Carolina España
Vicepresidenta Ejecutiva de CAF- banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-
Este artículo también se publicó en Portafolio
El sector agropecuario, que incluye desde actividades agrícolas hasta la explotación ganadera, ocupa uno de los espacios más prominentes de la economía de Colombia. Contribuye a cerca de 7% del PIB, emplea a 4.9 millones de personas, genera aproximadamente el 7.7% de las exportaciones y, en definitiva, constituye uno de los principales pilares del desarrollo socioeconómico del país.
Dada su importancia, parece evidente que debemos tomar todas las medidas necesarias para potenciarlo y para preservar su buen funcionamiento ante la volatilidad en el precio de las materias primas o ante la ocurrencia de eventos climáticos extremos, como vientos, lluvias torrenciales, sequías o inundaciones.
Si no se toman medidas, los riesgos asociados al sector agropecuario pueden impactar negativamente en la productividad, en la viabilidad de los negocios de los productores, en la generación de nuevos empleos o en la seguridad alimentaria de los territorios. Por esta razón, es apremiante implementar mecanismos que protejan al sector. Y entre los que han demostrado ser más eficientes, está el seguro agrícola, que tiene como propósito incentivar y proteger la producción de alimentos y las inversiones agropecuarias.
Existen diversas razones de peso que respaldan la creación de seguros agropecuarios. Según Finagro, en 2012 solo 0,3% de las hectáreas con vocación agrícola del país estaban aseguradas, lo cual va en línea con el hecho de que la población (en especial los productores agropecuarios) no cuenta con una cultura de aseguramiento. Adicionalmente, la oferta de seguros de este tipo es limitada y hay una información deficiente que permita una gestión adecuada de cualquier tipo de riesgo.
Otra de las razones es que actualmente el potencial de uso agrícola del suelo en Colombia es de 21,5 millones de hectáreas, mientras que el uso efectivo es de sólo 4,9 millones, lo cual demuestra un gran potencial de crecimiento del sector y hace más urgente estar preparado ante cualquier eventualidad de la naturaleza.
De todas formas, a pesar de que todavía queda mucho camino por recorrer, en los últimos años se ha empezado a abordar la gestión del riesgo agropecuario en el sector rural colombiano. El Gobierno actual, por ejemplo, elaboró instrumentos como la “Estrategia de adaptación del sector agropecuario a fenómenos climáticos”, que promueve la preparación de Colombia para hacer frente a eventos climáticos extremos, y la “Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, que define los objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos, por medio de las cuales se ejecutan los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres.
Unido a estos esfuerzos, desde CAF –banco de desarrollo de América Latina-, estamos gestionando, junto al MADR, Finagro y otras entidades adscritas al Ministerio, unos recursos financieros proporcionados por el Fondo de Prosperidad Británico, con los que se pretende mejorar las competencias de personas y empresas para gestionar los riesgos del sector y hacer uso de un seguro agropecuario, al tiempo que incrementamos la oferta que existe actualmente, con el fin de reducir la pobreza en las zonas rurales e impulsar la activa participación de las mujeres y grupos tradicionalmente excluidos.
Para lograrlo, fijamos unas líneas de trabajo que contemplan desde el manejo de la información y capacitaciones hasta el uso de tecnologías agropecuarias. En este sentido, es importante que trabajemos en un sistema de información y de gestión de riesgos que recopile y articule datos de las entidades del sector, relacionadas con el clima, usos del suelo, plagas y enfermedades, tecnología e investigación, al igual que estadísticas del proceso productivo (rendimientos, costos de producción y precios, por ejemplo).
El proyecto también contempla la creación de mapas de riesgo del sector, especialmente en cultivos de mayor aseguramiento, como el arroz, banano, maíz, forestal, caña de azúcar, entre otros, y de aquellas zonas de mayor fomento y desarrollo para cada cultivo en el país.
Para que los seguros agropecuarios sean eficientes y funcionales, es imprescindible que todos los actores, iniciando por los productores, estén capacitados sobre la gestión de riesgos agropecuarios y las clases de seguros agrícolas que existen, así como de sus modalidades. En este sentido, los funcionarios públicos deben conocer las regulaciones y la supervisión del seguro agropecuario, por lo que es imperativa la participación de miembros del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al igual que de la Superintendencia Financiera. En cuanto a las compañías de seguros, la capacitación deberá versar sobre la información jurídica, sobre la fenología de los cultivos, respecto a cómo se hace un ajuste y cómo se liquida un siniestro.
La capacitación y el desarrollo de competencias adecuadas en el sector agropecuario será vital para ofrecer seguros agropecuarios pertinentes a diferentes clases de productores individuales, grupales o por zonas, en diferentes regiones del país y para diferentes clases de cultivos. De todas formas, estas actividades solo tendrán éxito reduciendo la pobreza, empoderando a las mujeres y mejorando la productividad, si están acompañadas de políticas públicas que articulen y den coherencia a los esfuerzos realizados desde diferentes esferas sociales.
