Carlos Santiso
Director de Innovación Digital del Estado, CAF -banco de desarrollo de América Latina-
Este artículo también se publicó en El País
“No es por 30 pesos, es por 30 años”. El detonante de las violentas protestas en las calles de Santiago de Chile fue la subida de 30 pesos en la tarifa del metro, pero el trasfondo evidencia una frustración ciudadana que también alcanza a los ciudadanos en otros países de América Latina.
Los manifestantes chilenos dicen sentirse olvidados por un modelo económico injusto, en donde el costo de vida sigue aumentando, al tiempo que sus aspiraciones se ven frustradas en un contexto de desafección política y de tenaz desigualdad. En otras palabras, las expectativas de la gente han crecido más rápido que sus ingresos.
En líneas generales, el malestar social en la región refleja las aspiraciones frustradas de una clase media creciente -aunque todavía vulnerable- que espera mejores servicios públicos y mayor integridad de sus políticos. A pesar de haber logrado mejoras sociales y reducción de la pobreza, el modelo de desarrollo está estancado y debe cambiar de rumbo para remediar la fractura institucional.
Y un factor importante que incide en la calidad de vida es el peso de las burocracias y de la maraña de sus trámites, que crea fricciones entre ciudadanos y Estados, y socava la competitividad de las economías. Según el informe 2020 sobre el clima de negocios del Banco Mundial, la región se destaca por la cantidad y complejidad de sus trámites burocráticos, y ningún país logra estar entre los 50 más ágiles de los 190 evaluados. La paradoja es que Latinoamérica es la región con más normas y, al mismo tiempo, la región en que menos se respetan.
También es la región que más esfuerzos hace para desburocratizarse. En 2018, 21 de 32 países latinoamericanos llevaron a cabo 35 reformas de simplificación para, por ejemplo, facilitar el registro de una propiedad o la creación de una empresa. Argentina impulsó un programa de simplificación productiva destinada a destrabar los trámites que afectan las empresas. Las pequeñas y medianas empresas, que son el tejido empresarial de las economías latinas, están particularmente afectadas por esta maraña burocrática.
Esta situación debilita el pacto fiscal entre los ciudadanos y sus Estados, porque la gente no ve cual es el valor de pagar sus impuestos, dada la baja calidad de los servicios públicos que recibe a cambio. Las protestas surgen, en parte, del sentimiento de injusticia fiscal y la ausencia de un pacto fiscal que redistribuya la riqueza y provee protección social. Lo que los latinoamericanos quieren no es menos Estado, sino mejor Estado.
Según la OCDE, en 2015, 52% de los latinoamericanos consideraban disculpable evadir impuestos. Esto genera un círculo vicioso: la baja confianza aumenta el bajo recaudo, y esto debilita las instituciones y reduce su capacidad de proveer servicios. La región se encuentra atrapada en lo que la OCDE describe como una “trampa institucional”.
La maraña burocrática de los Estados de la región sigue siendo su principal Talón de Aquiles. La complejidad de los trámites y la discrecionalidad de los funcionarios que los manejan crean oportunidades de soborno o “mordida”. Según el RED 2019 de CAF -banco de desarrollo de América Latina, uno de cada cuatro latinoamericano declara haber pagado una coima para recibir un servicio o agilizar un trámite en el último año.
Más que reformas ad hoc, la región necesita medidas de impacto para acabar con el asfixiante peso de la carga regulatoria, tanto del stock como del flujo incesante de regulaciones. En este sentido, la transformación digital de las administraciones ofrece una oportunidad única para atacar la sobre-regulación. Esto requiere un cambio cultural en nuestras administraciones, porque la tradición legalista hace que se piensan que todo problema se resuelve a través de una norma.
Frente a esta situación, los gobiernos de la región buscan desburocratizarse. En Brasil, la desburocratización es un mandato central del ministerio de economía. En Ecuador se inició un ambicioso programa de simplificación, con una ley en el 2018 para optimizar los trámites administrativos. En Argentina se han logrado importantes avances en la transformación digital del Estado, y en Chile se presentó un plan para lograr un Estado “sin papeleo y sin filas”.
Uno de los principales instrumentos de la desburocratización es digitalizar los servicios y agilizar los trámites. Brasil acaba de lanzar un portal único de servicios digitales y Colombia está por hacerlo, siguiendo los pasos de México y Perú y el modelo de Inglaterra. En Uruguay, el 68% de los tramites a nivel nacional ya se pueden iniciar y finalizar en línea. En noviembre, el gobierno colombiano adoptó un decreto “anti-trámites” para mejorar la atención a los ciudadanos en los 2900 procedimientos administrativos nacionales. Por ejemplo, las autoridades no podrán solicitar dos veces documentos que ya reposen en sus archivos.
Pero digitalizar no basta, hay que simplificar. Por eso, otra batería de reformas se enfoca en racionalizar y repensar los trámites burocráticos. Existen muchas estrategias de simplificación, desde las más radicales de “guillotina” regulatoria, a estrategias más acotadas de depuración normativa y revisiones ex-post. Colombia, por ejemplo, adoptó en 2014 una hoja de ruta para racionalizar la producción regulatoria, pero sigue necesitando iniciativas de “limpieza regulatoria” como Estado Simple, Colombia Ágil que, en el primer año del gobierno de Iván Duque, intervino más de mil normas y trámites.
Por eso, es necesario racionalizar el flujo de la producción normativa del Estado, reformas que requieren más pulso político. México culminó dos décadas de reformas en 2018 con la adopción de la ley general de mejora regulatoria y cuenta con un ente federal encargado de disciplinar la política regulatoria.
La voluntad política desde la cúspide del gobierno es imprescindible para fijar el norte, marcar la pauta y bajar la línea. Sin ello, la región seguirá en un equilibrio inestable entre el impulso regulatorio y el deseo de racionalización. Pero más allá de agilizar los trámites, es imprescindible que mejore la calidad de los servicios públicos. Esto esperan los ciudadanos en las calles.
