Jaime Holguín
Representante de CAF en Brasil
Si existe un derecho básico que los gobernantes deberían garantizar, este es el acceso a agua y saneamiento. A los problemas derivados de la escasez de agua que el mundo enfrentará en pocas décadas, se suma el hecho de que actualmente 850 millones de personas no tienen acceso al agua potable, 35 millones en Brasil. Este número asciende a 2.300 millones individuos si consideramos a aquellos que no cuentan con saneamiento básico. En el caso brasileño, la cifra asciende a la mitad de la población.
Dada la enorme brecha existente para el logro de los objetivos de universalizar el acceso al agua, tenemos que hablar cada vez más sobre el asunto y buscar formas de pasar de la teoría a la práctica. Justamente en este mes se realiza la 8ª edición del Foro Mundial del Agua, en Brasilia, que será un momento idóneo para debatir sobre el asunto, ya que acudirán 40 mil personas de más de 100 naciones.
Pero, en la práctica, ¿qué hay que hacer para que se alcance la universalización del acceso al agua y mitigar los inminentes problemas de escasez? ¿Es posible pensar que todos los seres humanos puedan tener en sus vidas, cuando sea necesario, un vaso de agua o la posibilidad de un baño limpio?
La clave de la cuestión está en lo que los expertos denominan seguridad hídrica, que consiste tener una oferta adecuada de agua, de manera que se pueda disponer de ella para asegurar el desarrollo productivo sostenible, la conservación de los ríos, lagos y acuíferos y la reducción de los riesgos asociados al agua, como las inundaciones, por ejemplo.
No es suficiente con tener abundantes cursos de agua, ya que sin la infraestructura necesaria no hay seguridad hídrica. Es imprescindible que los estados mejoren sus capacidades para generar marcos regulatorios, normativos y económicos a favor de las políticas públicas eficientes.
A nivel global, más de 1.700 millones de personas viven actualmente en cuencas hidrográficas donde el uso del agua excede la capacidad de recarga, lo que resulta en la degradación de los ecosistemas. De acuerdo con los patrones de consumo actuales y las proyecciones de crecimiento poblacional, varias estimaciones apuntan que en 2025 dos tercios de la población mundial estarán viviendo en países con estrés hídrico (menos de 1.700 m3 / hab).
En cuanto a América Latina, y Brasil en particular, la situación es paradójica. Se trata de una región marcada por la riqueza hídrica (un tercio del agua dulce del planeta se encuentra en esa parte del mundo), pero toda esa riqueza se concentra en las cuencas de algunos de los ríos más caudalosos del mundo, como el Amazonas, Orinoco, Paraná y Negro, y sus afluentes.
Además, en la región pesan los efectos climáticos, con retroceso de los glaciares de los Andes, sequías cada vez más prolongadas e inundaciones de grandes proporciones por lluvias cada vez más torrenciales, como consecuencia del cambio climático. Según la ONU, 242.000 personas murieron a causa de inundaciones en América Latina entre 2006 y 2015, mientras que 98 millones se vieron afectadas por eventos naturales extremos.
La situación en Brasil también presenta muchos desafíos. La población urbana tiene un nivel de abastecimiento de agua del 93%, pero solo el 46% tiene buenos servicios de alcantarillado y el 12% utiliza una solución individual de fosa séptica. Los impactos generados por los cambios climáticos sobre la población impresionan. Fenómenos como sequías e inundaciones representan el 84% de los desastres naturales ocurridos en el país entre 1991 y 2012.
Cerca de 39.000 eventos afectaron a 127 millones de habitantes. El 47,5% (2.641 municipios) de los municipios brasileños decretaron Situación de Emergencia o Estado de Calamidad debido a inundaciones entre 2003 y 2016. Ese número asciende al 50% (2.783) en los casos de fenómenos de sequía y sequía.
Si no abordamos el tema de la seguridad hídrica, no habrá creación ni conservación de empleos. En informe de la ONU sobre el agua y el empleo señala que 4 de cada 5 empleos dependen directamente de los recursos hídricos para existir. Aquí estamos hablando de puestos de trabajo en los sectores primarios (agricultura, pesca, minería, por ejemplo), secundario (industrias, generación de electricidad, por ejemplo) y servicios (turismo, por ejemplo).
Ante este escenario, tenemos una certeza: las inversiones en gestión de recursos hídricos crean condiciones impredecibles para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza y la desigualdad. La mejor solución es planear políticas públicas sólidas, articuladas y coherentes, llevadas a cabo por instituciones estables, transparentes y eficientes para la gestión adecuada del agua, con la protección de los intereses públicos.
Implementar un enfoque de este tipo requiere inversiones masivas. En este sentido, entidades financieras como CAF -banco de desarrollo de América Latina-, tienen un papel importantísimo que cumplir. En los últimos 10 años, aprobamos más de USD 6.000 millones en operaciones dirigidas a la gestión de cuencas, servicios básicos de agua y saneamiento, gestión y control de inundaciones e irrigación y desarrollo agrícola. Son operaciones hechas con gobiernos y expertos locales, ya que cada país presenta realidades distintas y desafíos comunes. Pero las inversiones necesarias en la región para este fin son mucho mayores que las capacidades de financiación de los multilaterales.
No será sólo con ese tipo de financiación que solventaremos la ecuación "agua para todos". Es necesario catalizar inversiones privadas y públicas, potenciar la eficiencia de los proyectos, buscar soluciones más creativas e innovadoras y, por qué no, con menores costos. La voluntad política y la planificación a largo plazo serán tan importante como invertir los recursos financieros necesarios.
