersonales, el acoso y el abuso, responden a razones de género. Las mujeres temen a los hombres y evitan lugares en los cuales podrían cruzarse con desconocidos “peligrosos o amenazantes”; o evitan lugares donde se supone que la violencia acecha, como ciertas calles, pasajes o túneles, andenes del tren, o veredas mal iluminadas, particularmente de noche.
CAF apoya a las ciudades de la región para que fortalezcan sus capacidades en materia de seguridad. La seguridad ciudadana es una condición necesaria para el desarrollo humano, y los gobiernos locales ocupan hoy un lugar central en su abordaje y gestión. El liderazgo de alcaldes y alcaldesas es esencial para crear ciudades más seguras que permitan que sus habitantes ejerzan su libertad y sus derechos cívicos, no teman por su integridad personal y gocen de sus bienes.
